Banca Central: entre la discrepancia y la afrenta institucional

Desde la más reciente sesión de la Junta Directiva (JD) del Banco de la República, en la que se decidió aumentar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, la noticia principal no ha sido el impacto macroeconómico del incremento, sino el espectáculo que protagonizó el ministro de Hacienda y Crédito Público.

En un hecho inédito en la historia económica reciente, el ministro Germán Ávila se levantó antes de culminar la sesión formal, salió apresuradamente hacia su ministerio y convocó una rueda de prensa paralela. Allí, se fue lanza en ristre contra la decisión tomada por mayoría simple. Esta discrepancia se tramitó como indica el manual del populista: buscando opacar mediáticamente la comunicación oficial que tradicionalmente se convoca al final de la junta. La imagen fue diciente: el gerente del Banco quedó solo frente a los micrófonos, mientras el presidente de la JD despotricaba de sus propios compañeros desde la comodidad de su despacho.

El problema de fondo no radica en las discrepancias, sino en el modo destructivo de tramitarlas. Todos los gobiernos, sin excepción, han tenido tensiones con la JD. Muchas han sido públicas, pero rara vez se han ventilado rompiendo la confidencialidad que exige la deliberación interna. Aunque en su momento aquellos debates nos parecieron acalorados, hoy lucen inofensivos frente a la institucionalidad al compararlos con la forma en que el actual ministro, seguramente bajo órdenes presidenciales, decidió escalar las diferencias.

El problema de fondo no radica en las discrepancias, sino en el modo destructivo de tramitarlas.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, la fricción entre la JD y el gobierno de turno ha sido una constante. Durante el cuatrienio de Ernesto Samper, por ejemplo, el ministro Guillermo Perry se mostró siempre en contra de la banda cambiaria. Las tensiones llegaron al punto en que Perry, según dicen algunos, insinuó proponer una reforma constitucional para arrebatarle el manejo cambiario al Banco de la República.

Por su parte, durante la administración de Andrés Pastrana, la economía atravesaba una crisis profunda. Aunque Colombia no había adoptado el moderno esquema de Inflación Objetivo, las tensiones existieron. Las elevadas tasas de interés necesarias para defender la banda cambiaria fueron tema de continuo debate en la junta. Sin embargo, no hubo fracturas públicas de esta magnitud; las diferencias se tramitaron internamente hasta que, en septiembre de 1999, se acordó abandonar dicho sistema.

Las discrepancias fueron más tensas y explícitas durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien exhortaba públicamente a la JD a bajar las tasas de interés. Asimismo, se manifestaba contra la revaluación del peso y pedía al Banrep intervenir para revertir la tendencia cambiaria.

El expresidente Santos ejerció presiones similares. Durante su mandato, las discrepancias no fueron tanto por el nivel de las tasas de interés, sino por la revaluación del peso. Junto con su ministro de Hacienda (quien recientemente firmó una carta apoyando la institucionalidad del Banrep), presionaban para que el Emisor comprara dólares masivamente en el mercado con el fin de revertir la tendencia revaluacionista.

Aunque con Iván Duque no hubo tensiones públicas, sí surgieron voces pidiendo que la JD otorgara un crédito directo al gobierno para enfrentar la pandemia. A pesar de que la medida lucía conveniente para exministros como Juan Carlos Echeverry y académicos como el suscrito, el Banrep mantuvo su ortodoxia, no actuó en ese sentido, y evitó que la inflación pospandémica fuera fruto de una emisión primaria.

Lo cualitativamente diferente esta vez es que el Ejecutivo ya no debate exclusivamente la pertinencia de las decisiones, sino que ataca la institucionalidad consagrada en la Constitución.

El actual gobierno no ha sido ajeno a la discrepancia pública, tramitándola inicialmente desde tarimas o desde X. Lo cualitativamente diferente esta vez es que el Ejecutivo ya no debate exclusivamente la pertinencia de las decisiones, sino que ataca la institucionalidad consagrada en la Constitución. Además, el presidente ha cruzado líneas inaceptables, siendo ofensivo y hasta misógino en sus formas con la codirectora Olga Lucía Acosta, a quien él mismo nominó y cuya llegada generó tranquilidad por su ponderación técnica.

El momento más crítico es el abandono de la sesión sumado a la rabieta mediática. La amenaza velada de no regresar a la JD es una afrenta directa a la ley. Aunque algunos juristas argumenten que el Emisor puede sesionar sin su presidente, en la práctica, la indispensable coordinación macroeconómica se vuelve inoperante. La estrategia busca claramente restarle legitimidad a las decisiones de un Banco firme en su mandato. El riesgo es inmenso: esto afecta gravemente la credibilidad del país y alimenta la narrativa de un gobierno dedicado a dinamitar la institucionalidad.

Es imperativo que el presidente Petro y el ministro Ávila recapaciten, y que el primero ordene al segundo regresar a la junta.

Es imperativo que el presidente Petro y el ministro Ávila recapaciten, y que el primero ordene al segundo regresar a la junta. El ministro tuvo la oportunidad de argumentar allí, con rigor, que la inflación no aumentó entre enero y febrero, o que las proyecciones no han cambiado dramáticamente más allá de lo implícito en las tasas de la deuda gubernamental reciente. Las discrepancias deben manifestarse con claridad en las sesiones, no huyendo de ellas. De los miembros de la JD nombrados por este gobierno (el ministro Ávila y los nuevos codirectores), una se deslindó del Ejecutivo desde el principio y otro discrepó de los demás. Por ello, tildar a la junta de uribista y neoliberal resulta en una pataleta infantil, lamentablemente frecuente en este cuatrienio.

Aunque el petrismo juzgue que la JD actúa como opositora, el diseño institucional obliga al Banrep a mantener una visión de mediano y largo plazo, desligando sus decisiones de los ciclos políticos. El único que opera bajo el apremio del corto plazo es el ministro, un rol que hoy parece haberse reducido al de un simple yes man del presidente.

Tildar a la junta de uribista y neoliberal resulta en una pataleta infantil, lamentablemente frecuente en este cuatrienio.