Primicia | Inesperado pedido de la ANDI al Congreso sobre la reforma tributaria: ¿qué es lo más conveniente?

Mientras el gobierno espera a que los congresistas deleguen a los ponentes y coordinadores ponentes del proyecto de ley de financiamiento, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) le envió a los senadores y representantes una carta en la que hace un estudio de las medidas propuestas por el gobierno, compara la situación actual tanto de las empresas como de los trabajadores y explica el impacto en sus cuentas que tendría acoger esa ley. 

El proyecto de ley de financiamiento, una reforma tributaria con la que el gobierno espera financiar una parte del presupuesto que le aprobó el Congreso para 2026, tiene una meta inicial de recaudo de $ 26,3 billones. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro le cedió a los legisladores la potestad para recortar algunas de esas medidas de modo que el recaudo estimado del proyecto quede en $ 16,3 billones. 

La razón para este movimiento es que, para lograr la aprobación del presupuesto nacional, el gobierno cedió en $ 10 billones sus pretensiones de gasto del próximo año. Es decir, para 2026 Colombia gastaría $ 547 billones. Sin embargo, advierte la ANDI en el documento de 29 páginas que le envió al Congreso, el hueco entre el gasto público y los ingresos de la Nación el próximo año sería de $ 35 billones.

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Los argumentos de los empresarios

En su texto, que pide respetuosamente que el Congreso archive el proyecto de reforma, el gremio advierte que “el país no debería estar enfocado en la aprobación de nuevos aumentos a los impuestos que resten competitividad al sector formal de la economía, sino orientar el manejo del erario de forma más austera, ajustando el gasto público a la medida y posibilidades que ofrece el tamaño de la economía colombiana para generar ingresos fiscales”.

Pero ya que el país, por el momento, está hablando de la tercera reforma tributaria de los cuatro años de mandato de Gustavo Petro, la ANDI destaca que los cambios deberían ser más estructurales y centrarse más en simplificar el sistema tributario, hacerlo más competitivo y atacar la informalidad y la evasión tributaria. 

Sobre este último punto, el documento destaca que, según los cálculos de la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en Colombia cada año dejan de recaudarse entre $ 72 billones y $ 100 billones por evasión tributaria. Pero el cálculo es difícil de hacer y la cifra real podría ser diferente, pues la alta informalidad de la economía nacional dificulta que se identifiquen todos los movimientos de dinero. 

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Mientras tanto, apenas 2.5000 de las 1,5 millones de empresas del país aportaron casi la mitad de los impuestos a la renta y la retención en la fuente correspondiente durante el 2024, como lo muestra la tabla que compartió la ANDI al Congreso con base en los datos de la DIAN.

Por eso, dice el gremio de empresarios, “el país mantiene altas tasas de tributación que concentran el recaudo tributario en unos pocos contribuyentes del sector productivo y familias, al paso que previene a nuevas empresas a integrarse a la formalidad”.

Estadísticas de recaudo tributario según datos de la DIAN. ANDI

Sobretasas asfixiantes

“El proyecto incrementaría la tributación para la economía digital al aumentar la tarifa de tributación por Presencia Económica Significativa (PES) al 5 %, hoy 3 %, sobre ingresos brutos percibidos en Colombia lo cual redundaría en mayores costos y dificultades para la transformación tecnológica de las empresas y la innovación en el país”, advierte primero el documento enviado al Congreso.

Pero, por otro lado, el proyecto de reforma tributaria aumentaría impuestos indirectos como el IVA para algunas partidas, mientras que el impuesto nacional al consumo subiría en el campo de los tributos departamentales. Esto podría afectar el bolsillo de las familias colombianas, elevar nuevamente la inflación y “añadir complejidad al sistema tributario para su administración”.

En cuanto al campo corporativo, la ANDI advierte que el proyecto presentado por el gobierno aumentaría “la presión y complejidad tributaria sobre el sector formal con más sobretasas al impuesto de renta, aumentos en los impuestos a dividendos, renta de personas naturales y patrimonio, así como nuevos gravámenes sectoriales e impuestos al consumo”.

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La mayoría de estas medidas, adoptadas en conjunto, no solo le añadirían complejidad al sistema colombiano sino que desincentivarían la inversión y harían menos competitivo al país frente a los demás países en un escenario de comercio internacional según los cálculos del gremio.

Por ejemplo, la sobretasa propuesta de 15 % para los sectores financiero y de carbón dejaría el impuesto sobre la renta para ambos segmentos de la economía en el 50 %, mientras que el impuesto sobre los dividendos superaría el 54 % al tener en cuenta la tarifa para la empresa y para los socios de la misma.   

“Al analizar la combinación del impuesto de renta y dividendos sobre la utilidad vigente esta se encuentra en el 48 % y pasaría al 54,5 %, por el efecto del aumento del impuesto a los dividendos”, explica el documento.

Cálculo y comparación de impuestos corporativos con la ley de financiamiento 2025. ANDI

¿Gasto sin límite?

En contraste con la petición de aumento en los impuestos para tener más ingresos, el gobierno oficializó el junio de este año el uso de la cláusula de escape de la regla fiscal porque su gasto es superior a los ingresos en una medida que le impedía al país, por segundo año consecutivo, cumplir con la meta establecida de déficit fiscal. 

Según el Ministerio de Hacienda, la misma estrechez fiscal del país le impide cumplir con el compromiso, por lo que estima que esa diferencia entre gastos e ingresos sería equivalente este año al 6,2 % del total de la economía nacional. Pero según los cálculos de los expertos financieros, el hueco sería, siendo optimistas, equivalente al menos al 7 % del PIB de Colombia.

El gobierno se ha escudado en las inflexibilidades del presupuesto nacional, que cada año aumenta las necesidades en pagos a las regiones de acuerdo con la inflación y el crecimiento del mismo presupuesto del gobierno central. Al mismo tiempo, los pagos de salarios y mesadas pensionales de regímenes especiales como los de los congresistas, fuerzas públicas, magistrados, entre otros, dependen de la decisión del gobierno sobre el salario mínimo. 

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