Gobierno ya respondió al juez que frenó la aspersión con glufosinato en Putumayo: esto contestó
La Dirección de Antinarcóticos alistaba una prueba de siete días con aeronaves tripuladas en un departamento donde la coca cayó 12 % en 2024.
El glufosinato es el herbicida con el que el Gobierno quería volver a fumigar coca desde el aire y, por ahora, no va a caer una sola gota sobre el Putumayo. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó el viernes suspender de manera temporal cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio en ese departamento, mientras estudia una acción de tutela, que es el mecanismo para reclamar un derecho de forma urgente.
Este lunes se supo que el Gobierno ya radicó su contestación ante ese juzgado, según reveló El Tiempo. Con esa respuesta, el despacho tiene las dos versiones y entra a decidir. El plan piloto sigue congelado hasta que salga el fallo.
¿Qué es el glufosinato y por qué el Gobierno lo escogió en vez del glifosato?
El glufosinato de amonio es un herbicida que bloquea la glutamina sintetasa, una enzima de la planta, y hace que el amonio se le acumule adentro hasta destruirle las células. Es decir, la planta se envenena con su propio químico. No es lo mismo que el glifosato, que ataca otra ruta y es el que Colombia tiene suspendido desde 2015.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica el glufosinato de amonio en la Clase II de su escala de peligrosidad, la de los productos “moderadamente peligrosos”. El glifosato aparece en una categoría de menor peligrosidad dentro de esa misma tabla. Así quedó consignado en la resolución que autorizó el piloto.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República, impulsa la aspersión con glufosinato. Fotomontaje Minuto60.
El compuesto que se iba a usar acá tiene nombre y apellido: Glufosinato de Amonio 200 SL. La ejecución quedó en manos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que en un comunicado del 10 de septiembre anunció que el piloto le permitiría “generar información técnica y científica” sobre la pertinencia del producto. La operación iba con aeronaves tripuladas.
¿Qué ordenó el juez de Puerto Asís y qué respondió el Gobierno?
El juzgado decretó una medida provisional que suspende toda actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo hasta que las entidades demandadas entreguen la información que les pidió y el despacho pueda resolver de fondo. La orden cobija todo el departamento, no un municipio.
La tutela la presentó Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, contra la Presidencia de la República y otras 10 entidades del Estado. Alegó riesgo para la salud, el acceso al agua y el ambiente sano. El juez les pidió estudios técnicos, evaluaciones de riesgo, mapas de las zonas de intervención y cronogramas al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a la Diran.
La defensa que radicó el Ejecutivo sostiene que la aspersión aérea no es el peligro sino la herramienta, y que el riesgo real está en los cultivos ilícitos cuando quedan en manos de grupos armados. En materia ambiental, el Gobierno argumenta que son esos cultivos los que deforestan, amplían la frontera agrícola ilegal y contaminan fuentes de agua con los químicos de la cocaína.
Sobre esa respuesta, Meneses invitó al jefe de Estado a reunirse con las comunidades del departamento y dijo que está a favor de que se persiga a los criminales. Lo que rechaza es el método. “No se pueden implementar estas medidas a la fuerza”, le dijo a El Tiempo.
¿Cuánto puede tardar el fallo sobre la aspersión con glufosinato?
El juez tiene 10 días para dictar el fallo de primera instancia, contados desde que se presentó la tutela, según el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, que es la norma que regula la acción de tutela en Colombia. Ese es el plazo que está corriendo ahora.
Después vienen otros dos tiempos. Cualquiera de las partes tiene tres días para impugnar la decisión y el juez de segunda instancia debe resolver en los veinte días siguientes, según los artículos 31 y 32 del mismo decreto. Cerrado eso, el expediente se remite a la Corte Constitucional, que puede seleccionarlo para revisión o dejarlo pasar.
Aunque el juez levante la suspensión, el regreso de la fumigación aérea no es automático. La Resolución 0006 de 2026, con la que el CNE derogó la Resolución 6 de 2015 que mantenía suspendido el glifosato, dice en su artículo segundo que esa derogatoria “no implica la reanudación automática” del programa. Quedan pendientes un plan de manejo ambiental general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la consulta previa con las comunidades étnicas y el concepto del Instituto Nacional de Salud (INS).
El piloto tampoco termina cuando aterricen las avionetas. La resolución que lo ordenó fija que, una vez concluida la intervención, la ANLA y el INS tienen hasta 60 días para entregarle al CNE el informe técnico definitivo con los resultados. De ese informe depende que el Gobierno autorice o suspenda el programa.
¿Cuánta coca hay en el Putumayo, el departamento escogido para el piloto?
La región Putumayo y Caquetá cerró 2024 con 49.190 hectáreas de coca, un 14 % menos que las 56.933 del año anterior, según el informe “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024”, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de Colombia.
En el país entero la cifra fue al revés. Colombia llegó a 261.000 hectáreas sembradas con coca a 31 de diciembre de 2024, un 3,5 % más que las 253.000 de 2023. Nariño sigue de primero y Norte de Santander de segundo. Putumayo quedó tercero con una caída del 12 %, y entre los tres suman el 64 % de toda el área del país.
De los diez municipios que concentran cerca de la mitad de la coca nacional, cuatro están en Putumayo: Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y San Miguel. El informe señala que en ese departamento la reducción coincide espacialmente con las acciones de erradicación.
Ahí aparece el dato más llamativo del reporte. La erradicación manual forzosa en todo el país cayó 54 %, al pasar de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 hectáreas en 2024, y de esa área intervenida el Putumayo concentró el 87 %. De ese total en el departamento, la Unodc validó el 36 %.
