¿Qué sube y qué baja con los decretos de la emergencia económica?
El gobierno asegura que el impacto lo sentirán pocos colombianos, ¿qué tan cierto es?
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, Colombia tiene “una circunstancia acumulada que ha creado un desequilibrio fiscal recurrente e incremental y a eso se suman desastres naturales y de ola invernal, con elementos complementarios que justifican el decreto de emergencia” para “recuperar los ingresos que fueron negados con la ley de financiamiento”.
El funcionario explicó que el decreto que reglamente al que declaró la emergencia económica estará dividido en cuatro partes: impuestos, medidas especiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), recorte de gastos y otras medidas.
El eje principal será el de los impuestos, con el que el gobierno espera alcanzar $ 11,1 billones en recaudo adicional para cubrir los $ 16 billones que debía cubrir la reforma tributaria que no aprobó el Congreso en el segundo semestre de este año. Por eso, empezarán a aplicar desde el primero de enero de 2026 y estarán vigentes durante todo el año.
Pocos bolsillos
En el campo del impuesto sobre la renta, las medidas están concentradas en el mundo empresarial. Según el ministro Ávila, las medidas de la emergencia económica están enfocadas en que los sectores productivos que han obtenido mayores ingresos sean los que más aporten.
Por eso, el gobierno insistirá en la sobretasa de 15 puntos en el impuesto sobre la renta para el sector bancario, con lo que la tarifa nominal quedaría en 50 % de impuesto sobre la renta. Sin embargo, según el ministro Ávila, la tasa efectiva de tributación de este sector es en realidad de 19 % y con la sobretasa quedaría en 24 % ya que las entidades financieras acceden a varios beneficios tributarios.
En una línea similar, el ministro de Hacienda anunció que el gobierno insistirá en la prohibición a las empresas que explotan carbón y petróleo de deducir las regalías en el impuesto sobre la renta. Esta medida estuvo incluida en la primera reforma tributaria del gobierno Petro en 2022 y luego la Corte Constitucional la tumbó. Solo ese punto, calcula el gobierno, dejaría $ 3,2 billones en recaudo tributario adicional.
Por otro lado, el impuesto al patrimonio sufrirá cambios para recaudar más e incluir a 102.000 nuevos contribuyentes. El nuevo decreto reduce a $ 2.000 millones en patrimonio anual el umbral desde el que los colombianos deben pagar el impuesto y sube la tarifa a un máximo de 5 % para quienes superan los $ 100.000 millones en patrimonio. Esto haría más progresivo el sistema, según Ávila.
Para todos los consumidores, el funcionario anunció un incremento de la tarifa del IVA que tienen los licores y bebidas alcohólicas, así como los cigarrillos y sus similares. Actualmente, estos productos gozan de la tarifa de 5 %, por lo que a partir del primero de enero pagarán el 19%. La única exclusión es la cerveza, según el ministro, por su “alta carga social”.
Y para quienes prefieren comprar todo tipo de artículos mediante aplicaciones que permiten comprar e importar bienes, la exclusión del arancel por entrada al país de esas compras bajará de los actuales USD$ 200 a una cuarta parte: USD$ 50.
La última etapa en este capítulo es el de las apuestas en línea, que tendrán que acogerse a la tarifa plena de IVA de 19 %. En este punto, el ministro Ávila advirtió que el borrador de decreto que espera publicar este mismo martes incluye unos descuentos para evitar que se afecten los premios que entregan.
Sobre las medidas especiales de la DIAN, el gobierno espera que aumenten el recaudo tributario en $ 2,5 billones “para mejorar la situación financiera del gobierno y están sustentadas en la progresividad. No se tocan ni la canasta familiar ni los hogares de ingresos medios y bajos”, dijo el ministro Ávila.
En una mano el machete y en la otra el costal
La otra mitad del plan está del lado del gasto y los recursos extra que el gobierno espera recibir por un camino diferente al tributario.
Tenemos en estudio decretos de reducción del gasto, el Congreso debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en suprimir una de las primas especiales que se aprobó desde 2013.
Al proyecto de decreto para eliminar una de las primas que reciben los congresistas se suma una amenaza del gobierno a los concesionarios de infraestructura en vías nacionales. “Nos inquieta que de todos modos hay una necesidad potencial de recorte del presupuesto pues no se están cubriendo por completo los recursos necesarios y por eso estamos pensando en plantear un aplazamiento de proyectos viales, por ejemplo la Mulaló-Loboguerrero que tiene recursos paralizados en una fiduciaria y no avanza la obra”, dijo el ministro.
En ese sentido, Ávila advirtió: “le estamos mandando un mensaje al Grupo Aval y sus negociadores: es injusto que el Estado esté negociando unas condiciones leoninas en un contrato con un grupo que ya tiene altos beneficios económicos, pero si lo resolvemos de una manera razonable y adecuada, garantizaremos la financiación del proyecto”.
Por último, reveló que el gobierno está insistiendo en el estudio del proyecto de decreto para que “los fondos de pensiones reviertan las inversiones en el exterior”, que dejaría $ 250 billones para invertir en el país e impulsar el dinamismo de la economía.
