Las razones de la ONU para pedirle a Abelardo De la Espriella que no suelte el Acuerdo de Paz
El informe del Secretario General llega en pleno relevo presidencial, con avances en tierras y reincorporación, pero con violencia que no da tregua.
A menos de un mes de la posesión de Abelardo De La Espriella, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso los ojos sobre la implementación del Acuerdo de Paz. En su más reciente informe sobre Colombia, el Secretario General, António Guterres, advirtió que la transición presidencial ocurre en un "momento crítico para el proceso de paz".
El documento contiene lo ocurrido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026, fechas en las que ocurrieron las elecciones presidenciales que llevaron a De La Espriella a la Presidencia. El informe fue presentado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.
Antes de entrar en los desafíos pendientes, Guterres resaltó "el compromiso democrático del pueblo colombiano, la resiliencia de sus instituciones y los niveles históricos de participación" durante la jornada electoral que terminó con la victoria del candidato de Defensores de la Patria, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.
António Guterres durante una intervención sobre el proceso de paz colombiano. Foto: Redes sociales de António Guterres.
¿Qué le pidió la ONU al gobierno entrante de De la Espriella?
La palabra que más se repite en boca de Guterres es "transición". El Secretario General fue explícito en que quiere un relevo ordenado entre el gobierno de Gustavo Petro y el que entra: "Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales".
Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Foto: Colprensa.
Guterres indicó que Jenča "trabajará con las nuevas autoridades para conocer sus puntos de vista y prioridades" y para ofrecerles la experiencia de la Misión, que según recordó se basa "en casi 10 años de asistencia prestada durante distintos Gobiernos".
Según la lectura del Secretario General, durante la campaña "los asuntos relacionados con la paz y la seguridad volvieron a situarse entre las principales preocupaciones de la población colombiana".
"Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa", escribió Guterres. En otras palabras, según su diagnóstico, seguridad y Acuerdo de Paz no son caminos opuestos, sino que se necesitan.
¿Por qué preocupa el empalme suspendido entre Petro y De la Espriella?
Jenča vinculó ese llamado a la situación política que vivió Colombia después de las elecciones. Ante el Consejo de Seguridad, señaló que los días siguientes a los comicios "se han caracterizado por una retórica acalorada y una confrontación política continuadas".
El presidente saliente, Gustavo Petro, abandona la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto. Foto: Colprensa.
Según el jefe de la Misión, esa tensión "incluso provocó la suspensión la semana pasada del proceso habitual de empalme para el intercambio de información entre los equipos saliente y entrante".
Frente a eso, Jenča repitió el llamado de Guterres a bajarle el tono a la pelea política. Pidió a los colombianos, "y en particular a sus líderes políticos, para que actúen con responsabilidad en este período con el fin de reducir las tensiones tras unas elecciones tan polarizantes", y subrayó que "es esencial mantener canales de comunicación respetuosos".
Abelardo de la Espriella ganó las elecciones del pasado 21 de junio. Foto: Colprensa.
El diplomático también dijo que el Legislativo puede convertirse en un espacio para el diálogo político y la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas del país. Además, recordó que el gobierno de Abelardo De La Espriella será el tercero que llega al poder desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
¿Cuánta violencia sigue golpeando a las zonas del conflicto?
El informe de la ONU describe un país que en buena parte de su territorio sigue en guerra. La Misión lo resume así: la seguridad "siguió reflejando la dinámica cada vez más fragmentada del conflicto", con disputas entre grupos armados por el territorio y por las economías ilícitas en regiones donde el Estado casi no aparece.
Los números que trae la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) explican que entre el 27 de marzo y el 1 de junio, 5.272 personas fueron desplazadas forzadamente y 9.553 quedaron confinadas en emergencias humanitarias repartidas en 7 departamentos. Cerca del 58 % de los afectados pertenecían a comunidades étnicas.
Según la Contraloría, la pobreza rural ha disminuido 0,3 %. Foto: Colprensa.
Según el informe, al menos 316.000 personas sufrieron restricciones de circulación y acceso en el departamento del Cauca y en la Amazonía, atrapadas por el control que ejercen esos grupos sobre las comunidades rurales.
El reporte también menciona que el 25 de abril, en el Cauca, el grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) activó un artefacto explosivo improvisado en una carretera principal que alcanzó a un bus de pasajeros: 21 civiles murieron y otros 35 resultaron heridos. Y describió cómo a finales de mayo, en Guaviare, se recuperaron los restos de cerca de 50 personas, presuntamente combatientes, entre ellas tres niñas y ocho niños.
En medio de esas crudas cifras, la ONU también destacó gestos de desescalada como que el 18 de junio, 99 miembros del grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) entregaron las armas en Putumayo, y que 26 personas retenidas por grupos armados (6 de ellas mujeres, incluidos dos miembros de la Fuerza Pública) fueron liberadas en tres departamentos.
¿Cuántos excombatientes y líderes sociales han sido asesinados?
Según la Misión, desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos. Es una cuenta que sigue creciendo casi 10 años después de la dejación de armas.
Velatón por asesinatos de líderes sociales. Foto: Colprensa.
Hay, eso sí, un matiz que la propia ONU resaltó. El número de ataques mortales viene bajando: en lo que va de 2026 se han registrado cinco asesinatos, uno de ellos durante el trimestre del informe. Pero la Misión advierte que la violencia contra los firmantes tomó otras formas, como "las amenazas, la presión ejercida por grupos armados para que se unieran a sus filas, la extorsión dirigida contra sus proyectos productivos y los desplazamientos forzados".
La otra población golpeada es la de los líderes sociales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) recibió, en el mismo período, denuncias de 33 asesinatos de líderes sociales, entre ellos 7 mujeres, 3 indígenas, 4 afrodescendientes y 4 campesinos, con especial afectación a autoridades étnicas y a personas que trabajan temas de tierra.
Ahí el informe señala que, pese a la gravedad, "los marcos normativos de prevención y protección derivados del Acuerdo de Paz, como la política pública de garantías para líderes y defensores de derechos humanos, aún no han sido aprobados ni implementados".
Del lado de la justicia, el reporte muestra algo de movimiento. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha dictado, desde la firma del Acuerdo, 1.552 órdenes de captura, ha realizado 627 detenciones y ha obtenido 109 condenas relacionadas con ataques contra excombatientes, incluidas cinco contra autores intelectuales.
¿En qué va la entrega de tierras y la reforma rural?
En el capítulo de la Reforma Rural Integral, Guterres reparte elogios y reproches en la misma frase. Por el lado bueno, el informe celebra una cifra que le gusta mostrar al gobierno saliente: la pobreza multidimensional rural bajó del 38,66 % en 2018 al 22,4 % en 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
En materia de tierras, la cuenta también avanza, aunque lento. Según el Ministerio de Agricultura, hasta mediados de junio se habían entregado casi 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas, de los 3 millones fijados como meta en el Acuerdo. El problema es que solo 114.000 de esas hectáreas tienen ya título de propiedad definitivo.
Se han entregado casi 370.000 hectáreas a campesinos. Foto: Colprensa.
"Si bien los avances logrados hasta la fecha demuestran su potencial transformador, su aplicación ha sido desigual. Impulsar la reforma será esencial para estabilizar las regiones afectadas por el conflicto, combatir las actividades ilícitas y mejorar las condiciones de vida", escribió Guterres.
Como ejemplo de lo que hay que reforzar, Jenča citó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), presentes según él en 170 municipios donde viven cerca de 6 millones de personas. Destacó que las fuerzas políticas del Congreso, "que en muchos otros temas mantienen posiciones opuestas", se pusieron de acuerdo hace poco para ampliar el plazo de implementación de esos programas hasta 2037.
¿Qué pasa con los más de 11.000 excombatientes en reincorporación?
Jenča recordó que más de 11.000 excombatientes de las antiguas FARC siguen activos en la reincorporación, y que se trata de "uno de los ejemplos a nivel mundial en los que la reincidencia ha sido más baja".
El jefe de la Misión enumeró para qué sirve, según su lectura, sostener ese proceso. Ofrecer garantías de seguridad y oportunidades económicas, dijo, apunta a tres objetivos: "mitigar los intentos de reclutamiento por parte de los grupos armados", permitir que los excombatientes "consoliden su lugar como ciudadanos" y "prevenir el resurgimiento de la violencia".
Homenaje a excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Foto: Colprensa.
En el trimestre se entregaron cerca de 1.700 hectáreas a excombatientes, para un total de 20.628 hectáreas desde la firma del Acuerdo, y se entregaron 145 viviendas en un espacio territorial del Meta, con lo que ya suman 556 casas entregadas. Aun así, la ONU aclara que casi el 85 % de los excombatientes vive por fuera de esos espacios y no accede a esos beneficios.
El reporte recuerda que en febrero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) suspendió la asignación mensual a unos 2.600 excombatientes con contratos formales por restricciones fiscales, una decisión frente a la cual los firmantes pidieron "una transición gradual y debidamente respaldada hacia la autosuficiencia económica". Hoy, unos 2.400 tienen empleo formal, mientras 6.634 dijeron querer desarrollar competencias profesionales.
Del lado político, la señal fue positiva. Los excombatientes votaron sin obstáculos en las presidenciales, y en las elecciones a juntas de acción comunal del 26 de abril resultaron elegidos 22 hombres y 5 mujeres firmantes de paz, según pudo identificar la Misión.
¿Qué viene ahora para el proceso de paz?
"No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo", afirmó el Secretario General.
Guterres también le pidió respaldo al Consejo de Seguridad y confirmó que la Misión "sigue plenamente comprometida con el avance de la paz y se encuentra en una posición idónea para seguir contribuyendo a estos esfuerzos", junto con el equipo de la ONU en el país.
Según recordó Jenča, a finales de este año el Acuerdo de Paz cumplirá 10 años, lo que significa "haber recorrido dos tercios del plazo oficial de 15 años" que el propio Acuerdo se fijó para cumplir sus metas.
El nuevo Congreso arranca el próximo 20 de julio. Foto: Colprensa.
El nuevo Congreso se instala el 20 de julio, De La Espriella toma posesión el 7 de agosto, y sobre esas dos fechas se define el empalme que la ONU pidió destrabar. La próxima cita del Consejo de Seguridad sobre Colombia será el punto en el que la Misión reporte cómo arrancó el gobierno entrante con el proceso de paz.
