El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez reconoció ante la JEP 38 falsos positivos en La Popa
Dos días de audiencia en Valledupar, con retratos y ofrendas de familias Wiwa y Kankuamo que reclamaron el buen nombre de sus muertos ante la JEP.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa', reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, los casos que en Colombia se conocen como falsos positivos. Los crímenes ocurrieron en la Costa Caribe entre 2004 y 2005.
El reconocimiento se dio en una audiencia pública de carácter restaurativo que se realizó este jueves y viernes en Valledupar (Cesar), frente a los familiares de las víctimas. Al terminar su intervención, Figueroa Suárez pidió un minuto de silencio y leyó en voz alta los nombres de los muertos.
"Queremos pronunciar el nombre de estas personas inocentes y decir que ellas no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinadas por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales", dijo.
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El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez pide perdón a las víctimas en Valledupar. Foto: JEP.
¿Qué reconoció el coronel Figueroa Suárez por los falsos positivos de La Popa?
Aceptó también los patrones criminales y la responsabilidad de mando, que es la que recae sobre un superior por lo que hicieron o dejaron de hacer sus tropas. Lo hizo en los términos del escrito de acusación que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentó el 23 de noviembre de 2023. "Acepto la gravedad de esas conductas", manifestó.
De las 38 víctimas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura, según el recuento que hizo la Jurisdicción durante las dos jornadas. Varias pertenecían a los Pueblos Wiwa y Kankuamo, dos pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Figueroa Suárez no había aceptado los cargos que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad. Cambió de posición el 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial, el juicio con debate de pruebas al que van los comparecientes que niegan los hechos. "Sí, acepto responsabilidad", declaró ese día. Ese reconocimiento tardío cambió el rumbo del proceso y activó la ruta restaurativa.
Retratos y ofrendas florales de las 38 víctimas de La Popa en la audiencia de Valledupar. Foto: JEP.
Durante buena parte del proceso, el compareciente, como llama la JEP a quien está sometido a la Jurisdicción, sostuvo que no había impartido una orden criminal ni ejecutado materialmente los homicidios. Ante las víctimas afirmó que hoy entiende que esa mirada era incompleta frente a las responsabilidades de su cargo. "La pregunta que debo responder no es solamente 'qué ordené', también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer", expresó en Valledupar.
Sobre la estructura militar a la que reportaba los resultados operacionales, Figueroa Suárez describió una extensa cadena de mando que iba desde la comandancia de la Brigada Segunda hasta el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Explicó el papel de cada eslabón. Aclaró que esas menciones no son una acusación contra los mencionados.
¿Qué dijeron las víctimas en la audiencia de la JEP en Valledupar?
Los familiares de las víctimas reclamaron verdad y le exigieron a Figueroa Suárez que revelara los nombres de quienes estuvieron detrás de los crímenes, durante las dos jornadas de audiencia. El recinto estuvo decorado con retratos y ofrendas florales. Entre las víctimas está Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.
"No fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación. Fueron hijos, hermanos, seres humanos. Fueron vidas", afirmó Rocío Escorcia Bonet, hermana de Jon Jader Escorcia Bonet, una de las familiares que tomaron la palabra frente al compareciente.
Otra de las intervenciones fue la de Elizabeth Coronado Montaño, hermana de Carlos Mario Navarro Montaño, quien le pidió a Figueroa que dijera la verdad y revelara los nombres de quienes estuvieron detrás de los hechos. Jesús Eduardo Oñate recordó a su hermano Luis Eduardo, integrante del Pueblo Wiwa, y reclamó que se limpiara su buen nombre.
Las víctimas dejaron preguntas abiertas. Entre ellas, la posible relación entre el Batallón 'La Popa' y grupos paramilitares, las investigaciones disciplinarias, los supuestos informantes que señalaban a las víctimas y las responsabilidades de otras personas que pudieron participar en los hechos.
Sobre el daño a los Pueblos Indígenas, Pedro Loperena, representante del Pueblo Wiwa, señaló que los asesinatos de integrantes de su Pueblo golpean también al Territorio, la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural, y no solamente a las personas y a sus familias.
¿Cuántos años de cárcel puede recibir Figueroa Suárez y cuándo se lee la sentencia?
El reconocimiento tardío conduce a una Sanción Alternativa de entre 5 y 8 años, que implica privación efectiva de la libertad e incorpora elementos restaurativos, según recordó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez durante la audiencia. Esa es la ruta que le corresponde al coronel (r) Figueroa Suárez por haber aceptado los cargos apenas en enero de este año.
Las otras dos rutas del modelo funcionan distinto. El reconocimiento pleno y oportuno ante la Sala de Reconocimiento lleva a sanciones propias, que no implican privación de la libertad. La falta de reconocimiento y una derrota en el juicio adversarial pueden terminar en sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
Antes del cierre, el magistrado Sánchez, relator del proceso, fijó el 22 de octubre para la lectura de la sentencia y para la devolución de las medallas. La audiencia fue presidida por él, en compañía de las magistradas María del Pilar Valencia García y Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, quienes integran la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la sala de la JEP que juzga a quienes no reconocen los hechos.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez preside la audiencia de la JEP en Valledupar. Foto: JEP.
Sánchez destacó al final de las dos jornadas que reconocer responsabilidad no borra el daño ni devuelve a las personas asesinadas, y que es un paso para enfrentar una verdad que permaneció oculta, negada o distorsionada. La magistrada Valencia García, presidenta de la Sección, dijo que espera que la audiencia contribuya al esclarecimiento de la verdad y a compromisos concretos de reparación y no repetición. Sobre el valor de estas diligencias, Jaramillo Chaverra afirmó que "nos permiten avanzar cada vez más en el reconocimiento de los comparecientes".
La magistratura recordó que el trabajo de la Jurisdicción no termina con la sentencia y que los compromisos adquiridos en la audiencia deberán traducirse en acciones de restauración y en aportes al esclarecimiento de una verdad que, durante 20 años, ha marcado la vida de las víctimas y sus familias.
