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Diez años después, los billonarios recursos de la paz no tienen resultados: dice la Contraloría

La Contraloría entregó el balance financiero de la implementación tras 10 años y prendió una alerta sobre lo que viene para el campo.

La billonaria plata de la paz que no movió el campo, según la Contraloría. - Crédito: Fotomontaje Minuto60.
Dido Polo Monterrosa
Dido Polo MonterrosaPeriodista
15 JUL 2026 - 00:02Actualizado: 15 JUL 2026 - 00:08

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Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República dice que el Estado invirtió $138 billones en su implementación. Sin embargo, sostiene que esa plata no ha sido suficiente para cumplir varios de los cambios que se prometieron en las regiones más golpeadas por el conflicto.

El organismo de control asegura que el problema viene desde que se hicieron las cuentas en 2017, el costo de implementar el acuerdo se calculó por debajo de lo que realmente se necesitaba. Desde entonces, según la entidad, el país ha seguido financiando la paz con una estimación que ya no refleja la realidad.

¿Dónde está el problema?

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Sede de la Contraloría General de la República en Bogotá. Foto: Colprensa.

La Contraloría dice que durante años el Estado trabajó con una cuenta que se quedó corta. Cuando se firmó el Acuerdo de Paz, el Gobierno estimó que su implementación costaría alrededor de $211 billones. Sin embargo, estudios posteriores concluyeron que solo la Reforma Rural Integral (el punto que busca llevar vías, tierras, servicios, proyectos productivos e inversión al campo) necesitaría cerca de $331 billones.

En otras palabras, según la Contraloría, el costo real terminó siendo mucho mayor que el que se calculó originalmente.

Por eso, aunque entre 2017 y 2026 se han destinado $138 billones para la implementación, la entidad advierte que esos recursos todavía están lejos de cubrir todas las necesidades previstas para transformar las zonas rurales más afectadas por la guerra.

¿Y eso en qué se traduce para las regiones?

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Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, trabajando en proyectos productivos creados por los PDET. Foto: Colprensa.

La Contraloría sostiene que el principal rezago sigue estando en el campo. Según el informe, después de 10 años de implementación no se han producido los cambios estructurales que se esperaban en muchos municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados precisamente para atender las zonas más golpeadas por el conflicto armado.

El organismo también señala que buena parte de los recursos se ejecutan sin que sea fácil rastrear exactamente cuánto dinero llega a cada territorio. De hecho, afirma que solo el 34,4 % de los proyectos permite identificar claramente los recursos destinados a cada municipio PDET.

La cifra que más preocupa a la Contraloría

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Según la Contraloría, la pobreza rural ha disminuido 0,3 %. Foto: Colprensa.

Uno de los datos que más destacó la entidad tiene que ver con la pobreza extrema rural. La meta del Acuerdo de Paz era reducirla drásticamente hacia 2031. Sin embargo, la Contraloría asegura que en 10 años esa pobreza apenas ha disminuido 0,3 %.

Con el ritmo actual, calcula que Colombia tardaría hasta 2053 en acercarse a niveles cercanos a cero de pobreza extrema en el campo, es decir, más de dos décadas después de la fecha que se planteó inicialmente.

¿Qué pasó con la plata de las regalías?

El informe también revisó los recursos financiados con regalías. La Contraloría recordó que en 2021 se autorizó un adelanto de regalías futuras por $6,73 billones para acelerar proyectos relacionados con la implementación del acuerdo. Sin embargo, encontró que todavía existe cerca de $1 billón en proyectos aprobados que no han sido contratados.

Es decir, son obras que ya tienen recursos asignados y autorización para ejecutarse, pero que aún no han comenzado.

Otro de los puntos revisados fue el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el informe, se han ejecutado $8,44 billones para este componente, pero la entidad considera que los resultados no han avanzado al mismo ritmo de la inversión. También advierte que muchas comunidades siguen enfrentando problemas de infraestructura, vías y acceso a mercados para consolidar actividades económicas legales.

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