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Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto, pero no podrá usarse en déficit

La Sala Plena votó siete contra uno y dejó por fuera las medidas estructurales, como las de cárceles. Hacienda tiene plazo de 20 días hábiles.

Emergencia económica por el terremoto fue avalada con condiciones por la Corte. - Crédito: Fotomontaje Minuto60.
Dido Polo Monterrosa
Dido Polo MonterrosaPeriodista
11 NOV 2026 - 22:14Actualizado: 11 NOV 2026 - 22:42

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La Corte Constitucional avaló este miércoles la emergencia económica por el terremoto que declaró el presidente, Abelardo De La Espriella, pero prohibió que la plata que se recaude, se preste o se reparta con ese mecanismo se use para tapar el déficit fiscal o para gastos que no tengan relación con el sismo del 10 de agosto.

La decisión quedó en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, y salió con siete votos contra uno. El fallo le dio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado, para recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones al presupuesto que se necesitan para financiarla.

El Gobierno declaró la emergencia el 19 de agosto con el Decreto 1261, nueve días después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó). La norma le dio al presidente facultades extraordinarias por 30 días. De La Espriella había anunciado la medida desde el 12 de agosto.

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Abelardo De La Espriella declaró la emergencia económica por el terremoto el 19 de agosto. Foto: Colprensa.

¿Qué municipios cubre la emergencia económica por el terremoto?

La emergencia cubre solo los municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) registró con daños por el sismo y sus réplicas en el Reporte Situacional 054, con corte al 28 de agosto. Según ese reporte, el terremoto había dejado hasta esa fecha 331 muertos y más de 33.000 viviendas destruidas.

Los demás municipios de los departamentos incluidos solo entran si el Gobierno demuestra, "de manera precisa y con soporte técnico" de la Ungrd, una "afectación concreta" causada por el terremoto.

La Corte también avaló el Decreto 1348 del 31 de agosto, con el que el Gobierno sacó a Putumayo de la emergencia y sumó a Caquetá y Santander. La declaratoria quedó en 16 departamentos: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

¿Qué le prohibió la Corte al Gobierno con la emergencia?

La Corte determinó que la emergencia "no habilita la adopción de medidas estructurales2 ni de medidas para atender "problemas previos al sismo", y señaló en particular los del sistema penitenciario y carcelario.

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Corte limitó la emergencia económica a municipios con daños por el terremoto. Foto: Corte Constitucional.

La reconstrucción también quedó por fuera, salvo que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios no alcanzan y que las obras están ligadas a la rehabilitación, la fase que busca restablecer "las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socio-económicas afectados por la crisis, sin reproducir situaciones de riesgo".

Los decretos que se expidan con la emergencia deberán ajustarse a las necesidades de cada grupo de población afectado, con información separada por grupos, y atender a las personas que la Constitución protege de manera especial. Según el fallo, la falta de esa información "no podrá constituir una barrera para su atención".

Las reglas para gastar la plata de la emergencia

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Ungrd reportó daños por el terremoto en 500 municipios de 16 departamentos. Foto: Colprensa.

Además del recálculo que le ordenó a Hacienda, la Corte fijó estas condiciones para el manejo de los recursos:

  • Justificación por escrito: cada entidad que ordene un gasto deberá explicar en un acto administrativo por qué no puede usar las vías normales de financiación.

  • Cuenta aparte: el Gobierno deberá manejar la plata de la emergencia separada de otras fuentes, para que los organismos de control tengan "información permanente sobre los compromisos asumidos".

  • Reparto con las regiones: el Gobierno y las alcaldías y gobernaciones afectadas deberán acordar cómo se reparte la financiación, "con pleno respeto de su autonomía".

  • Plata pendiente: la justificación y la cuenta aparte aplican también a los recursos que todavía no se hayan comprometido ni ejecutado.

Con la emergencia, el Gobierno expidió el Decreto 1379, que creó el Fondo Milagro. El fondo arrancó a operar el 7 de octubre con $ 1 billón. El Decreto 1412 sumó $ 624.656 millones al presupuesto de 2026 para ese fondo, con plata del crédito de hasta US$ 450 millones (unos $ 1,5 billones) que Hacienda activó con el Banco Mundial.

El Gobierno no prorrogó la emergencia, que podía extenderse hasta 90 días. El 27 de octubre, las comisiones económicas del Congreso empezaron a debatir el proyecto de ley del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para sumar $ 2,7 billones al presupuesto de 2026, que es de $ 546,9 billones, con destino al Fondo Milagro.

El plan de recuperación que pidió la Corte

La Corte exhortó al presidente, como cabeza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a adoptar y ejecutar el plan de acción para la recuperación previsto en el Decreto 1171 de 2026, con el que el Gobierno declaró la situación de desastre nacional, y a planear los recursos para varios años. También le pidió mantener el régimen especial de desastre mientras duren la rehabilitación y la reconstrucción, como lo permite la Ley 1523 de 2012.

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Magistrado Juan Carlos Cortés González fue ponente del fallo sobre la emergencia económica. Foto: Colprensa.

En la votación, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente el voto y Vladimir Fernández Andrade aclaró el suyo, según el expediente de la Corte. La Procuraduría General de la Nación había enviado en octubre un concepto favorable a la declaratoria.

En abril, la Corte tumbó el Decreto 1390 de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia en todo el país, y en junio avaló con límites territoriales la que se declaró por la ola invernal.

El último balance de la Ungrd, del 10 de octubre, registró 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos por el terremoto, en 500 municipios de 16 departamentos.

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