Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo que quedarían "inoperantes" por recorte presupuestal
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz dijo que de aprobarse el recorte de los $ 170 mil millones, la entidad quedaría "inoperante".
La discusión por el presupuesto de la JEP para 2027 tomó un nuevo rumbo después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran un recorte de $ 170 mil millones para el sector de justicia transicional. La decisión generó una fuerte reacción del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, quien advirtió que, de mantenerse la reducción, el tribunal podría quedar “inoperante”.
El pronunciamiento se produjo este jueves 24 de septiembre, un día después de la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027. Ramelli habló desde Pitalito, Huila, donde se desarrolla una de las sanciones restaurativas impuestas por la JEP a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc y miembros de la Fuerza Pública.
Desde allí, el magistrado hizo un llamado tanto al Gobierno de Abelardo De La Espriella como al Congreso de la República para que revisen las consecuencias que tendría la reducción de recursos sobre el funcionamiento de la jurisdicción.
“Nosotros somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero también ya en la propuesta inicial nos habían hecho una reducción. Pero con esa reducción de 170.000 que aprobaron ayer, realmente nos dejan inoperantes”, afirmó Ramelli.7
#Política | El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que la reducción de $170.000 millones dejaría a la entidad “inoperante”.
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Durante una reunión con congresistas del Pacto Histórico, hizo un llamado al Legislativo y al Gobierno a reflexionar sobre el recorte… pic.twitter.com/KkahI1aZi9
El recorte todavía no es definitivo. La decisión fue adoptada en las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara durante el primer debate del presupuesto, por lo que el proyecto deberá continuar su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.
¿Qué implica el recorte de $170.000 millones a la JEP?
La reducción aprobada hace parte de los ajustes realizados al presupuesto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se encuentra la JEP.
De acuerdo con la información divulgada sobre la ponencia, de los $170.000 millones de reducción, $140.000 millones corresponden a inversión y $30.000 millones a gastos de funcionamiento. Una parte de los recursos, específicamente $100.000 millones, sería reasignada a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura.
Si el recorte se mantiene durante las siguientes etapas del trámite legislativo, la JEP iniciaría 2027 con un presupuesto cercano a $721.803 millones, frente a los $947.642 millones que había solicitado inicialmente.
Para la dirección de la jurisdicción, la diferencia no representa únicamente un ajuste contable. El secretario jurídico de la JEP, Harvey Danilo Suárez, explicó cuáles serían las áreas que podrían resultar afectadas si prospera definitivamente la reducción.
#Política | El secretario jurídico de la JEP, Harvey Danilo Suárez, advirtió sobre una posible parálisis de la actividad judicial de la entidad si se aprueba el recorte de $ 170.000 millones en el Presupuesto General de la Nación. pic.twitter.com/cYrQAR67c9
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Según Suárez, el impacto sería estructural y podría llevar a una parálisis de la actividad judicial. Entre los servicios que, de acuerdo con su explicación, tendrían dificultades para mantenerse están la representación judicial de las víctimas, la defensa técnica de los comparecientes, el despliegue territorial y el acompañamiento psicosocial.
También mencionó los procesos de mediación restaurativa, el soporte tecnológico necesario para administrar el expediente digital y otros componentes relacionados con el funcionamiento de la jurisdicción.
“En síntesis, sería en términos prácticos la parálisis de la actividad judicial”, sostuvo el secretario jurídico.
Suárez agregó que una reducción de esta magnitud podría afectar la investigación y el juzgamiento de los procesos pendientes, el cumplimiento de las sentencias y las labores de monitoreo y verificación judicial.
Desde esa perspectiva, la JEP sostiene que la discusión presupuestal tiene efectos directos sobre las garantías judiciales y el debido proceso de las personas que hacen parte de los procesos de justicia transicional.
¿Qué dijo Alejandro Ramelli sobre el presupuesto de la JEP?
El presidente de la JEP reconoció que el país atraviesa una situación fiscal que obliga al Estado a revisar sus gastos. Sin embargo, señaló que el tribunal ya había recibido una reducción en la propuesta inicial y que el nuevo ajuste aprobado por las comisiones económicas supera lo planteado originalmente.
El recorte inicial contemplado era de $ 100 mil millones, mientras que durante el trámite del presupuesto la reducción aumentó hasta $ 170 mil millones.
Por eso, Ramelli pidió que el Congreso y el Gobierno revisen nuevamente el impacto de la medida.
“Yo invito al Congreso de la República, al Gobierno Nacional a que reflexionemos”, manifestó el magistrado, quien también aseguró que la JEP está abierta a entregar explicaciones sobre el funcionamiento de la entidad y a someterse al escrutinio de las instituciones.
El presidente del tribunal insistió además en que el debate no debería concentrarse exclusivamente en aspectos administrativos o en cuestionamientos individuales a los magistrados.
“Este no es un debate que lo están llevando a donde no es. Este debate lo están llevando a unos temas administrativos, a unos temas incluso personales. Ese no es el debate”, afirmó.
Para Ramelli, la discusión central debería estar relacionada con las consecuencias que tendría la reducción sobre las víctimas y los comparecientes que hacen parte de los procesos de la JEP.
“El debate es qué pasa con las víctimas. ¿Qué va a pasar con los comparecientes?”, señaló.
¿Qué pasaría con las víctimas y los comparecientes?
Uno de los principales argumentos planteados por la JEP tiene que ver con las personas que actualmente hacen parte de los procesos de justicia transicional.
Ramelli destacó que existen más de 7.000 comparecientes de la Fuerza Pública dentro de la jurisdicción y sostuvo que muchos de ellos tienen procesos pendientes de culminación y esperan obtener seguridad jurídica.
El magistrado puso además como ejemplo el trabajo que actualmente se desarrolla en Pitalito, donde se cumple una sanción restaurativa que involucra a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc y miembros de la Fuerza Pública.
En el cementerio San Antonio de Padua se adelantan labores relacionadas con la recuperación de cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas. Los trabajos hacen parte de las sanciones restaurativas impuestas por la JEP.
Para el tribunal, este tipo de procesos requieren recursos para garantizar el acompañamiento a las víctimas, la participación de los comparecientes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
De ahí que Ramelli haya insistido en que el recorte no debería analizarse únicamente desde el tamaño del presupuesto general del Estado, sino desde las funciones específicas que cumple la jurisdicción.
¿Qué sigue para el presupuesto de la JEP en 2027?
La reducción de $ 170 millones todavía puede cambiar durante el trámite del Presupuesto General de la Nación. Después de la aprobación en las comisiones económicas, el proyecto deberá ser discutido y votado por las plenarias de Senado y Cámara.
Esto deja abierta la discusión sobre el monto definitivo que tendrá la JEP durante 2027.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, Ramelli aseguró que la jurisdicción mantiene abierta la posibilidad de dialogar con el Ejecutivo y con los congresistas.
“Nosotros siempre hemos sido una jurisdicción abierta al diálogo, al escrutinio”, afirmó.
El magistrado también aseguró que la JEP ha invitado al Gobierno Nacional a sentarse a conversar sobre la situación presupuestal de la entidad.
La discusión ocurre además en medio de un debate político más amplio sobre el papel y el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. El recorte presupuestal se suma a otras iniciativas que han planteado modificaciones a la justicia transicional y que actualmente son objeto de discusión en el Congreso.
Por ahora, la cifra de $ 170 millones corresponde a lo aprobado en primer debate y no al presupuesto definitivo de la JEP para 2027. Las próximas votaciones en las plenarias de Senado y Cámara determinarán si la reducción se mantiene, se modifica o es retirada del proyecto.
Mientras ese proceso continúa, la advertencia de Ramelli pone sobre la mesa el impacto que, según la propia JEP, tendría la disminución de recursos sobre la investigación de casos, el acompañamiento a las víctimas, las garantías de los comparecientes y el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción.
