Si el presidente Gustavo Petro participa en política, ¿quién puede sancionarlo?
Los mensajes del mandatario en su cuenta de X han generado cuestionamientos por presunta participación en política.
Siguen aumentando los cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, así como desde las veedurías electorales y los organismos de control a la abierta participación en política que viene haciendo el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.
Solo el viernes, el mandatario publicó siete mensajes en los que hablaba directamente de los competidores de Iván Cepeda, el candidato de su partido a la Presidencia de la República. En ellas criticaba a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia; al presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, que anunció el respaldo de su partido a Valencia, al expresidente Álvaro Uribe, y a la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo.
Así mismo, se reunió con la bancada electa del Pacto Histórico en Casa de Nariño y aunque señalan que el encuentro quedó en manos del ministro Armando Benedetti, la foto incomodó a muchos.
Junto al presidente @petrogustavo recibimos en la Casa de Nariño a las y los congresistas electos del Pacto Histórico el pasado 8 de marzo. Más que una reunión de trabajo fue un encuentro donde los felicitamos por el triunfo y les deseamos éxitos en este nuevo reto que el pueblo… pic.twitter.com/Ntd0D2pyAA
— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 14, 2026
La Constitución Política, el Código Único Disciplinario y el Código Penal les prohíben a los funcionarios "intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política”. Pero esto no parece preocuparle al presidente.
La pregunta, sin embargo, es, ¿si es evidente la participación en política por parte del presidente por qué no hay forma de impedir que lo haga?
¿Qué dicen los expertos?
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y reconciliación (PARES), asegura que el presidente disfraza sus comentarios sobre el país con llamados políticos, que de esta forma se mueve en las “zonas grises” que deja las mismas leyes.
“Lo que hace Petro es irse por las zonas grises, donde hace un llamado a la continuidad de su proyecto político progresista, pero sin hacer un llamado especifico a que voten por Iván Cepeda o los candidatos de su partido” señala.
Algo similar pasa con el sistema de medios públicos RTVC, en donde los candidatos más cercanos a la izquierda, como Iván Cepeda y Roy Barreras han sido invitados a dar extensas entrevistas en estudio, mientras que a los candidatos de oposición como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella prácticamente no se les menciona o si se hace es por razones negativas. Aunque recientemente se conoció un video en el que una periodista de los medios públicos intentó entrevistar a la candidata del Centro Democrático en un evento, pero ella se negó a dar la entrevista.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea envió un informe que alertó sobre el peligro que constituye esta práctica para la transparencia de las elecciones.
“La televisión y la radio estatales cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del Gobierno. También favorecieron al Pacto Histórico y a la Consulta Frente por la Vida. La cobertura de la campaña de los partidos de la oposición fue limitada y, a menudo, en tono negativo”, advirtieron.
Además, las cuentas oficiales de varias entidades estatales realizaron 2.658 publicaciones de nueve ministerios diferentes durante el mes de febrero para difundir mensajes políticos e incluso convocar a la protesta en las calles, incluso cuando estas prácticas contravienen la legislación colombiana.
Para Bonilla, esta actuación de RTVC si se aleja de las zonas grises al violar directamente la ley y convertirse en “un medio propagandístico y cada vez más explícitamente a favor del proyecto político del presidente Petro. Aquí están interviniendo explícitamente y los medios públicos no deberían intervenir en política de ninguna manera”.
Ante este panorama, señala la analista, la urgencia de una reforma política para dejar claros las prohibiciones que deberían cumplir los funcionarios públicos, porque además de las demoras en las respuestas e investigaciones de los entes de control como la Procuraduría, se suman los vacíos jurídicos que deberían ser actualizados.
“Hoy, la realidad democrática es muy distinta en 2003 cuando se incluyó esta norma porque en ese tiempo era impensable pensar en un partido de izquierda con posibilidades reales de llegar al poder. Se necesita volver a regular la intervención en política”, agrega la experta.
¿Quién investiga al presidente?
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es el órgano encargado de investigar a los presidentes, pero históricamente ha sido cuestionado por su nulo accionar y su eficacia y no se ha pronunciado al respecto.
Como el presidente no cumple la ley, sus funcionarios y sus ministros tampoco. Incluso, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó duramente al ministro del interior, Armando Benedetti, por burlándose de los “quemados” del Congreso y sugirió que la Procuraduría debería intervenir.
“Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, cuestionó.
La Procuraduría también ha tomado parte en estas advertencias, aunque por el momento estas alertas no se han traducido en sanciones. El viernes, precisamente, la entidad anunció el inicio de una actuación preventiva ante las denuncias sobre el posible uso de los medios públicos para promover determinadas campañas y solicitó información al respecto a RTVC, al MinTIC y al Consejo Nacional Electoral.
Otras áreas de la Procuraduría ya se han pronunciado sobre el efecto negativo que tiene para nuestra democracia la falta de parcialidad por parte de los medios de comunicación que deben estar al servicio de todos los colombianos
“En este contexto electoral se están confundiendo los roles del presidente de la República. Hay que definir unos límites a la participación que tiene el presidente porque se nos está volviendo una frontera gris. Tiene derecho a la expresión política pero no puede decirlo todo”, dijo el viceprocurador Julián Fernández.
Mientras que Juan Carlos Villamil, delegados de la Procuraduría en el control de los escrutinios, señaló: “En RTVC replican las opiniones del presidente Gustavo Petro y generan una afectación en grado de amenaza a esta prestación del servicio electoral. Se pide al presidente que en sus redes sociales y en sus alocuciones omita transmitir afirmaciones u opiniones que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se realizará en el país”.
La Procuraduría ya tiene más de 40 investigaciones por participación indebida en política y el tema es objeto de preocupación para veedurías como la Misión de Observación Electoral en Colombia, pero no es seguro que se pueda moderar la conducta del presidente antes de que terminen las elecciones.
*Información de Colprensa
