¿Por qué el páramo de Santurbán desató un choque entre Petro y el gobierno de De La Espriella?
Las diferencias sobre minería, agua y protección ambiental reactivaron una controversia que involucra a comunidades, empresas y al nuevo Gobierno.
El páramo de Santurbán volvió a ubicarse en el centro del debate político nacional luego del cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el futuro gobierno de Abelardo De La Espriella. Lo que comenzó con las afirmaciones del designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, terminó reabriendo una discusión que durante más de una década ha enfrentado a ambientalistas, comunidades, empresas mineras y diferentes administraciones alrededor de una pregunta que sigue sin una respuesta definitiva: ¿cómo proteger uno de los ecosistemas más importantes del país sin desconocer las dinámicas económicas de la región?
La controversia surgió después de que Arjona planteara la posibilidad de revisar la política ambiental relacionada con proyectos mineros y defendiera la idea de que el desarrollo económico y la conservación del medioambiente pueden avanzar de manera paralela. Sus declaraciones fueron interpretadas por el presidente Petro como un posible cambio de rumbo frente a la protección del páramo.
A través de su cuenta de X, el mandatario respondió asegurando que la discusión sobre Santurbán ya había sido resuelta en las urnas y reiteró que permitir actividades mineras en zonas cercanas a las fuentes de abastecimiento pondría en riesgo la seguridad hídrica de millones de colombianos.
"Era para decidirlo en las urnas", escribió Petro al responder a las declaraciones del futuro ministro de Ambiente, dejando claro que para su gobierno la protección del ecosistema constituye una prioridad que no debería ser modificada.
El páramo de Santurbán abastece de agua a más de 2,3 millones de personas. Colprensa
Un debate que va mucho más allá de los límites del páramo
Aunque el intercambio de mensajes entre el presidente y el gobierno entrante acaparó la atención pública, el trasfondo de la discusión supera ampliamente el escenario político.
Santurbán representa uno de los debates ambientales más complejos del país porque reúne intereses relacionados con la conservación del agua, la explotación minera, la economía regional, los derechos de las comunidades y el cumplimiento de decisiones judiciales.
Ubicado entre Santander y Norte de Santander, este ecosistema de alta montaña es considerado estratégico por su capacidad para captar, almacenar y distribuir agua hacia ríos, quebradas y acueductos que abastecen a buena parte del nororiente colombiano.
Precisamente por esa función ambiental, organizaciones ciudadanas, expertos y empresas de servicios públicos sostienen que cualquier intervención sobre el páramo debe analizarse con extremo cuidado debido al impacto que podría tener sobre el recurso hídrico.
Uno de los argumentos centrales de quienes defienden una protección estricta del ecosistema es que Santurbán abastece de agua potable a más de 2,3 millones de personas, incluyendo habitantes de Bucaramanga y decenas de municipios de Santander y Norte de Santander.
Para estos sectores, la prioridad consiste en garantizar la conservación de una fuente hídrica estratégica cuya importancia trasciende cualquier proyecto económico de corto plazo.
La minería sigue siendo el principal punto de discusión
Al mismo tiempo que el páramo es reconocido por su riqueza ambiental, también concentra uno de los mayores intereses mineros del país, especialmente por la presencia de importantes reservas de oro.
Durante los últimos años distintas empresas han impulsado proyectos de exploración y explotación minera en áreas cercanas a Santurbán, algunos de los cuales incluso han derivado en procesos judiciales y litigios internacionales.
Los promotores de estas iniciativas sostienen que actualmente existen tecnologías capaces de desarrollar minería con menores impactos ambientales y consideran posible compatibilizar la actividad económica con la conservación del ecosistema.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas insisten en que cualquier intervención minera representa un riesgo para las fuentes de agua, especialmente en un ecosistema tan frágil como el páramo. Esta diferencia de posiciones ha impedido durante años alcanzar un consenso sobre el futuro de la región.
El Comité Santurbán aseguró que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella entregará el páramo de Santurbán a la empresa Aris Mining. X @ComiteSanturban
Las comunidades también reclaman participación
El debate sobre Santurbán no enfrenta únicamente al Gobierno y a los sectores ambientales. También involucra a las comunidades que durante generaciones han vivido de actividades agrícolas y mineras en municipios como Vetas y otros territorios de Soto Norte.
Campesinos y mineros tradicionales han manifestado su preocupación por una delimitación que, según afirman, podría restringir sus actividades económicas y afectar el sustento de cientos de familias.
Por esa razón, insisten en que cualquier decisión relacionada con el páramo debe ir acompañada de alternativas productivas y construirse mediante procesos de participación efectiva con quienes habitan el territorio.
Para estos sectores, proteger el ecosistema no debería significar desconocer las necesidades económicas de las comunidades que históricamente han desarrollado sus actividades en la zona.
La controversia también llegó a los tribunales
Las diferencias sobre Santurbán han trascendido el ámbito político y ambiental para convertirse también en un asunto jurídico.
Más de 30 organizaciones sociales y 136 Juntas de Acción Comunal respaldaron recientemente la suspensión del diálogo con el Ministerio de Ambiente al considerar que el actual proceso de delimitación no cumple con los estándares de participación establecidos por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-361 de 2017.
De acuerdo con los líderes sociales, la participación ciudadana no puede limitarse únicamente a reuniones informativas o al registro de asistentes, sino que debe garantizar que las comunidades tengan una incidencia real en las decisiones que definirán el futuro del territorio.
La discusión gira precisamente alrededor de la forma en que el Estado debe incorporar las observaciones de quienes viven en la región antes de adoptar una delimitación definitiva.
Preocupación por una eventual delimitación progresiva
Otro de los puntos que ha generado inquietud entre organizaciones ciudadanas es la posibilidad de avanzar hacia una delimitación progresiva del páramo.
Ivone González, presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Alto Lebrija, manifestó a la FM su preocupación por esa alternativa al considerar que contradice la posición que durante años sostuvieron tanto el Ministerio de Ambiente como el Tribunal Administrativo de Santander, según la cual el ecosistema debía protegerse de manera integral y no mediante divisiones parciales.
La dirigente también solicitó a la Procuraduría realizar seguimiento al proceso de delimitación y pidió al gobierno de Abelardo De La Espriella revisar las actuaciones adelantadas hasta ahora para garantizar que las decisiones futuras respondan tanto a criterios técnicos como al cumplimiento de las órdenes judiciales.
El presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier explotación del oro desde el páramo de Santurbán contamina el agua. X @petrogustavo
El primer gran reto ambiental del nuevo Gobierno
Aunque el gobierno de Abelardo De La Espriella aún no inicia oficialmente su mandato, las declaraciones de su futuro ministro de Ambiente evidencian que la política minera y la protección de los páramos podrían convertirse en uno de los primeros temas de tensión con la administración saliente.
Hasta ahora no se ha anunciado ninguna decisión concreta sobre proyectos específicos en Santurbán. Sin embargo, el reciente intercambio entre Gustavo Petro y Fabio Arjona demuestra que las diferencias sobre el modelo de desarrollo ambiental seguirán ocupando un lugar central en la agenda nacional.
Más allá del choque político, Santurbán continúa representando un desafío para cualquier gobierno. La discusión no solo enfrenta visiones distintas sobre la minería y la conservación, sino que también obliga a encontrar un equilibrio entre la protección del agua, el desarrollo económico regional, los derechos de las comunidades y el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional.
Con el inicio del nuevo mandato el próximo 7 de agosto, el futuro del páramo volverá a convertirse en uno de los principales debates ambientales del país, en un escenario donde cualquier decisión tendrá implicaciones no solo para Santander y Norte de Santander, sino también para millones de colombianos que dependen del agua que nace en este ecosistema estratégico.
