¿'La Estrategia del Caracol' en Bosa? Fijan fecha para desalojo masivo de un barrio
El desalojo de un barrio en Bosa deberá ejecutarse el 6 de mayo. El juez advirtió que el incumplimiento puede derivar en arrestos.
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Un desalojo en Bosa ha generado polémica y todo tipo de comentarios luego de entrar en su fase definitiva. Un juzgado de Bogotá ordenó cumplir, sin más excusas, la restitución de un predio ocupado desde hace años, por cerca de 1.000 personas. La fecha quedó fijada como improrrogable para el 6 de mayo de 2026 a las 8:00 de la mañana.
La decisión llega tras una cadena de aplazamientos que han impedido ejecutar una orden de tutela emitida desde 2024. Aunque la Inspección de Policía ha adelantado mesas técnicas, convocatorias institucionales y planeación del operativo, lo cierto es que la diligencia no se ha materializado por falta de coordinación, ausencia de entidades clave y debilidades logísticas.
El juez dijo ue las órdenes de tutela son de cumplimiento inmediato y no pueden depender indefinidamente de trámites administrativos o de la disponibilidad institucional. Es decir, dejó establecido que el desalojo en Bosa debe ejecutarse en la fecha prevista, garantizando derechos, pero sin más dilaciones.
El abogado demandante, Juan José Rodríguez, dijo que "hasta la fecha no ha sido restituido el predio a Sotrandes, causando con ello enormes perjuicios a la empresa y a la comunidad que se ha visto privada al derecho de gozar de un servicio público de transporte".
¿Qué pasará con el desalojo en Bosa?
Uno de los puntos más sensibles fue la solicitud de suspender el desalojo por parte de representantes de los ocupantes del predio. Argumentaban la existencia de nuevas familias no vinculadas al proceso, la falta de censos completos y posibles vulneraciones al debido proceso.
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El juzgado negó esa petición y explicó que, aunque se deben proteger los derechos de la población vulnerable, esas garantías deben implementarse durante la diligencia y no como condición para frenarla. En otras palabras, el desalojo sigue adelante, pero con acompañamiento institucional.
En paralelo, la empresa dueña del predio había solicitado sanciones inmediatas contra el inspector de Policía por incumplir la orden judicial. El juez reconoció que sí ha habido retrasos importantes, pero también valoró que se han realizado gestiones para cumplir.
Entre 2019 y 2014 hubo total ausencia del fallo y como consecuencia hoy tenemos la obligateriedad de ejecutar la diligencia de desalojo.
Fabián Ramírez, alcalde local de Bosa
Por eso, decidió no imponer sanciones en este momento, aunque dejó una advertencia clara frente a lo que pueda ocurrir si el incumplimiento continúa.
Otro punto clave de la decisión fue el llamado de atención a las entidades públicas. Durante el proceso, algunas habrían condicionado su participación a que la empresa privada asumiera costos logísticos del operativo.
Decisión del Juzgado 50 Penal Municipal
El auto, deja claro que la ejecución de una orden judicial es responsabilidad del Estado. Esto incluye garantizar seguridad, logística, atención social, gestión del riesgo y presencia institucional suficiente para desarrollar el desalojo en condiciones adecuadas.
Por ello, ordenó la participación obligatoria de múltiples entidades del Distrito, organismos de control, fuerza pública y servicios de emergencia. También advirtió que la inasistencia, la falta de articulación o el incumplimiento de funciones puede derivar en responsabilidades legales directas.
¿Habrá cárcel si no se cumple el desalojo en Bosa?
La decisión abre un escenario de alto impacto institucional porque si el desalojo en Bosa no se ejecuta el 6 de mayo, el juez podrá iniciar un incidente de desacato, una figura legal que sanciona el incumplimiento de órdenes de tutela.
La ley contempla sanciones como multas y privación de la libertad hasta por seis meses para los funcionarios responsables. No se trata de una condena penal tradicional, pero sí de una medida efectiva que puede implicar detención, pero estas sanciones no son automáticas y primero debe comprobarse quién incumplió la orden y en qué medida.
La responsabilidad no recae de manera general sobre todas las entidades, sino sobre funcionarios específicos. En primer lugar, el foco estaría en el inspector de Policía de Bosa y en los encargados directos de ejecutar el desalojo, quienes tienen la obligación principal de cumplir la orden judicial.
Si se evidencia que otras entidades no asistieron, no coordinaron o incumplieron sus funciones, el proceso puede extenderse a funcionarios de secretarías distritales, organismos de seguridad y entidades de apoyo.
