Empalme con equipo de De La Espriella destapó alertas por millonarios contratos y nombramientos
El equipo de empalme revisa contratos, nombramientos y posibles compromisos por más de 10 billones de pesos antes del cambio de Gobierno.
Empalme con equipo de De La Espriella destapa millonarias alertas por contratos y nombramientos de última hora en varias entidades del Estado, con posibles compromisos fiscales que superarían los 10 billones de pesos, según las primeras alertas del proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración entrante.
Las advertencias surgieron tras la renuncia de una alta funcionaria de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), quien aseguró que habría sido presionada para firmar estudios previos relacionados con una contratación que consideraba irregular. El hecho encendió las alarmas dentro del equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella, que ha comenzado a revisar múltiples procesos contractuales en entidades estratégicas del Estado.
De acuerdo con información conocida por el equipo de transición, se estarían dejando comprometidos recursos en contratos de ministerios y entidades del sector Defensa, además de vigencias futuras que podrían impactar presupuestos de los próximos años.
El vicepresidente del gobierno entrante, José Manuel Restrepo, expuso ocho alertas sobre el estado del país durante el empalme. Colprensa
¿Qué está pasando con los contratos en el empalme?
Según pudo establecer El Tiempo, una de las principales preocupaciones se concentra en la Aerocivil, donde se adelantan procesos que han sido cuestionados por su magnitud y rapidez.
Este diario reveló que en esa entidad se analiza un proyecto para la instalación de un sistema de radares primarios en Arauca, con un valor estimado de 75.000 millones de pesos. Además, el proceso que habría generado mayor tensión interna corresponde a la contratación de un sistema de gestión documental, cuyo nuevo valor superaría los 12.000 millones de pesos, pese a que ya se habían realizado pagos previos cercanos a los 400 millones.
El medio citado también estableció que en los últimos meses se habrían firmado cerca de 1.179 contratos en la Aerocivil, lo que ha llevado incluso a solicitudes de revisión por parte de la actual cartera de Transporte ante la Contraloría General.
El foco de mayor preocupación, sin embargo, está en el sector Defensa, donde se concentran proyectos de alta cuantía y complejidad tecnológica.
Uno de ellos es el denominado Escudo Nacional Antidrones, un programa estimado en 6,3 billones de pesos, que busca contrarrestar el uso de drones por parte de estructuras criminales. Según se ha conocido, firmas internacionales de India y Lituania habrían mostrado interés en el suministro de componentes como inhibidores y sistemas láser.
Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró a este medio que todos los procesos se desarrollan bajo criterios de transparencia.
“Las necesidades las definieron las fuerzas, las especificaciones técnicas las establecieron equipos estructuradores, el ordenador del gasto es el secretario general con un equipo robusto, multidisciplinario y transparente”, afirmó el funcionario en declaraciones al medio.
Indumil, Ecopetrol y otros frentes bajo revisión
Las alertas también alcanzan a la Industria Militar (Indumil), donde se adelantan procesos relacionados con la fabricación de armamento y maquinaria especializada.
Fuentes consultadas por El Tiempo señalan que existen dudas sobre el contrato para la adquisición de equipos destinados a la fabricación de los cañones de los fusiles Jaguar, especialmente por la ausencia de estudios de mercado robustos. Este proceso ha generado preocupación tras incidentes registrados en pruebas recientes con este tipo de armamento.
Además, se revisa un convenio entre Indumil e Invías para el ensamblaje de vehículos blindados, firmado en diciembre pasado por cerca de 60.000 millones de pesos, con ejecución progresiva según disponibilidad presupuestal.
En paralelo, el equipo de empalme también puso bajo la lupa a Ecopetrol, donde el mismo medio reveló en octubre de 2025 presuntas irregularidades en un contrato tecnológico de más de 400.000 millones de pesos en la filial Ocensa, proceso que posteriormente fue frenado por la Procuraduría.
Meses después, se abrió otro contrato con objeto similar en Cenit, lo que ha generado inquietudes sobre posibles patrones repetitivos en la contratación tecnológica del grupo petrolero.
¿Qué ocurre con Colpensiones y Fiduprevisora?
Otro frente de revisión corresponde a Colpensiones, donde se investiga un contrato tecnológico por 223.000 millones de pesos firmado en septiembre pasado.
Según información conocida por este medio, la entidad decidió aplazar la migración de datos de los afiliados debido a inquietudes planteadas por diferentes actores institucionales.
En la Fiduprevisora, por su parte, El tiempo reveló que la Procuraduría frenó un contrato por 33.000 millones de pesos destinado al alquiler de equipos tecnológicos.
También se revisa otro proceso en el FOMAG por cerca de 50.000 millones de pesos para agendamiento de citas médicas, además de un nuevo contrato proyectado por 5.000 millones de pesos con el mismo objeto.
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, encargado del empalme, indicó que se están rastreando además posibles desembolsos en programas de alimentación escolar y proyectos agropecuarios que superarían los 1,6 billones de pesos.
Nombramientos y tensiones en la transición
Más allá de los contratos, otro punto de tensión en el empalme son los nombramientos de última hora en distintas entidades del Estado.
En la Cancillería, varios funcionarios han sido designados en consulados y misiones diplomáticas en países de Europa, Asia y América Latina. Entre ellos figuran movimientos hacia Ecuador, Venezuela, España, Japón y Alemania, entre otros destinos.
Según explicó la entidad al medio, estos nombramientos hacen parte de su discrecionalidad administrativa y no pueden ser suspendidos por el proceso de transición.
En el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el debate se centra en un decreto expedido el pasado 26 de junio que modificó requisitos de ingreso para oficiales de protección. El equipo entrante ha solicitado revisar su alcance.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, calificó las críticas como infundadas y aseguró que la entidad seguirá operando normalmente hasta el 7 de agosto.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció frente a las alertas planteadas por el gobierno entrante. Colprensa
Notarías y otros movimientos administrativos
El medio citado también reveló recientes designaciones en notarías de Bogotá y otras ciudades del país. Entre ellas figuran nombramientos de personas cercanas a sectores políticos y administrativos del actual Gobierno, así como exfuncionarios de entidades como Colpensiones y el Ministerio de Trabajo.
La Superintendencia de Notariado aseguró que estos nombramientos buscan garantizar la continuidad del servicio público ante vacancias existentes.
