Lo que viene en el CNE por presunta violación de topes en campaña de Petro

El Consejo Nacional Electoral, CNE, discutirá la ponencia que fue radicada este martes y que plantea que sí hubo violación de topes electorales en la campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño. La ponencia es de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada y la sala plena la discutiría en aproximadamente dos semanas.

El documento plantea sanciones pecuniarias para los directivos de la campaña, es decir, para el actual presidente de Ecopetrol quien fue gerente de la campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemusy; igualmente, para los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica.

Pero además, de la violación de los topes por cerca de 3.500 millones de pesos, se plantea que hubo financiación irregular, porque se habría recibo recursos de personas jurídicas.

#Política | Ya fue radicada la ponencia que plantea que sí hubo violación en los topes de financiación de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia.

La ponencia se discutirá en aproximadamente dos semanas y plantea sanciones administrativas para los directivos de la campaña… pic.twitter.com/KwMznoUCJ3

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"Es la continuación de lo que la ciudadanía ha venido conociendo a través del primer documento que fueron los cargos que se formularon al primer mandatario, como a los encargados de la parte financiera de la campaña. Esta es la parte que concluye ya con la responsabilidad y la sanción de la que podrían ser acreedores ", afirma el exregistrador Alfonso Portela.

Sin embargo, indica que se deben tener en cuenta tres aspectos en consideración: primero, la discusión que deberá dar el CNE sobre de la caducidad, dado a que seguramente la defensa apelará a este aspecto.

#Política | Uno de los puntos álgidos de la discusión que adelantará el CNE sobre la posible violación de topes en la campaña del presidente Gustavo Petro será si los hechos objeto de investigación ya caducaron. pic.twitter.com/CkoP8gNMGn

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Segundo, que solo la Comisión de Acusaciones podrá sancionar al presidente en caso de que se encuentre responsabilidad; y tercero, la ley 1864 de 2017 que elevó a categoría de delito conductas relacionadas con la financiación, por lo que de esto podrían surgir procesos penales.

"En materia de violación de topes, el primer mandatario según esa misma ley, no es responsable penalmente pero, los demás miembros de la parte financiera sí pueden serlo. Adicionalmente a eso, el mandatario puede resultar investigado, si surgen otras conductas como no reportar, como financiación prohibida", señala Portela.

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¿Se pasó de los topes?

Las campañas electorales tienen unos topes de financiación para sus acciones proselitistas y todo lo relacionado con las acciones que adelanten. Para los magistrados en la campaña de 2022, se habría superado esos topes por 3.500 millones de pesos y se habría registrado financiación irregular.

Dicha financiación, hace referencia a los recursos que se recibieron por parte de Fecode, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO y también al no registro en el reporte de gastos de la campaña a los testigos electorales.

"Esta financiación prohibida tiene que ver con una cuestión puntal como es el caso de Fecode, porque aquí tenemos que ninguna campaña presidencial puede recibir dineros de una persona jurídica", dice Portela.

Según el documento, sobre los testigos electorales se habría efectuado un pago de $177.680.000 a 5.328 testigos, sin embargo, desde la campaña se defendieron señalando que ellos no tenían la función de promover a un candidato sino de supervisar, por lo que para ellos participaron en un periodo que no hace parte de la campaña.

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¿Qué deberá pasar con la ponencia radicada?

La ponencia es la conclusión a la que llegaron los dos magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) luego de evaluar las pruebas, pero se trata por el momento de una propuesta, es decir, todavía debe pasar la evaluación de los demás magistrados en sala plena.

Es por eso, que con la radicación se espera que el debate sea en dos semanas para que cada uno de los miembros del CNE, pueda acoger, refutar o pedir modificaciones sobre el documento.

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Aunque la sala plena de este tribunal está compuesta por nueve magistrados, decidirán ocho, pues no participará la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien es precisamente del Pacto Histórico. Esto, luego de que la recusaran por haber sido testigo electoral en 2022, condición que no informó desde el principio.