Los poderosos dueños del lote que quieren desalojar en Bosa y su relación con TransMilenio
Un predio ocupado por cientos de familias en Bosa debe ser restituido a Sotrandes, empresa ligada a operadores de TransMilenio.
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El desalojo de un lote en Bosa, en el que actualmente viven cerca de 1.000 personas, se convirtió en un tema relevante para la comunidad y la ciudad, esta vez por una mezcla de factores que van más allá de un conflicto por ocupación de tierras. Detrás del predio está Sotrandes, una empresa histórica del transporte que hoy forma parte de un entramado empresarial con fuerte presencia en el sistema de TransMilenio.
El caso tiene origen en un proceso que se arrastra desde hace varios años, cuando un terreno empezó a ser ocupado de forma progresiva hasta consolidar un asentamiento con cientos de familias. La disputa llegó a los tribunales y terminó con una orden de tutela en 2024 que obliga a devolver el predio a Sotrandes, que argumenta afectaciones económicas y limitaciones para operar servicios de transporte en esa zona.
Desde entonces, el cumplimiento de esa orden ha estado lleno de aplazamientos. Las autoridades han insistido en que no existen condiciones de seguridad suficientes, que falta articulación institucional y que la magnitud del asentamiento obliga a planear cuidadosamente cualquier intervención. En ese punto, el caso dejó de ser solo jurídico y pasó a ser también social y político.
La tensión escaló cuando se abrió un incidente de desacato por el incumplimiento reiterado de la orden judicial. Esto llevó a que un juez interviniera nuevamente y fijara una fecha definitiva para ejecutar el desalojo. La decisión también dejó un mensaje a las entidades distritales y ordena la restitución del predio a Sotrandes asegurando que no admite más demoras.
¿Quiénes son los dueños de Sotandres?
Para entender el peso de este caso, hay que mirar quién está detrás de la empresa que reclama el terreno. Sotrandes no es una compañía menor,´pues se trata de una de las firmas tradicionales del transporte en Bogotá, fundada en los años setenta y vinculada históricamente al negocio de buses urbanos.
Con el paso del tiempo, su operación evolucionó hacia el sistema integrado de transporte, lo que implicó la creación de nuevas empresas para participar en licitaciones y contratos del modelo moderno.
En ese proceso aparece la figura de Víctor Raúl Martínez quien hace parte de la familia que heredó y consolidó el negocio iniciado décadas atrás, y hoy es uno de los principales representantes del grupo empresarial.
Su nombre no solo está vinculado a Sotrandes, ya que también figura como representante legal de compañías como SI99 S.A. y SI02 S.A., estructuras creadas para operar dentro del sistema de TransMilenio y el SITP. Esta fragmentación empresarial responde a la lógica del modelo: diferentes sociedades para distintos contratos, pero con un mismo núcleo de control.
Screen tomado de TransMilenio.gov
Un grupo con presencia en el negocio del transporte masivo
El grupo empresarial asociado a Sotrandes ha tenido participación en distintas fases del sistema de transporte de Bogotá. Empresas como SI99 han estado vinculadas a la operación de buses troncales, mientras que otras compañías han participado en rutas zonales del SITP.
Esto convierte a la familia Martínez en uno de los actores tradicionales del negocio del transporte en la ciudad, con presencia tanto en el modelo antiguo como en el sistema moderno.
Más allá del transporte de pasajeros, en los últimos años también han diversificado su operación hacia servicios logísticos y de carga, ampliando su alcance empresarial. Ese crecimiento explica en parte por qué la recuperación de activos, como el predio en Bosa, se vuelve estratégica para sus intereses.
El choque entre un grupo empresarial y un problema social
El caso de Bosa termina siendo un reflejo de un problema más amplio en Bogotá como el choque entre grandes propietarios, en este caso vinculados a un grupo empresarial con presencia en TransMilenio y comunidades que han ocupado terrenos por necesidad.
Screen tomado de sotrandes.co
Mientras Sotrandes insiste en que necesita recuperar el predio para su operación y evitar pérdidas económicas, las autoridades enfrentan el reto de ejecutar una orden judicial sin vulnerar derechos fundamentales de las familias que viven allí.
Ese equilibrio es el que ha frenado durante meses el cumplimiento de la decisión, pero con el nuevo pronunciamiento judicial, el margen de maniobra se reduce.
La orden ya está sobre la mesa y el mensaje del juez es contundente: el desalojo debe ejecutarse. Lo que está por verse es cómo se llevará a cabo en un contexto donde confluyen intereses empresariales, decisiones judiciales y una realidad social compleja.
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Detrás del operativo no solo está la restitución de un terreno. También está en juego el papel de uno de los grupos tradicionales del transporte en Bogotá y su capacidad de hacer valer sus derechos en medio de uno de los debates más sensibles de la ciudad.
