¿Cuál fue la propuesta del gobierno que unió a todas las licoreras?
Las disputas por la venta de licores destilados y las diferencias entre nacionales e internacionales se suspendieron por la propuesta de Hacienda.
Las licoreras departamentales y las internacionales que operan en el país se unieron para redactar una carta al Gobierno Nacional con la que pretenden meterse en el debate de la reforma tributaria que está radicada en el Congreso.
Según las productoras e importadoras de licores y destilados, la propuesta de impuestos para su sector, del que recientemente se excluyeron las cervezas, aumentaría su gravamen en un 40 %.
El documento firmado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (EICE), Industria Licorera de Caldas, Empresa de Licores de Cundinamarca, Industria de Licores del Valle, Fábrica de Licores del Tolima, Nueva Licorera de Boyacá, Industria Licorera del Cauca, Unidad de Licores del Meta, Aguardiente Nariño, Diageo, Pernod Ricard, Brown Forman, Global Wine and Spirits asegura que la causa de esta unión es “priorizar” el “empleo que genera dignidad, la legalidad que impulsa el progreso, y la idiosincrasia que nos define como Nación”.
Los argumentos
De acuerdo con las empresas departamentales e internacionales, la historia del país muestra que al aumentar los impuestos para que el licor legal sea más costoso “no frena el consumo, sino que lo desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en riesgo la vida del consumidor”.
En ese sentido, las empresas destacaron en el documento que, de acuerdo con estudios sobre el consumo actual del país, el 22,4 % del producto consumido es ilegal y hay documentos que muestran “que, con la reforma, el trago ilegal podría alcanzar un alarmante 50 %”.
El segundo argumento de estas empresas es que la medida diferenciada para gravar más a los licores destilados que a las demás ofertas del mercado “castiga directamente la legalidad”, además de establecer una exclusión sobre una pequeña parte del mismo.
Por último, las licoreras departamentales e internacionales le advierten al gobierno que su industria ya aporta $ 3,9 billones en impuestos cada año, que se destina a los sectores salud y educación. Pero aumentar el gravamen para disminuir sus ventas significaría menos recaudo tributario para estas causas.
Sin embargo, el documento que recibió el Gobierno Nacional indica que la industria licorera “comparte la necesidad de seguir trabajando por promover el consumo responsable de alcohol, prioridad que hemos abordado con seriedad, recursos y de manera integral con alianzas público-privada transformadoras”.
Finalmente, le recuerda a los funcionarios públicos que este sector equivale al 1,5 % del producto económico del país y genera más de 200.000 empleos, que incluyen al sector agrícola, los hoteles, bares, restaurantes y hasta los conciertos y ferias regionales.
¿Qué dice la reforma?
El proyecto radicado como ley de financiamiento para el presupuesto nacional de 2026 señala que los licores destilados deberían tener un impuesto específico de $ 750 para “licores, vinos, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente”.
Ese componente específico tendrá que aumentar cada año en la misma proporción que la inflación más cuatro puntos porcentuales. Es decir, si este año la cifra es de 5 % como pronostican los analistas, el gravamen debería aumentar 9 %.
A eso se suma un impuesto de 30 % sobre el valor de venta de esos mismos productos. Las únicas excepciones serán los licores para exportación y los que se envíen para la venta en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
