Emergencia económica de Petro desata pulso institucional: Corte, Congreso y gremios entran en escena
El decreto traería nuevos impuestos, mientras el Ejecutivo acusa al Congreso de dejar desfinanciado el presupuesto de 2026.
La inminente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió uno de los choques institucionales más sensibles de los últimos años en Colombia. Lo que comenzó como una respuesta fiscal al hueco de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026, terminó por convertirse en un debate de fondo sobre los límites del poder Ejecutivo, el rol del Congreso y el control constitucional de los estados de excepción.
Congresistas de oposición, sectores independientes y los principales gremios económicos del país han elevado una petición directa a la Corte Constitucional: que “frene” o suspenda el decreto de emergencia económica que el Gobierno alista y cuyo borrador ya circula. El Ejecutivo, por su parte, responsabiliza de la crisis fiscal al Congreso por archivar la reforma tributaria que buscaba financiar el presupuesto aprobado.
¿De qué se trata la emergencia económica?
La emergencia económica es una figura contemplada en la Constitución que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley, de manera transitoria, cuando se presentan hechos sobrevinientes que alteran gravemente el orden económico o social.
En este caso, el Gobierno argumenta que el Presupuesto de 2026, estimado en $546,9 billones, quedó desfinanciado en $16,3 billones luego de que las comisiones económicas del Congreso archivaran el 9 de diciembre la ley de financiamiento. Para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la emergencia busca “recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado” y evitar una parálisis en sectores esenciales como salud, educación, seguridad y subsidios sociales.
Según el borrador de decreto, la emergencia permitiría imponer medidas tributarias que regirían en el calendario de 2026, con una meta de recaudo equivalente al monto faltante.
Las medidas que están sobre la mesa
Entre las disposiciones que analiza el Gobierno se encuentran:
Aumento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4x1.000 al 5x1.000.
Impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT al 1 de enero de 2026, con tarifas entre 0,5% y 5%.
IVA a los juegos de azar por internet.
Impuesto al consumo de licores.
Impuesto a los cigarrillos, fijado en $11.200 por cajetilla de 20 unidades.
Gravamen a vapeadores.
Nuevos impuestos a sectores rentables como el financiero, minero-energético y plataformas digitales, con tasas estimadas entre 2% y 5% sobre utilidades.
Cambios en renta de personas naturales, ampliando la base gravable para ingresos superiores a $10 millones mensuales.
Ajustes en ganancia ocasional y reducción de exenciones tributarias.
Incentivos verdes para movilidad sostenible.
Emergencia económica de Petro desata choque institucional. Foto: Redes sociales
Reacciones políticas: oposición habla de “atajo inconstitucional”
El anuncio del ministro Ávila se dio en plena ‘vacancia judicial’, un detalle que desató fuertes críticas. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) fue enfática al afirmar que la emergencia no puede usarse para corregir errores de gestión:
“La emergencia económica no puede ser un atajo para corregir los errores de la gestión. Solamente si hay una catástrofe podría decretarse”.
La emergencia económica no puede ser el atajo de este gobierno para corregir su pésima gestión. pic.twitter.com/D7NybANwFA
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) December 19, 2025
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó el gasto del Gobierno en embajadas y viajes diplomáticos, y pidió respaldo al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en defensa del orden constitucional.
El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), defendió la autonomía del Congreso y rechazó que se responsabilice al Legislativo por la crisis fiscal, insistiendo en que la salida debe ser la austeridad y la disciplina fiscal, no más impuestos.
Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales.
— Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) December 20, 2025
El art. 215 de la Constitución es claro: solo procede ante…
Precandidatos y campañas entran al debate
La emergencia económica también se coló en la agenda electoral. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, calificó la medida como “más impuestos por la puerta de atrás” y pidió recortes al gasto, empezando por las órdenes de prestación de servicios, que denominó “empleo militante”.
Desde la Cámara, Andrés Forero señaló que el Gobierno estaría aprovechando la vacancia judicial para expedir un decreto “abiertamente inconstitucional”, mientras que el senador Ciro Ramírez aseguró que Petro “le pondrá más impuestos a los colombianos mientras todos están de vacaciones”. El propio presidente respondió afirmando que los nuevos cobros serían para los “megarricos” y que la emergencia implicaría incluso bajar los salarios de los congresistas.
Pero a usted Ciro y a sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas. https://t.co/spRO0wE15n
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025
Gremios económicos piden suspensión inmediata
Los gremios también elevaron su voz. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que, una vez expedido, el decreto estaría vigente hasta que la Corte decida, lo que podría tomar semanas o meses. Desde Fenalco, Jaime Alberto Cabal fue aún más directo:
“El rechazo del Congreso a una reforma tributaria no es un hecho sobreviniente. Perder una votación no habilita poderes excepcionales”.
Los gremios alertan sobre el impacto en la confianza inversionista, la credibilidad fiscal y el riesgo de un mayor endeudamiento.
Una eventual declaratoria de una emergencia económica por la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento no supera el estándar constitucional del artículo 215.
— Jaime Alberto Cabal (@JaimeA_Cabal) December 20, 2025
La Constitución exige hechos sobrevinientes, extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen de… https://t.co/2cN5g6GYVP
El rol clave de la Corte Constitucional
Por mandato constitucional, la Corte Constitucional revisa de oficio todos los estados de excepción. El presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, estaría considerando levantar la vacancia judicial, que se extiende hasta el 10 de enero, para convocar a una Sala Plena extraordinaria si el Gobierno convierte el borrador en decreto.
El antecedente no es menor: en octubre de 2023, la Corte tumbó la emergencia económica decretada para La Guajira, y en abril de 2025 declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior en Norte de Santander y Cesar.
Un pulso que definirá los límites del poder
Más allá del debate tributario, la emergencia económica de Petro abre una discusión de fondo: ¿puede un gobierno suplir la falta de respaldo legislativo con poderes excepcionales? La respuesta quedará en manos de la Corte Constitucional, mientras el país observa un pulso que mezcla urgencias fiscales, tensiones políticas y el equilibrio de poderes.
