Emergencia económica: estos son los puntos clave del decreto firmado por el Gobierno
Entre los factores que precipitaron la medida se destacan ocho que han agudizado la crisis
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días, con el objetivo de obtener recursos urgentes para atender necesidades en salud, seguridad, atención de desastres naturales, cubrir el millonario déficit fiscal y avanzar en las inversiones sociales del Estado.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el mandatario junto con todo su gabinete, y está amparada en el artículo 215 de la Constitución Política. Según la norma, la emergencia tendrá una duración inicial de 30 días, aunque podría prorrogarse hasta completar 90 días en el año calendario.
Emergencia Económica, decreto 1390 de 22 diciembre 2025. pic.twitter.com/rAEKqa5CMK
— MinHacienda (@MinHacienda) December 23, 2025
Con esta declaratoria, el Gobierno nacional queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley, mediante los cuales podrá crear nuevos tributos o modificar temporalmente los existentes, así como realizar ajustes presupuestales orientados a evitar una parálisis económica y social o una crisis de mayor magnitud.
De acuerdo con el documento oficial, la emergencia se decreta ante una situación calificada como “grave e inminente”, que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos.
Uno de los factores que más ha impactado las finanzas públicas es la crítica situación de seguridad en varias regiones del país. Ataques de grupos armados ilegales en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, incluso mediante el uso de drones, han dejado víctimas mortales y heridos, afectando gravemente el orden público y la economía regional. Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa estima que se requieren $2,7 billones para modernizar la infraestructura y dotar a la Fuerza Pública con tecnología de última generación, acorde con las exigencias del siglo XXI.
El Gobierno también argumenta que el Congreso de la República no aprobó dos proyectos de ley de financiamiento, uno por $12 billones para 2025 y otro por $16,3 billones para 2026, lo que ha generado un desbalance significativo entre los gastos del Estado y los ingresos disponibles.
Por ahora, el decreto no establece impuestos específicos. Primero debe surtirse formalmente la declaratoria del Estado de Emergencia y, posteriormente, expedirse los decretos de desarrollo, que serán los que definan las medidas concretas y tendrán fuerza legislativa.
