¿Cuánto costaban? La millonaria cifra detrás de los esquemas de seguridad que la UNP canceló
La UNP retiró los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras revisar su nivel de riesgo y vulnerabilidad.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió cancelar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de que los análisis técnicos determinaran que los tres ciudadanos ya no cumplían con las condiciones de riesgo y vulnerabilidad necesarias para mantener las medidas de protección estatal.
La decisión puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los criterios utilizados para asignar escoltas y vehículos a personas vinculadas con el sector político y público, especialmente por el costo que estos dispositivos representaban para el presupuesto nacional.
De acuerdo con la información conocida sobre la revisión, los tres esquemas tenían un costo combinado cercano a los 40 millones de pesos mensuales. La UNP concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de estas medidas bajo los parámetros técnicos establecidos por la entidad.
La UNP canceló el esquema de seguridad de Gabriela Muñoz tras determinar que ya no cumplía con los criterios de riesgo requeridos para mantener la protección estatal. Tomada de redes sociales
¿Cuánto costaban los tres esquemas de seguridad?
La cifra que más llama la atención es el valor mensual que representaban los dispositivos de protección. En conjunto, los esquemas destinados a Muñoz, Guerrero y Coral suponían alrededor de 40 millones de pesos mensuales para el Estado.
La revisión adelantada por los analistas de la UNP buscaba establecer si las condiciones que habían dado origen a las medidas de protección continuaban vigentes. Tras evaluar los diferentes factores, la entidad determinó que los beneficiarios no reunían los criterios técnicos ni las condiciones de vulnerabilidad requeridas.
La decisión se conoció en medio de cuestionamientos sobre la asignación de esquemas durante el Gobierno de Gustavo Petro y sobre la necesidad de revisar de manera periódica quiénes requieren realmente este tipo de protección.
¿Qué ocurrió con el esquema de Gabriela Muñoz?
El caso de Gabriela Muñoz había cobrado relevancia luego de que recibiera protección estatal durante la etapa final de la anterior administración presidencial. En ese momento, Muñoz aseguró haber recibido intimidaciones y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, fuentes del organismo investigador señalaron que la Fiscalía no solicitó directamente la asignación de escoltas, sino que pidió realizar un estudio técnico para establecer el nivel de riesgo.
Su nombre también apareció en medio de cuestionamientos relacionados con la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación, la señaló por una supuesta injerencia en decisiones administrativas de la entidad.
A esto se sumaron denuncias del representante Daniel Briceño sobre presuntas irregularidades en la vinculación de funcionarios. Entre los casos mencionados estuvo el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, como auxiliar V de la Aerocivil.
La Procuraduría abrió a finales de julio una indagación previa para establecer si pudieron presentarse irregularidades en procesos de contratación y nombramientos. La actuación se encuentra en etapa preliminar. Muñoz, por su parte, rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que las acusaciones buscaban afectar su nombre.
Juliana Guerrero, exviceministra de Juventudes, quedó sin el esquema de protección asignado por la UNP. Colprensa
¿Por qué Juliana Guerrero estaba bajo investigación?
La situación de Juliana Guerrero también ha estado rodeada de investigaciones. La Fiscalía la citó a una audiencia de imputación por la presunta utilización de documentos académicos falsos para acreditar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.
El ente acusador sostuvo que los documentos presentados tenían apariencia de legalidad y que habrían sido utilizados con el propósito de acreditar los requisitos para obtener su nombramiento.
A este proceso se sumó otra investigación conocida a finales de julio, relacionada con una publicación de Semana sobre una presunta red de gestión de contratos estatales en la que Guerrero habría participado junto con su hermana, Verónica Guerrero.
Las autoridades buscan establecer si ambas habrían solicitado dinero a empresarios a cambio de interceder ante funcionarios públicos. Entre las versiones investigadas aparecen cobros por reuniones, anticipos y una eventual comisión del 10 % sobre contratos adjudicados.
Los proyectos bajo revisión estarían relacionados con entidades como Fiduagraria, la Agencia Nacional de Tierras y varios ministerios. Guerrero ha negado las acusaciones y aseguró que nunca se reunió con supuestos empresarios para gestionar contratos. También afirmó que desde hace más de un año no mantiene relaciones contractuales con la rama ejecutiva.
¿Qué encontró la UNP en el caso de Beto Coral?
En el caso de Beto Coral, la revisión de la UNP encontró una particularidad relacionada con el origen de su esquema de protección. Las medidas le fueron asignadas luego de su deportación desde Estados Unidos.
Según la revisión realizada por la entidad, en ese momento no se habrían cumplido los análisis técnicos y las evaluaciones previas establecidos en los protocolos para determinar el nivel de riesgo real del beneficiario. Por ello, la UNP decidió retirar las medidas después de realizar la evaluación correspondiente.
El caso de Coral se suma así a los de Muñoz y Guerrero en una revisión más amplia de los esquemas de protección. La conclusión de la entidad fue que ninguno de los tres cumplía actualmente con las condiciones necesarias para conservar escoltas y vehículos oficiales, una decisión que además supone un ajuste en el gasto destinado a estos dispositivos de seguridad.
