Drones y mini-Uzis: los secretos hallados en la guarida de la Segunda Marquetalia en el Meta
La Dijín capturó a alias Junior y Bayron, cerebros de la extorsión de la Segunda Marquetalia en el sur del Meta.
En la vereda El Progreso, en zona rural del municipio de Mapiripán, se ejecutó un golpe contra la Segunda Marquetalia que promete cambiar el panorama de seguridad en el departamento del Meta.
Este 7 de julio, en la denominada Operación Tokio Fase VII, se capturó en flagrancia a tres hombres señalados de liderar actividades criminales en la finca La Esperanza, un predio que servía como base para coordinar ataques y cobros ilegales en el sur de la región.
Este resultado fue el fruto de un esfuerzo coordinado entre la Policía Nacional a través de la Dijín, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el apoyo operativo del Gaula Militar Ariari.
Las autoridades llegaron hasta este punto estratégico tras meses de seguimiento para desarticular el Frente Iván Merchán, una organización que mantenía bajo asedio a los sectores productivos de la zona.
¿Quiénes son los sujetos capturados en la Finca La Esperanza?
Los detenidos representan piezas fundamentales en el engranaje delictivo de la Segunda Marquetalia en esta región del país.
El principal objetivo de la operación era alias Junior, un hombre identificado por los investigadores como el presunto cabecilla financiero de la estructura. Según el reporte de las autoridades, este individuo era el encargado de dinamizar las extorsiones y de planificar acciones terroristas contra comerciantes, ganaderos, finqueros y empresarios del sector palmicultor.
“Se trata de la captura de alias Junior, presunto cabecilla financiero de la estructura criminal”, confirmaron las fuentes oficiales al describir el perfil de este hombre.
Agendas con registros de nóminas, sellos de finanzas y panfletos de "paz y salvo" que evidencian el sistema de extorsión contra los palmicultores. Policía Nacional
Junto a él fue capturado ‘Bayron’, a quien las investigaciones señalan de ser el presunto cabecilla armado del Frente Iván Merchán. Su función principal consistía en dirigir las acciones violentas para asegurar el cumplimiento de los pagos exigidos por la organización.
El tercer detenido es ‘El Costeño’, identificado como un presunto integrante de la estructura que cumplía funciones de escolta para los jefes de la organización criminal. Estos tres hombres conformaban un núcleo operativo que garantizaba tanto la recolección de dineros ilícitos como la seguridad interna de la célula terrorista.
¿Cómo operaba esta estructura criminal contra los palmicultores y ganaderos?
El modo de operar del Frente Iván Merchán se basaba en el uso sistemático de la violencia y el terrorismo para presionar económicamente a sus víctimas.
Las investigaciones judiciales relacionan directamente a esta estructura con actos de sabotaje que afectaron gravemente la movilidad y la economía local. Entre los hechos más graves que se les atribuyen se encuentra la incineración de un vehículo de carga en las vías del departamento.
“Estas acciones tenían como fin presionar al gremio palmero para el pago de cuotas extorsivas”, explicaron los portavoces de la operación al referirse a los ataques armados perpetrados contra las instalaciones de diversas empresas palmeras.
La organización no se limitaba a las amenazas verbales, sino que utilizaba ataques armados directos para demostrar su capacidad de daño y obligar a los empresarios a ceder ante sus pretensiones financieras.
Los ganaderos y finqueros del sur del Meta también eran blanco constante de estas presiones, lo que generaba un clima de inestabilidad que afectaba la reactivación económica del sector productivo en el departamento. La estructura financiera de la organización estaba tan organizada que contaban con documentación detallada para llevar el control de sus actividades ilegales.
Como parte del material logístico, estas motocicletas fueron puestas a disposición de la Fiscalía junto con el armamento y los equipos de comunicación. Policía Colombia
¿Qué hallaron las autoridades durante el allanamiento en zona rural de Mapiripán?
El registro realizado en la finca La Esperanza permitió el hallazgo de un importante arsenal y materiales de logística que evidencian la peligrosidad del grupo.
Los investigadores incautaron una subametralladora mini-Uzi calibre 9 milímetros junto con una pistola del mismo calibre. El material de guerra incluía un proveedor para la subametralladora, un proveedor para la pistola y un total de 155 cartuchos calibre 9 milímetros listos para ser utilizados.
En cuanto a la tecnología y comunicaciones, el operativo permitió el decomiso de un dron con su respectivo control, una antena de internet satelital y cuatro teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar los movimientos de la estructura.
También se encontraron tres motocicletas empleadas para el desplazamiento de los cabecillas en la zona rural. La intendencia de los capturados incluía un uniforme pixelado de uso privativo de las fuerzas militares colombianas, lo que sugiere el uso de prendas oficiales para confundir a la población o facilitar sus desplazamientos.
Uno de los hallazgos más relevantes para la investigación fue el material documental y de contabilidad. Las autoridades encontraron un sello de la estructura de finanzas y cuatro agendas que contenían información detallada sobre las nóminas de la organización, los registros de pagos recibidos y números de contacto de diversas personas vinculadas o afectadas por la organización.
Además, se incautaron 10 panfletos del Frente Iván Merchán con citaciones, 70 panfletos en blanco y 63 panfletos de "paz y salvo" que eran entregados a quienes ya habían realizado los pagos de las extorsiones.
¿Cuál es la situación jurídica actual de los detenidos tras las audiencias?
Luego de las capturas en flagrancia, los tres hombres fueron trasladados para ser presentados ante la justicia. En una audiencia pública frente a un juez de control de garantías, se determinó que el procedimiento de captura, el allanamiento a la finca y la incautación de los elementos se realizaron bajo todos los parámetros legales.
“El juez de control de garantías dio legalidad a sus capturas, al allanamiento y a los elementos incautados”, informaron fuentes judiciales sobre el inicio del proceso penal.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por delitos graves, entre ellos la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones de uso restringido y de uso privativo de la fuerza pública.
Asimismo, se les acusó del delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Durante la diligencia, ocurrió un hecho procesal significativo cuando alias Junior, el señalado cabecilla financiero, decidió aceptar todos los cargos que se le imputaron.
Al finalizar la audiencia, el juez decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para los tres sujetos, quienes deberán enfrentar el resto del proceso judicial desde prisión.
