Estas son los dos proyectos de ley que buscan modificar la JEP desde el Congreso
En el Congreso de la República ya fueron radicados dos proyectos de ley que buscar cambiar las reglas de la JEP y su funcionamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo enfrenta la discusión en el Congreso de un posible recorte de $ 170 mil millones a su presupuesto en 2027. Ahora tendrá que sumarle dos iniciativas que fueron radicadas en el Legislativo con el fin de modificar su funcionamiento y las reglas bajo las cuales opera.
Ambas propuestas fueron presentadas el miércoles 23 de septiembre. Una fue impulsada por Salvación Nacional, partido que coavaló al presidente Abelardo De La Espriella, y la otra por el Centro Democrático, una de las principales bancadas de Gobierno en el Congreso.
La primera iniciativa tiene como autor principal al senador Enrique Gómez Martínez y busca impedir que la JEP extienda su funcionamiento más allá del plazo establecido. Actualmente, la jurisdicción tiene previsto un periodo de funcionamiento de 10 años y existe la posibilidad de una extensión por cinco años adicionales bajo determinadas condiciones. El proyecto pretende eliminar esa posibilidad y establecer que el tribunal termine sus funciones en marzo de 2028.
Lo que busca Gómez es que no se permita la ampliación de cinco años y que, una vez cumplido el plazo, se establezca un mecanismo para definir qué ocurrirá con los procesos que continúen pendientes. La propuesta contempla que esos casos puedan pasar a la justicia ordinaria, manteniendo determinadas garantías procesales y permitiendo que la Fiscalía asuma las labores de investigación y acusación que sean necesarias.
El senador Rafael Nieto es uno de los principales impulsores del otro proyecto, presentado por el Centro Democrático. Este pretende crear una especie de segunda instancia para las sanciones impuestas por la JEP a militares y policías.
De ser aprobado, el Tribunal Superior Militar y Policial tendría que revisar de manera automática las sentencias sancionatorias contra miembros de la Fuerza Pública y podría confirmarlas, modificarlas o revocarlas. La iniciativa establece además que cualquier modificación tendría que favorecer al sancionado y no podría aumentar la sanción inicialmente impuesta.
Así, mientras un proyecto pone sobre la mesa la fecha de cierre de la JEP, el otro busca modificar la forma en la que pueden ser revisadas sus decisiones cuando involucran a integrantes de la Fuerza Pública.
¿Cuáles son los proyectos que buscan modificar la JEP?
En total son dos proyectos de acto legislativo que buscan intervenir en la Jurisdicción Especial para la Paz y que fueron presentados en medio de una discusión más amplia sobre el futuro de esta justicia transicional.
El primero fue radicado por Enrique Gómez, de Salvación Nacional. La iniciativa plantea modificar las reglas constitucionales que determinan la duración de la JEP para establecer un periodo máximo e improrrogable de diez años. Con esa modificación, la jurisdicción tendría que concluir sus funciones en marzo de 2028 y no podría acceder a una nueva extensión.
El proyecto también contempla qué hacer con los procesos que todavía estén abiertos cuando llegue esa fecha. De acuerdo con el texto conocido, los casos pendientes podrían ser trasladados a otras instancias de la justicia, conservando las garantías de quienes están sometidos a la JEP. La Fiscalía General de la Nación tendría además un papel en las labores de investigación y acusación que deban continuar.
La propuesta de Gómez llega mientras la JEP entra en una etapa en la que varias de sus investigaciones avanzan hacia el juzgamiento. Precisamente, ese es uno de los puntos que genera preocupación dentro de la jurisdicción.
La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, cuestionó que se plantee el cierre de la jurisdicción justo cuando empiezan algunas de las etapas que considera pendientes.
“Dejar el trabajo de la JEP a la mitad del camino es muy poco serio por parte del Estado colombiano”, afirmó.
La Magistrada de la JEP, Catalina Díaz, cuestionó el proyecto de ley del senador Enrique Gómez de no renovar el periodo de la entidad por cinco años más. Dijo que el tiempo restante es para esclarecer los delitos de quienes no han reconocido su responsabilidad. pic.twitter.com/7ZpjR8ppwb
— Minuto60 (@minuto60com) September 24, 2026
Díaz recordó que la JEP fue creada por 15 años y que actualmente han transcurrido ocho años desde su puesta en funcionamiento. Según explicó, la jurisdicción ha avanzado en las investigaciones contra los máximos responsables, pero todavía existe un grupo que no ha reconocido responsabilidad y cuyos procesos deberán avanzar hacia juicios adversariales.
La magistrada puso como ejemplo el proceso contra un antiguo integrante de las FARC conocido como “El Enfermero”, relacionado con abortos forzados, así como los procesos contra máximos responsables por falsos positivos y por el genocidio de la Unión Patriótica que no han reconocido responsabilidad.
Su cuestionamiento se concentra precisamente en el momento en que se produciría el eventual cierre. “¿Por qué se quiere acabar la JEP justamente cuando van a empezar los juicios contra los que no han reconocido responsabilidad?”, planteó.
El segundo proyecto fue presentado por el Centro Democrático y tiene como uno de sus principales voceros al senador Rafael Nieto. La propuesta busca establecer una revisión judicial automática de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
La diferencia frente al funcionamiento actual estaría en que los militares y policías sancionados no tendrían que solicitar individualmente esa revisión. El procedimiento se activaría de manera automática y estaría en manos del Tribunal Superior Militar y Policial.
Ese tribunal tendría la posibilidad de confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP, teniendo como referencia el Derecho Internacional Humanitario, el derecho operacional y las garantías constitucionales. El proyecto contempla además el principio de no reforma en perjuicio, por lo que una eventual modificación no podría aumentar la sanción impuesta.
La propuesta parte de la posición del Centro Democrático de que los integrantes de la Fuerza Pública deben contar con una instancia especializada para revisar las decisiones adoptadas en su contra por la JEP. Rafael Nieto ha defendido que ese juez debe tener conocimiento específico del derecho internacional humanitario y del derecho operacional.
¿Qué dicen los magistrados de la JEP sobre las iniciativas?
Desde la JEP, las dos iniciativas son observadas desde perspectivas diferentes, pero ambas generan reparos relacionados con el funcionamiento de la jurisdicción y el cumplimiento de su mandato constitucional.
Sobre el proyecto que busca establecer el cierre de la JEP en 2028, la magistrada Catalina Díaz sostuvo que la discusión llega cuando todavía existen investigaciones y procesos que deben avanzar hacia su etapa de juicio.
Su argumento parte de que una parte importante de los máximos responsables ya reconoció responsabilidad, mientras que quienes no lo hicieron deben enfrentar el procedimiento adversarial previsto dentro del sistema.
Para Díaz, cerrar la jurisdicción en 2028 tendría implicaciones precisamente sobre esos procesos que todavía no han llegado a una decisión definitiva.
La discusión también alcanza el segundo proyecto, el que plantea entregar al Tribunal Superior Militar y Policial la revisión automática de las sanciones contra militares y policías.
El magistrado Mauricio García, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, cuestionó la propuesta al señalar que la Constitución y las normas que desarrollaron el Acuerdo de Paz establecieron el carácter prevalente de esta jurisdicción frente a otras instancias.
“Precisamente la normatividad constitucional y legal lo que estableció claramente, cuando la Corte Constitucional refrendó el Acuerdo de Paz, es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un carácter prevalente sobre cualquier otra jurisdicción”, explicó.
Desde su perspectiva, entregar al Tribunal Superior Militar y Policial la posibilidad de revisar las decisiones de la JEP supondría modificar ese esquema de prevalencia.
García también defendió el trabajo adelantado por la jurisdicción en investigaciones relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública. Según explicó, parte de esos casos ya habían permanecido durante años en la justicia penal militar sin llegar a resultados definitivos.
“Lo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz es rescatar muchas de esas investigaciones de la justicia penal militar que estaban en total impunidad”, afirmó.
El magistrado sostuvo que la JEP ha logrado avanzar en el esclarecimiento de hechos y en la identificación de los participantes en casos que, de acuerdo con su explicación, no habían tenido resultados suficientes durante años.
Por eso, consideró que permitir que la Justicia Penal Militar revise las decisiones de la JEP sería contradictorio con el papel que, según él, ha desempeñado la jurisdicción en esos procesos.
Las dos iniciativas apenas comienzan ahora su trámite legislativo. Una pone en discusión cuánto tiempo debe funcionar la JEP y la otra quién debe tener la última palabra sobre las sanciones impuestas a miembros de la Fuerza Pública.
Mientras el Congreso empieza a estudiar ambas propuestas, dentro de la JEP la discusión se cruza con una etapa determinante de sus procesos: el paso de varias investigaciones hacia los juicios y la definición de responsabilidades que todavía permanecen pendientes.
