El plan que iba a resolver la crisis del caimán llanero llegó con un vacío que nadie firmó
Días después de asignar responsables para casi 320 caimanes llaneros, la Procuraduría exigió resolver la custodia legal de los animales en el Meta.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) entregó, apenas cuatro días antes, un plan con 21 acciones que repartía el cuidado de los caimanes llaneros entre dos entidades. Este sábado, cuando la Procuraduría General de la Nación volvió a convocar a todos los actores del caso, encontró que ese plan no resolvió algo central: quién tiene, en los papeles, la custodia legal de los animales que llevan meses en el centro de la crisis.
En la más reciente mesa de seguimiento, el Ministerio Público pidió una actualización del plan de trabajo para la atención de los reptiles ubicados en la Estación Roberto Franco, en la Universidad de los Llanos (Unillanos) y el Parque Merecure, en el departamento del Meta. Ese documento deberá quedar listo a más tardar el 8 de julio.
La exigencia no es menor. Se trata de la misma crisis que en mayo dejó a cerca de 200 caimanes sin comer durante meses y que terminó con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, una tutela y semanas de choques entre instituciones sobre quién debía poner la comida.
Un caimán llanero adulto puede llegar a pesar 500 kilos. Foto: Mauricio y Felipe Salazar.
Lo que la Procuraduría no dejó pasar
El Ministerio Público pidió que las entidades presenten un cronograma claro de alimentación que cubra hasta diciembre de 2026, con la frecuencia de las raciones, los responsables en cada sitio, los recursos disponibles y los mecanismos de seguimiento. También exigió precisar la ruta de atención veterinaria y las condiciones mínimas de tenencia de los animales.
La Procuraduría fue más allá. Requirió definir la situación jurídica y material de los ejemplares que están en Unillanos y en Merecure, así como los instrumentos que respaldan su permanencia, su movilización o su liberación.
La Procuraduría citó a las entidades para exigir un plan actualizado. Foto: Colprensa.
La entidad de control fue clara sobre lo que espera de las próximas semanas. Pidió "superar las discusiones institucionales sobre competencias y avanzar hacia compromisos verificables, con fechas, responsables y fuentes de financiación", según el comunicado de la mesa técnica.
A eso se sumó el pedido de un cronograma tentativo de liberaciones, con sustento técnico, enfoque de bienestar animal y articulación con las comunidades de la región. La próxima mesa de verificación quedó fijada para el 29 de julio.
Un plan de 21 acciones que llegó apenas días antes
La mesa de este sábado ocurrió apenas días después de que el Gobierno diera por resuelto, al menos sobre el papel, uno de los nudos más largos del caso. El 30 de junio, Minambiente remitió a la Procuraduría un documento que repartía formalmente el cuidado de 319 caimanes llaneros bajo custodia institucional.
Según ese plan, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) quedó a cargo de los 127 ejemplares que permanecen en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio. Debe garantizar su alimentación, el bienestar animal y la atención médico veterinaria.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), por su parte, asumió esas mismas funciones para los 180 ejemplares del Parque Agroecológico Merecure y para los 12 que están en la granja Barcelona de Unillanos.
El reparto no fue sencillo de acordar. Apenas un mes antes, Cormacarena había ordenado justamente lo contrario: exigió a la UNAL restablecer la alimentación de cerca de 330 caimanes distribuidos en los tres sitios, al considerar que la responsabilidad legal recaía sobre esa universidad.
Cormacarena asumió la alimentación de Merecure y Unillanos. Foto: Colprensa.
El plan de 21 acciones, aprobado en una mesa técnica convocada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, también contempla mejoras de infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y la definición, en los próximos seis meses, de protocolos para liberar a los ejemplares que cumplan las condiciones biológicas y sanitarias.
La decana de la Facultad de Ciencias de la UNAL, Lucy Gabriela Delgado, defendió el papel histórico de la universidad en el programa. Aseguró que la institución "seguirá aportando capacidades técnicas y científicas en monitoreo, capacitación y definición de protocolos para la recuperación de la especie".
La decana Lucy Gabriela Delgado defendió la inversión de la universidad. Foto: Universidad Nacional.
Delgado señaló, además, que la universidad ha invertido más de 5.000 millones de pesos en la última década en la alimentación y el cuidado de los animales.
Pese a ese reparto de funciones operativas, la pieza jurídica quedó pendiente. Es justamente lo que la Procuraduría pidió resolver este 4 de julio: los instrumentos legales que sustentan quién puede movilizar, mantener bajo custodia o liberar a los caimanes de Unillanos y Merecure.
Quince muertes, tres versiones
La urgencia de la Procuraduría tiene un origen concreto. El 27 de mayo, el ente de control abrió una actuación preventiva en la que expresó "especial preocupación" por la presunta muerte de al menos dos ejemplares adultos y por episodios de canibalismo que, según esa actuación, estarían asociados a condiciones de inanición.
⚠️ Increíble 😱
— Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) June 2, 2026
❌ En el @MinAmbienteCo sabían desde hace un año que 350 caimanes quedarían sin comida en septiembre del año pasado. Definitivamente les quedó grande. Mucho evento internacional, poco interés por la vida y por lo nuestro @PGN_COL
🐊 #CaimanesMuriendo pic.twitter.com/JNAtrB6X1Y
La senadora Andrea Padilla ofreció una cifra más alta. El 2 y el 3 de junio, denunció que el programa acumulaba 15 caimanes muertos, entre ellos tres neonatos.
La congresista reveló, además, un oficio de la UNAL fechado el 19 de mayo de 2025, en el que la universidad ya advertía al Ministerio de Ambiente sobre una situación crítica de alimentación para 350 animales, con comida garantizada solo hasta septiembre de ese año.
"El 19 de mayo del 2025, la Universidad Nacional le envió un oficio al Ministerio de Ambiente en el que le informó que los caimanes estaban en una situación crítica por falta de alimento", afirmó Padilla.
La senadora Andrea Padilla reveló un oficio de mayo de 2025. Foto: Colprensa.
Según la senadora, Cormacarena le confirmó que en la Estación Roberto Franco los animales estuvieron 15 días sin comer, en Unillanos 90 días y en Merecure 70 días.
Padilla también recordó cuánto tiempo llevaba sin sesionar el mecanismo que debía prevenir justamente este tipo de crisis. "¿Saben desde hace cuándo no se reúne el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero? Desde el 2012, hace 14 años", dijo.
Y sentenció: "Así no hay programa que prospere ni bienestar animal que se garantice".
Minambiente ofrece, sin embargo, una versión distinta sobre la causa de las muertes. Según un comunicado de la cartera, los reportes técnicos y las necropsias disponibles indican que los 15 fallecimientos reportados en 2025 correspondieron a "causas naturales", no a inanición, falta de alimentación o abandono institucional. La necropsia de un ejemplar fallecido en 2026 seguía en curso.
La tonelada de pollo que destapó el problema
Casi una tonelada de pollo quedó lista para realimentar a los animales. Foto: Mauricio y Felipe Salazar.
Nada de esto habría salido a la luz pública sin el documentalista Mauricio Salazar Rodríguez, quien lleva tres años acompañando como voluntario el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero (Procaimán). En mayo viajó al Meta para verificar personalmente el estado de los animales.
Lo que encontró lo dejó descolocado. "Es la cosa más triste que hemos visto en años", describió entonces.
"Unos cocodrilos que pueden llegar a pesar 500 kilos están en los huesos", detalló. "Uno le ve, por ejemplo, anatómicamente lo que corresponde como a las escápulas humanas, y la piel está forrando los huesos".
Salazar y su equipo consiguieron casi una tonelada de pollo en donación y diseñaron, con veterinarios expertos, un protocolo para realimentar a los animales sin poner en riesgo su salud tras meses de ayuno. Con eso en mano, pidieron permiso a Cormacarena y a Unillanos.
Los neonatos son los más vulnerables a la falta de alimento. Foto: Colprensa.
La respuesta fue un no. "El rector de la Universidad de los Llanos, Charles Robin Arosa Carrera, dijo tajantemente que no, que no se podía alimentar a los animales", relató Salazar. De Cormacarena, agregó, nunca recibió respuesta al oficio que radicó.
Sin autorización, la única vía que le quedó fue la judicial. El 6 de mayo radicó, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado 001 de Villavicencio, una acción de tutela contra Minambiente, la UNAL, Cormacarena y otras entidades del programa, para que un juez definiera "a quién le corresponde el mantenimiento de cada animal".
Su diagnóstico del problema de fondo fue directo. "Es un rollo burocrático brutal, donde todas las instituciones se están tirando la pelota y ninguna actúa por miedo a consecuencias jurídicas o por falta de voluntad", dijo. Y resumió la actitud cruzada de las entidades con un dicho llanero: "Ni rajan ni prestan el hacha".
Un banco genético que no se puede reponer
Los caimanes en el centro del caso no son una población cualquiera de reptiles. Fueron seleccionados durante años por su diversidad genética para sostener la recuperación del Crocodylus intermedius, declarado en peligro de extinción desde 1997 y catalogado hoy en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Ese trabajo genético ya dio resultados concretos. Entre 2023 y 2024 se liberaron 25 ejemplares adultos en el río Tomo, varios de ellos con transmisor satelital para seguimiento científico.
La próxima mesa de verificación quedó fijada para el 29 de julio. Foto: Mauricio y Felipe Salazar.
Esas liberaciones son, precisamente, el modelo que el nuevo plan busca replicar en cinco puntos del Meta: Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas.
Si esos ejemplares mueren, el material genético que aportan no se puede reponer. La Procuraduría, en el comunicado de la mesa técnica, señaló que su preocupación central es garantizar el bienestar de ejemplares "vivos y sintientes" de una especie en peligro crítico.
Según Minambiente, la alimentación de los ejemplares en Merecure y Unillanos se retomó con el acompañamiento de la Fundación Reserva y Centro de Investigación El Cielo y del Club Profesional de Baloncesto Caimanes del Llano S.A.
La próxima mesa de verificación quedó fijada para el 29 de julio, según anunció la Procuraduría, con el fin de constatar si las entidades cumplieron los compromisos de alimentación, custodia y liberación que debían quedar consignados en el plan actualizado antes del 8 de julio.
Con información de Colprensa.
