Recorte a la JEP divide a expertos entre la alerta por víctimas y la falta de jueces en Colombia

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad le dijo a Minuto60 que el recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado este miércoles en primer debate del presupuesto de 2027, va en contra de una de las recomendaciones que la Comisión dejó en su informe final.

Miguel Suárez, director del área de Paz y Desarrollo de la Fundación Ideas para la Paz (Fip), advirtió que el recorte deja en incertidumbre a más de 10.000 exguerrilleros y al menos 6.000 militares que se sometieron a la JEP. Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), defendió que la justicia ordinaria necesita más jueces, y Francisco Bernate Ochoa, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo que la JEP seguirá funcionando con menos plata.

Las comisiones económicas del Senado y de la Cámara aprobaron el presupuesto con 56 votos a favor y 12 en contra. El recorte cae sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la JEP: $140.000 millones salen de inversión y $30.000 millones de funcionamiento. De esa plata, $100.000 millones pasan a la Rama Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura.

Ramelli, presidente de la JEP, pidió respaldo internacional por el recorte. Foto: Colprensa.

¿Qué recomendación de la Comisión de la Verdad vulnera el recorte a la JEP?

El recorte vulnera la recomendación de ajustar la política de reparación a las víctimas bajo el principio de no regresividad, que impide retroceder en derechos ya reconocidos, según el Comité. "El recorte de al menos $100.000 millones a la JEP vulnera esta recomendación, pues la justicia transicional no puede ser una variable de ajuste presupuestal ni un componente accesorio. Sin justicia no hay garantías de no repetición y sin reparación no hay reconocimiento efectivo de las víctimas. Además, la Constitución prohíbe invocar la sostenibilidad fiscal para restringir derechos fundamentales", respondió.

El Comité lo integran Julia Eva Cogollo Cabarcas, Armando Custodio Wuoriyu Valbuena, Dorys Ardila Muñoz, Esther Marina Gallego Zapata, Wilson de Jesús Castañeda Castro, Marco Alberto Romero Silva y Olga Amparo Sánchez Gómez. Sobre el Gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella, dijeron que lleva "muy poco para tener un balance", pero advirtieron que "un proyecto que contempla una reducción del 37 % en el presupuesto de paz para 2027 es claramente un riesgo de regresividad presupuestal y una señal de alerta sobre la capacidad real del Estado".

Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad pidió al Congreso asegurar plata para la JEP. Foto: Colprensa.

Sobre su propia financiación, respondieron que, según el análisis que revisaron, el rubro de "implementación, verificación y seguimiento" bajaría 28,4 % en 2027. "Cuando la paz pierde presupuesto, la implementación pierde capacidad", escribieron.

"La JEP está en un momento sensible, avanzando hacia la ejecución de sus primeras sanciones", dijo el Comité. La jurisdicción declaró este mes el inicio de la ejecución de las sanciones al antiguo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por el caso de secuestros. El Comité respondió que "respalda plenamente la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz" y que "cualquier reducción presupuestal a las entidades del Sistema Integral de Paz afecta el cumplimiento integral del Acuerdo".

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, las organizaciones del Espacio de Litigio Estratégico, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, calcularon en un comunicado del 22 de septiembre un faltante de $52.366 millones para 2027.

"El Congreso tiene hoy una responsabilidad histórica con la paz", escribió el Comité, que le hizo seis peticiones al Congreso antes de las plenarias:

• Revisar el impacto de las reducciones sobre los seis puntos del Acuerdo Final.

• Garantizar recursos para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la reincorporación, la sustitución de cultivos y la participación política.

• Asegurar el presupuesto de la JEP para ejecutar sus sanciones.

• Exigirle al Gobierno que corrija y haga público el 'Trazador de Paz', para saber cuánta plata llega a los territorios.

• Preservar el núcleo esencial de los derechos de las víctimas.

• Hacer una evaluación de impacto en derechos humanos y construcción de paz antes de aprobar cualquier reducción.

¿Qué regiones sentirían primero el recorte a la JEP?

Nariño, el norte del Cauca, Urabá y el Catatumbo (Norte de Santander) serían las primeras regiones en sentir el recorte, según Suárez, porque allí la JEP tiene casos territoriales y el conflicto sigue activo. "Ahí las audiencias no son un trámite. Son el único momento en que víctimas que nunca van a viajar a Bogotá se sientan frente a los responsables", dijo. Si las audiencias se concentran en Bogotá o pasan a ser virtuales, "esas víctimas campesinas, indígenas y afro quedan por fuera", agregó.

"Estas personas reconocieron responsabilidad, contaron la verdad y aceptaron sanciones restaurativas porque el Estado les ofreció un marco estable. Si ese marco se desfinancia o se cambia a mitad de camino, lo que se escucha en los territorios es que la palabra del Estado es negociable", respondió Suárez sobre los comparecientes. "Una sanción restaurativa sin recursos se queda en el papel". También habló de futuras negociaciones con grupos armados: "Lo primero que evalúa un grupo armado es si el Estado cumple. Si ve que un sistema pactado se desfinancia y le cambian las reglas a los diez años, concluye que un acuerdo dura lo que dura el gobierno con el que negociaron".

Miguel Suárez, de la FIP, habló de las regiones que sentirían el recorte a la JEP. Foto: Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El director del área de Paz y Desarrollo de la FIP recordó que en julio, en el Consejo de Seguridad de la ONU, los países destacaron que la JEP ya tiene sentencias en firme contra el antiguo Secretariado de las Farc y contra militares, y que la cooperación internacional pone recursos para las sanciones restaurativas.

"La Corte Penal Internacional cerró su examen sobre Colombia confiando en que la justicia nacional funcionaría. Si se debilita la JEP, estos casos, incluyendo los de militares, podrían volver a mirarse desde afuera", dijo. Sobre el recorte, un proyecto para cerrar la JEP en 2028 y otro para que la justicia militar revise sus fallos, respondió: "Desde la FIP no leemos intenciones, pero sí miramos efectos. (...) El resultado práctico es una jurisdicción con menos recursos, menos tiempo y fallos en duda".

La senadora del Centro Democrático María Claudia Posada cuestionó en sus redes sociales que la JEP destinó $114.202 millones al arriendo de su sede, $31.374 millones a operadores logísticos de eventos y $23.963 millones a tiquetes aéreos. Suárez respondió que la JEP debe rendir cuentas con cifras claras y corregir los gastos que no se justifiquen, pero que "una cosa es exigir eficiencia y otra es recortar sin distinguir. La mayor parte del recorte no cae sobre tiquetes ni eventos: cae sobre inversión, que es lo que financia audiencias en territorio, atención a víctimas y sanciones restaurativas".

Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han… pic.twitter.com/PJqvtenKFj

— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 24, 2026

¿Cuántos jueces tiene Colombia, según la CEJ?

Colombia tiene 10,98 jueces por cada 100.000 habitantes, la misma cifra de antes de la Constitución de 1991, dijo Herrera. "Y eso es deficitario, porque los sistemas más avanzados hablan incluso de números que superan los 30 o 40 jueces por cada 100.000 habitantes", agregó. "El año pasado, por ejemplo, se presentaron más de un millón de tutelas y son los mismos jueces".

Para el director de la CEJ, lo que se discute no es un recorte a la justicia: "La propuesta que se ha divulgado no es recortarle a la justicia un monto del presupuesto, sino que teniendo en cuenta el factor de eficiencia, trasladar de un sistema de justicia a otro una partida presupuestal importante". Sobre si los $100.000 millones son un argumento político, respondió que "nosotros no entramos en debates políticos" y que la rama ordinaria "requiere más presupuesto para una mayor creación de despachos judiciales, claro que sí".

Herrera también le hizo una advertencia a la Judicatura: "Nosotros le hemos exigido a la judicatura que si llega a tener más recursos los utilice de manera idónea, de manera oportuna, porque también en el pasado hemos criticado cuando la judicatura, sin explicación alguna, presenta muy bajos niveles de ejecución presupuestal, sobre todo en lo que hace del gasto de inversión".

La CEJ pide medir a la JEP por lo que reciben las víctimas

Hernando Herrera Mercado, director de la CEJ, habló del déficit de jueces. Foto: CEJ.

"Deben existir otros criterios para medir la gestión de la JEP que deben superar la discusión sobre el número de providencias. Y ello debe ir dirigido para nosotros en cuanto al acogimiento de los derechos de las víctimas", respondió Herrera. El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sostuvo que la JEP emitió cuatro sentencias; el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, respondió que son más de 3.600. Herrera dijo que en esa discusión la CEJ no va a entrar.

"Nosotros siempre hemos considerado a la JEP y la hemos respetado, un sistema de administración de justicia válido, pero también hemos reclamado cuando la JEP ha perdido desafortunadamente el rumbo, como en el caso Santrich, que resultó un caso supremamente penoso", dijo. También afirmó que las Farc "en muchos de los puntos no ha cumplido de manera integral" y cuestionó a la exsenadora Sandra Ramírez, a quien la Jep citó a rendir versión en el caso de reclutamiento de menores. Según Herrera, ella dijo que no le constan hechos que la misma JEP calificó como macrodelitos, "de manera leve y revictimizando".

Sobre la carta de Ramelli a la Corte Penal Internacional, Herrera respondió que el Congreso es "el escenario democrático" para esa discusión, pero que "no se puede descalificar entonces a ningún órgano judicial por el solo hecho de presentar reclamos, peticiones o disensos". A la pregunta de si recortar la JEP es perseguirla, contestó que "esa ya es una discusión política". La CEJ, recordó, defendió la independencia judicial frente al Gobierno de Gustavo Petro y frente al de Iván Duque, cuando se propuso unificar las cortes.

¿Qué pasa con militares y exFarc si recortan la JEP?

"Si la JEP se recorta no pasa nada a un militar o a un exFarc porque (...) ella va a seguir funcionando, con menos recursos pero va a seguir funcionando", respondió Bernate. Para el penalista, "se trata simplemente de un ajuste presupuestal que básicamente les permitiría trabajar con el mismo presupuesto de este año". La JEP opera en 2026 con cerca de $744.659 millones, según la cifra que dio el presidente De La Espriella.

"100.000 millones de pesos para la justicia ordinaria pues naturalmente resuelven problemas. Digamos que la crisis es bastante profunda, es muy estructural, pero cualquier recurso adicional que pueda entrar a la rama judicial siempre ayudará muchísimo al trabajo que día tras día hacen nuestros jueces", dijo. Sostuvo que "el Estado colombiano no está incumpliendo" y que "tal vez la JEP tendría que reorganizarse porque algunas de sus salas pues ya no tienen mucho sentido en la medida en que ya evacuaron su misión".

Bernate sí rechazó que la justicia penal militar revise las condenas de la JEP contra uniformados: "Es contrario a lo presupuestado en el acuerdo. La Jurisdicción Especial para la Paz es autónoma, no está subordinada a la justicia penal militar de manera pues que no se ve como algo viable".

Francisco Bernate dijo que la JEP seguirá funcionando con menos plata. Foto: Colprensa.

¿Cómo pasó el recorte de $100.000 a $170.000 millones?

La cifra subió en la ponencia que construyeron el Gobierno y varias bancadas del Congreso, que le sumó $70.000 millones a la propuesta inicial de Enrique Gómez. El senador radicó el jueves 17 de septiembre una proposición para trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. "La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las Farc y a garantizar una simulación de penas", afirmó. Gómez sostuvo que la jurisdicción tiene más de 1.400 cargos de planta y más de 1.200 contratistas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es su hermano.

El presidente De La Espriella respaldó la propuesta en su cuenta de X con un "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!".

"En tiempos de austeridad y dificultad fiscal, hay que hacer recortes en cosas inútiles como la JEP, que no le ha servido para un carajo a Colombia", le dijo a Minuto60 el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, en el análisis que publicamos sobre el futuro de la JEP. Tras el primer debate, Meisel y Gómez presentaron el recorte como una cuota de sacrificio de la JEP ante la situación fiscal.

¿Qué respondió la JEP al recorte?

Ramelli calificó las propuestas como "una estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la justicia penal militar" y dijo que son "el más grave ataque que hemos sufrido contra nuestra independencia y autonomía". Lo dijo el viernes 18 de septiembre, en la rendición de cuentas de la jurisdicción en la Universidad Externado. "Deberían ser más honestos y sinceros y proponen más bien acabar la JEP directamente y no a través del presupuesto", agregó.

#Política | El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que la reducción de $170.000 millones dejaría a la entidad “inoperante”.

Durante una reunión con congresistas del Pacto Histórico, hizo un llamado al Legislativo y al Gobierno a reflexionar sobre el recorte… pic.twitter.com/KkahI1aZi9

— Minuto60 (@minuto60com) September 24, 2026

Ese mismo día envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y anunció que llevaría el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los países garantes del Acuerdo de Paz.

Según la carta, el traslado de $100.000 millones se lleva el 62 % de la plata para compra de bienes y servicios, que suma $161.271 millones, y compromete $62.478 millones en convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cuidar a quienes intervienen ante la jurisdicción. La JEP ya arrastraba un faltante de $84.663 millones para 2027.

Tras la votación del miércoles, el magistrado Raúl Sánchez intervino ante las comisiones económicas: "Sería la primera vez en la historia que una entidad pública es sometida a la quiebra, se dejarían de hacer audiencias en los territorios, se dejaría de prestar seguridad a las víctimas, no habría seguridad jurídica a los diferentes comparecientes". Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, le pidió al Gobierno decir de frente si quiere acabar con la JEP, y las madres de falsos positivos le pidieron al Congreso no recortar el presupuesto.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la JEP?

"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos", respondió De La Espriella el domingo 20 de septiembre. El Jefe de Estado dijo que la JEP recibió más de tres billones de pesos desde 2018, que para 2027 pidió $947.642 millones y que el proyecto del Gobierno le asignó $821.803 millones.

"Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", escribió en X. Sobre la carta de Ramelli, afirmó: "No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación". Y cerró con una advertencia: "No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas".

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que "no queremos eliminar la JEP" y que la jurisdicción "tiene que hacer un esfuerzo. Son billones de pesos y hay que recortar entre todos para hacer austeridad". En campaña, De La Espriella había llamado a la JEP "una farsa".

Los dos proyectos sobre la JEP que llegaron al Congreso

Salvación Nacional y el Centro Democrático radicaron este miércoles dos proyectos que cambian el funcionamiento de la JEP, el mismo día del primer debate del presupuesto. El de Enrique Gómez es una reforma a la Constitución que fija marzo de 2028 como fecha de cierre de la jurisdicción, impide prorrogarla cinco años más y pasa los casos pendientes a la justicia ordinaria. Gómez calificó a la JEP como "un fortín burocrático".

El del Centro Democrático crea una revisión automática, a cargo de un Tribunal Superior Militar y Policial, de las sanciones que la JEP imponga a militares y policías. Ese tribunal podría confirmar, cambiar o revocar las decisiones, sin aumentar las penas. "Dejar el trabajo de la JEP a la mitad del camino es muy poco serio por parte del Estado colombiano", dijo la magistrada de la JEP Catalina Díaz.

Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen hasta la medianoche del 20 de octubre para aprobar el presupuesto de 2027. Si el Congreso no lo expide en ese plazo, el Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que rige el proyecto del Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate, entre ellas el recorte a la JEP.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto le recortaron a la JEP en el presupuesto de 2027?

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate un recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jep: $140.000 millones de inversión y $30.000 millones de funcionamiento.

¿El recorte a la JEP ya es definitivo?

No. Falta la votación en las plenarias del Senado y de la Cámara, que tienen plazo hasta el 20 de octubre. Si no aprueban el presupuesto a tiempo, rige el proyecto del Gobierno con los cambios del primer debate, incluido el recorte.

¿A dónde va la plata que le quitan a la JEP?

$100.000 millones pasan a la Rama Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura. El Gobierno y los ponentes defendieron que la justicia ordinaria tiene procesos represados y despachos congestionados.