Periodista Digital
Gustavo Petro debe borrar publicación en X y retractarse públicamente por orden judicial


El Consejo de Estado propinó un nuevo revés judicial al presidente Gustavo Petro. En un fallo que se conocido en la noche del jueves 18 de septiembre de 2025, la alta corte ordenó al mandatario eliminar en un plazo máximo de 48 horas un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que, según los magistrados, vulneró el derecho fundamental al buen nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de su presidente, Bruce Mac Master.
La decisión no se limitó a exigir la eliminación de la publicación. El tribunal fue más allá y dispuso que el presidente debe retractarse públicamente de los señalamientos hechos, manteniendo visible esa rectificación en su perfil de X durante al menos diez días.

Consejo de Estado falló en contra de Petro por mensaje en X. Collage: fotos redes sociales
Los hechos que originaron el proceso
El 19 de marzo de 2025, Petro publicó un mensaje en el que acusó a “la ANDI de Bruce Mac Master” de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y de “defender el esclavismo”. En esa misma publicación, llegó incluso a señalar que en el gremio existían empresarios que “defendían a Hitler y el genocidio en Colombia”.
Las expresiones desataron una fuerte controversia nacional. Desde la ANDI, gremio que agrupa a más de 1.300 empresas en el país y que históricamente ha tenido un papel influyente en la economía y la política, se interpuso una acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
En primera instancia, un juez había declarado improcedente la tutela, argumentando que las frases de Petro estaban amparadas por la libertad de expresión y que no se configuraba una afectación directa a la entidad. Sin embargo, la ANDI apeló y el caso llegó al Consejo de Estado.
Lo que se denuncia aquí, muestra uno de los hechos más pérfidos de la política colombiana. Tiene una base en Goebbels: es nazi, pero usa nuestras instituciones y vulnera nuestra constitución. El caso de Alex Flórez senador del Pacto histórico y su esposa acosada, lo demuestra y… https://t.co/g9SusAiMv0
El alcance del fallo
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, integrada por los magistrados Fredy Ibarra Martínez, Alberto Montaña Plata y Diego Enrique Franco Victoria, revocó la primera decisión y amparó los derechos reclamados por la ANDI. La sentencia señala:
Las expresiones del presidente no solo aludieron de manera directa a la organización y a su dirigente, sino que incorporaron afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible.
El fallo enfatizó que la libertad de expresión, incluso para un jefe de Estado, tiene límites:
No puede convertirse en un vehículo para imputar hechos falsos.
No es admisible usar expresiones infamantes sin sustento fáctico ni probatorio.
Cuando se trata de funcionarios públicos, su deber de ponderación es mayor, dado el alcance y la influencia de sus palabras en redes sociales.
La providencia concluyó que las afirmaciones de Petro constituían una imputación de hecho sin pruebas, con capacidad de dañar la reputación de la organización empresarial y de su presidente.

Consejo de Estado protege derecho al buen nombre de la ANDI. Crédito: Consejo de Estado
Responsabilidad digital de los funcionarios
El fallo también tiene implicaciones de mayor alcance. Según el Consejo de Estado, las expresiones de los servidores públicos en redes sociales están sujetas a las garantías y límites fijados por la Constitución, y deben ejercerse con responsabilidad.
En ese sentido, se abre un precedente sobre cómo los tribunales colombianos evalúan la frontera entre la crítica política legítima y la vulneración de derechos fundamentales a través de redes sociales.
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Repercusiones políticas y jurídicas
La decisión se suma a otros choques recientes entre el presidente Petro y las altas cortes. Para algunos analistas, refleja la tensión permanente entre el Ejecutivo y el sector privado, especialmente con la ANDI, que se ha mostrado crítica de varias políticas económicas del Gobierno.
El presidente fue notificado personalmente y, de no cumplir con el fallo en los tiempos señalados, podría enfrentar incidentes de desacato con eventuales sanciones. La sentencia también será enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión, como es el trámite en los procesos de tutela.
Mientras tanto, la ANDI celebra la decisión como una reivindicación de su derecho al buen nombre y al reconocimiento público. En contraste, se espera una reacción del jefe de Estado, quien en ocasiones anteriores ha defendido su estilo directo y confrontativo en redes sociales como una extensión de su acción política.
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