Salario mínimo 2026: ¿qué pasará con las pensiones?
El gobierno expidió el decreto que hace un par de semanas desató una discusión sobre el futuro pensional de millones de trabajadores.
Mientras Colombia despedía al año 2025, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo expidieron el decreto que cambia la forma en la que el Gobierno Nacional cubre uno de los riesgos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS): la diferencia entre el aumento de la inflación y el del salario mínimo.
Este cambio, que opera desde el primero de enero, es el desarrollo de un decreto emitido en 2012 por el gobierno del momento, para responder a una contingencia que encontraron y es que no se puede asegurar el riesgo de un incremento del salario mínimo superior a la inflación ya que, por lo general, esa es una decisión arbitraria del gobierno pues pocas veces hay acuerdo en la mesa tripartita de negociación.
¿Qué está pasando?
El sistema del RAIS, bajo la tutela de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) tiene dos garantías para los trabajadores: el seguro de invalidez y el de sobrevivencia. Para financiarlos, parte del 3 % de la cotización de cada trabajador se destina a pagar la comisión de las AFP y a cubrir con una aseguradora dichos seguros.
Sin embargo, ya que la ley obliga a que ese cobro para los trabajadores sea de máximo el 3 %, desde 2012 se creó un mecanismo en el que el Gobierno Nacional empezó a pagar a las aseguradoras que tengan jubilados por invalidez o por sobrevivencia con un salario mínimo el dinero faltante al aplicar cada año los ajustes salariales y de la inflación.
Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, para este año esa diferencia está calculada en $ 1,8 billones que el gobierno debe girar a las aseguradoras por aquellos jubilados de un salario mínimo que cumplen los requisitos de uno de esos dos seguros.
A partir de este año, ese mecanismo cambia para que el dinero que debe pagar el Gobierno Nacional sea menor y que las aseguradoras deban pasar del 20 % al 35 % el monto del dinero reservado para cubrir esos casos.
En un comunicado de diciembre, el Ministerio de Hacienda explica que “dadas las condiciones fiscales actuales y como una medida responsable, el gobierno considera necesario revisar la forma en que opera este mecanismo, garantizando su sostenibilidad y la existencia de las reservas que respalden el pago futuro de las rentas vitalicias”.
¿Cuál es la discusión?
Kevin Hartmann, socio de la firma Hartmann Asociados, explica que este decreto “también está relacionado con la maduración del RAIS y el envejecimiento de la población”. Es decir, cada año más personas se pensionan con el régimen privado pensional y lo hacen con un ingreso de un salario mínimo, lo que significa que se requieren más recursos para pagarles.
“El gobierno lo que dice es que las aseguradoras deberían tener suficientes reservas técnicas para cubrir esa diferencia de aumento. El cambio a 35 % de la productividad de los últimos 10 años hace que las aseguradoras deban tener más dinero reservado para cubrir eso”, agrega el abogado.
Sin embargo, el cambio no es tan simple. El experto explica que esto es especialmente difícil para las pensiones de invalidez y sobrevivencia porque según los cálculos Fasecolda, el gremio de las aseguradoras en Colombia, esta nueva fórmula “hace que la prima de riesgo supere el 3 %, incluso sin comisión para las AFP desde 2026 no alcanzaría para cubrir ese riesgo”.
Y si el mercado de seguros para este tipo de pensiones deja de existir, finalmente el afectado será el mismo Estado, que “tendrá que responder como garante de última instancia, de modo que igual es un problema público”.
Uno de los puntos cruciales del debate es la fuente de los recursos para cubrir esa diferencia, un punto que cobra aún más relevancia con un incremento superior al 23 % en el salario mínimo, mientras que la inflación de 2025 habría sido de 5,1 %.
Por ejemplo, una de las salidas es aumentar el porcentaje permitido de prima de riesgo para financiar esa diferencia entre salario mínimo e inflación, “pero cada punto menos de ahorro pensional para subir la comisión, en 20 años es una pensión entre 20 % y 30 % menor a lo que podría haber tenido”, advierte Hartmann.
¿A quiénes afecta?
A los afiliados de las AFP, especialmente a quienes planean pensionarse con entre uno y dos salarios mínimos, así como a quienes por diferentes razones deban acudir a la pensión de invalidez o heredar una mesada por sobrevivencia.
En el caso de los futuros pensionados, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) advierte que “decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y/o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual”.
Para quienes están afiliados o pensionados con Colpensiones, el decreto no tiene efecto ya que no existe el modelo de las aseguradoras y es el gobierno el que cada año, con los recursos del presupuesto nacional, responde por esos cambios en los pagos a los jubilados.
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