Cambiar el glifosato por glufosinato no libera al Estado de las condiciones de la Corte: FIP
El análisis de la Fundación Ideas para la Paz recuerda que el plan piloto con glufosinato debe cumplir las mismas exigencias del programa completo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un análisis de 10 preguntas sobre el regreso de la aspersión aérea, a pocos días de que arranque el plan piloto con el que el Gobierno quiere probar un herbicida distinto al glifosato. La idea que atraviesa el documento es que derogar la norma que frenó la fumigación en 2015 no reactiva nada por sí sola: una eventual reanudación sigue atada a requisitos administrativos, ambientales, sanitarios, jurídicos y de participación de las comunidades.
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) derogó la Resolución 6 de 2015, con la que se había suspendido el uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG), y ordenó un piloto con glufosinato de amonio de máximo siete días y 1.000 hectáreas, en un área cuya ubicación no será divulgada.
La FIP subrayó un punto que suele perderse en el debate: ese piloto debe cumplir los mismos requisitos exigidos para una eventual reanudación del programa completo.
La discusión llega con los cultivos en su nivel más alto registrado. En 2024 el país cerró con 261.000 hectáreas sembradas con coca y una producción potencial de 3.000 toneladas de cocaína, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Las seis exigencias que la Corte le puso al Consejo Nacional de Estupefacientes
La Sentencia T-236 de 2017 no prohibió la aspersión aérea, pero sí estableció varias condiciones que el Gobierno debe cumplir si quiere volver a utilizarla.
Una de ellas es que las reglas para decidir sobre la aspersión deben ser elaboradas por una entidad independiente de las que ejecutan la erradicación. Además, la decisión debe basarse en estudios sobre los posibles efectos en la salud y el medio ambiente, con participación de las comunidades y con respaldo científico.
La Corte también estableció que el Gobierno debe revisar la decisión si aparecen nuevos riesgos. En ese proceso deben participar, entre otras entidades, las autoridades de salud y ambientales y el Ministerio Público.

Sede de la Corte Constitucional, que fijó las condiciones para reanudar la fumigación. Foto: Colprensa.
Los estudios científicos utilizados para tomar la decisión deben ser rigurosos, imparciales y de buena calidad. También debe existir un sistema independiente para recibir y estudiar las quejas de las personas afectadas.
La decisión de volver a utilizar la aspersión, además, debe estar respaldada por pruebas que demuestren que no habrá daños para la salud ni para el medio ambiente.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) resume otras condiciones prácticas: aplicar el principio de precaución con información científica actualizada, garantizar la participación de las comunidades y la consulta previa cuando corresponda, cumplir las normas ambientales, demostrar que las instituciones tienen capacidad para manejar y supervisar el programa y establecer mecanismos para hacer seguimiento a sus resultados.
Cambiar el glifosato por glufosinato no borra esas obligaciones

Glufosinato de amonio, el herbicida del plan piloto de aspersión aérea del Gobierno. Fotomontaje Minuto60.
Uno de los principales interrogantes es si el Gobierno puede modificar el permiso ambiental que existía para la antigua aspersión con glifosato y usarlo para un nuevo herbicida, o si debe empezar un trámite ambiental desde cero.
Según la FIP, esto dependerá de qué cambios se hagan, qué características tenga el nuevo producto y qué decidan las autoridades ambientales.
Lo que sí está claro es que cambiar de herbicida no elimina las obligaciones que debe cumplir el Estado. Antes de utilizarlo, tendría que demostrar con estudios científicos que evaluó sus posibles riesgos para la salud y el medio ambiente y que cuenta con medidas para prevenirlos o reducirlos.
Además, tendría que obtener las autorizaciones ambientales necesarias y cumplir las reglas sobre participación de las comunidades, consulta previa cuando corresponda y principio de precaución.
Estas obligaciones no dependen del herbicida utilizado, sino de la propia política de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos.
La evidencia no dice que sea inocua, pero tampoco zanja la magnitud del daño
Sobre los efectos en la salud, el informe señala que todavía existe incertidumbre científica. Algunos estudios han relacionado la aspersión aérea con problemas de corto plazo, como irritación en la piel y los ojos, dificultades respiratorias y síntomas gastrointestinales.
También se han estudiado posibles efectos a largo plazo, entre ellos algunos tipos de cáncer y problemas durante el embarazo. Sin embargo, la evidencia sobre estos efectos es menos concluyente y continúa siendo objeto de debate científico.

Avioneta fumigando cultivos de coca, la imagen del programa que se frenó en 2015. Foto: Colprensa.
Esa falta de certeza fue uno de los argumentos para aplicar el principio de precaución en 2015. Ese mismo año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como “probablemente carcinogénico” para los seres humanos, dentro del grupo 2A.
En el medio ambiente, diferentes estudios han encontrado que el herbicida puede desplazarse hacia cultivos legales, fuentes de agua y vegetación cercana. También se han estudiado posibles efectos sobre organismos acuáticos y la biodiversidad.
El impacto puede variar según el clima, el terreno, la cantidad de herbicida utilizada y las medidas tomadas para reducir sus efectos.
Reduce rápido, pero la coca vuelve

Abelardo de la Espriella, que prometió en campaña retomar la aspersión aérea. Foto: Colprensa.
Sobre su efectividad, el informe señala que la aspersión aérea puede reducir las hectáreas sembradas con coca en el corto plazo, especialmente cuando se aplica de manera continua. Sin embargo, ese efecto suele durar poco.
Los cultivos pueden volver a sembrarse, trasladarse a otras zonas o dividirse en parcelas más pequeñas. También se han identificado prácticas de los cultivadores para reducir el efecto del glifosato sobre las plantas.
La FIP señala que ninguna estrategia funciona por sí sola. La aspersión, la erradicación manual, los programas de sustitución, la persecución de las redes del narcotráfico y el control territorial tienen ventajas y limitaciones. Por eso, sus resultados dependen de cómo se combinen.
Según la evidencia revisada por la FIP, los resultados más sostenibles están relacionados con una presencia efectiva del Estado en los territorios. Esto incluye seguridad, justicia, infraestructura, acceso a mercados, seguridad sobre la propiedad de la tierra y oportunidades económicas.
Uno de los datos que suele citarse para mostrar los efectos de suspender la fumigación es el aumento de los cultivos de coca después de 2015. El área sembrada pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 171.000 en 2017, un aumento del 78 %.
Sin embargo, la FIP advierte que este aumento no puede atribuirse únicamente al fin de la aspersión. También influyeron factores como la reorganización de los grupos armados en antiguos territorios de las FARC y las dificultades del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El 53 % de la coca está donde fumigar es más difícil
El mapa actual es uno de los principales obstáculos para reanudar la aspersión aérea. Según UNODC, en 2024, el 53 % de los cultivos de coca estaba en Áreas de Manejo Especial. Allí se incluyen territorios colectivos de comunidades negras (21 %), reservas forestales (14 %), resguardos indígenas (12 %), parques nacionales naturales (4 %) y zonas de reserva campesina (2 %).
Esto no significa que esas áreas estén automáticamente excluidas de una eventual aspersión, pero sí que su intervención puede exigir requisitos jurídicos, ambientales y de participación adicionales. Por eso, la FIP considera razonable prever que las zonas donde podría aplicarse la aspersión sean hoy mucho más limitadas que durante buena parte del antiguo PECIG.

Erradicación manual de coca, una de las herramientas que conviven con la aspersión aérea. Foto: Colprensa.
Otro obstáculo son los procesos judiciales por los daños que algunas personas y comunidades atribuyen a las aspersiones. La Nación ha recibido condenas y ha tenido que pagar indemnizaciones, principalmente por afectaciones a cultivos lícitos y actividades productivas. Sin embargo, no existe una cifra pública consolidada sobre cuánto dinero ha pagado o cuánto sigue pendiente.
El antecedente más reciente también muestra dónde podría complicarse el proceso. Durante el gobierno de Iván Duque se avanzó en varios de los requisitos para reanudar la aspersión, pero la modificación del Plan de Manejo Ambiental fue demandada. La Sentencia T-413 de 2021 concluyó que el proceso de participación realizado durante la pandemia no había garantizado ese derecho y ordenó rehacer parte del trámite. En 2022 cambió el Gobierno y la administración de Gustavo Petro decidió no continuar con el proceso.
El informe también advierte sobre otro riesgo: que una política de drogas demasiado concentrada en la aspersión termine llevando más esfuerzos políticos, administrativos y recursos hacia esa estrategia y deje en segundo plano otras medidas necesarias para lograr reducciones duraderas de los cultivos de coca.

