La reforma que nadie está discutiendo: vivir más años en Colombia

Estamos a pocas semanas de estrenar un nuevo gobierno en Colombia. Y vendrá la discusión de un nuevo Plan de Desarrollo y seguro de algunas reformas y contrarreformas a lo sucedido en el último periodo presidencial con Gustavo Petro. Es claro que el país lleva casi cuatro años enfrascado en una discusión fragmentada sobre pensiones, trabajo y salud. Se han discutido pilares, semanas cotizadas, recargos nocturnos, EPS, giro directo. Hemos visto una reforma pensional sancionada y todavía en revisión por la Corte Constitucional; una reforma laboral aprobada y ya en vigencia; y una reforma a la salud hundida dos veces en el Congreso. Lo que casi nadie ha puesto sobre la mesa, sin embargo, es la pregunta que debería atravesar las tres discusiones: ¿qué va a hacer este país con el hecho de que sus ciudadanos van a vivir, en promedio, muchos años más de los que vivieron sus padres?

Esa pregunta no es abstracta. Es estratégica y urgente. Colombia envejece más rápido de lo que la mayoría de nuestras instituciones está preparada para asumir. La tasa de fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y hoy está 1,1 hijos por mujer; la esperanza de vida sigue en ascenso y se ubica en 76,6 años; los adultos mayores representan el 15,3 % de la población total de Colombia y para 2030 será el 17,5 %; y en apenas dos o tres décadas, la pirámide poblacional que conocimos —muchos jóvenes sosteniendo a pocos mayores— se va a invertir. Pero lo más trágico de esto es que seguimos legislando como si la vejez fuera un capítulo final y breve, en lugar de una etapa cada vez más larga, activa y diversa de la vida de los colombianos.

El debate pensional en Colombia ha girado casi exclusivamente en torno a quién paga y cuánto: si Colpensiones o los fondos privados, que el tope de cotización debe ser de 2.3 salarios mínimos. Todas son discusiones legítimas y necesarias. Pero ninguna de ellas resuelve el problema de fondo: un sistema pensional pensado para personas que vivían diez o quince años después de jubilarse hoy tiene que sostener a personas que vivirán veinticinco, treinta o más. Ese no es un ajuste paramétrico menor; es un cambio estructural en la ecuación completa del sistema, y hasta ahora lo hemos tratado como si fuera un problema de fórmulas y no de horizonte de vida. 

Pero ninguna de ellas resuelve el problema de fondo: un sistema pensional pensado para personas que vivían diez o quince años después de jubilarse hoy tiene que sostener a personas que vivirán veinticinco, treinta o más.

De hecho, en el más reciente congreso de Asofondos se abrió la discusión a la necesidad de aumentar y unificar la edad de jubilación a 65 años, que no tiene que ver con una visión neoliberal y explotadora del trabajador sino con una realidad contundente. En Dinamarca, por ejemplo, el Parlamento danés aprobó en 2025 la ley que aumentará gradualmente la edad de jubilación hasta los 70 años en 2040. A pesar de los debates surgidos previamente a su aprobación, la medida era necesaria. Dado que las personas viven más tiempo, no ajustar la edad de jubilación en consecuencia supondría una carga significativa para las finanzas públicas, un desafío al que se enfrentan muchos otros países (si no la mayoría). La edad de jubilación actual, de 67 años, ya estaba prevista para aumentar a 68 en 2030, a 69 en 2035 y ahora a 70 en 2040.

Mientras la Corte Constitucional decide el destino final de la Ley 2381 de 2024, sería el momento ideal para que el país se preguntará algo más ambicioso que "cómo tapamos el hueco fiscal": ¿cómo diseñamos un sistema que asuma, desde su arquitectura, que la vejez colombiana del futuro va a durar décadas y no años?

En otro caso, la reforma laboral que ya rige en el país avanzó en temas importantes: recargos nocturnos, pago dominical, formalización del trabajo doméstico, protección para los repartidores de plataformas. Son avances reales. Pero en ningún punto del debate apareció con fuerza la pregunta por el trabajo en la vejez: la posibilidad de reducir jornada sin perder derechos, la reconversión laboral de trabajadores mayores desplazados por la automatización, o el reconocimiento de la experiencia como un activo productivo y no como un costo a eliminar, y esto sobre una tendencia global: la contratación cada vez mayor de trabajadores de más de 50 años en muchos lugares del mundo, en contraste con un país como Colombia donde el edadismo corporativo (la exclusión de personas del mercado laboral por cuenta de su edad) es pasmoso.

Pero en ningún punto del debate apareció con fuerza la pregunta por el trabajo en la vejez.

En un país que envejece, mantener a las personas mayores activas —si así lo desean y en condiciones dignas— no es un capricho, es una necesidad económica. Cada persona mayor que permanece vinculada de forma productiva a la economía alivia la presión sobre el sistema pensional y aporta experiencia a sectores que hoy pierden talento por prejuicios etarios más que por incapacidad real. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un aumento del 10 % en la presencia de trabajadores mayores puede elevar la productividad en aproximadamente un 1,1 % gracias a su experiencia, lealtad y capacidad para ser mentores. Se estima, además, que la creación de equipos de trabajo multigeneracionales y la ampliación de las oportunidades laborales para esos empleados de mayor edad podrían incrementar el PIB per cápita en un 19 % durante las próximas tres décadas. Pero nada de esto se contempló en la reforma aprobada.

Y, por último, la reforma a la salud, hundida ya dos veces en el Congreso, se ha peleado casi enteramente en torno al papel de las EPS, el giro directo de recursos y el modelo de atención primaria. Son debates centrales. Pero el sistema de salud colombiano —como la mayoría en la región— sigue diseñado principalmente para atender enfermedad aguda, no para acompañar décadas de enfermedad crónica, fragilidad y cuidado de largo plazo, que es justamente lo que trae consigo una población que vive más años.

Colombia todavía no tiene una política robusta de geriatría en la atención primaria, ni una respuesta clara sobre quién y cómo va a cuidar a millones de personas mayores en los próximos treinta años, en un país donde el cuidado —hoy como siempre— recae mayoritariamente sobre las mujeres de la familia, sin remuneración ni reconocimiento.

Pensiones, trabajo y salud no son tres debates aislados: son las tres caras de una misma transición que Colombia todavía no ha nombrado con claridad. La longevidad debería ser el hilo conductor que las conecte, no una nota al pie en cada una. Un país que va a tener, en pocas décadas, una proporción de personas mayores como nunca en su historia, no puede seguir discutiendo pensiones sin hablar de trabajo, ni trabajo sin hablar de salud, ni salud sin hablar de cuidado.

Pensiones, trabajo y salud no son tres debates aislados: son las tres caras de una misma transición que Colombia todavía no ha nombrado con claridad.

Hoy existe una oportunidad poco frecuente: la de volver a plantear la pregunta de fondo antes de que el próximo Congreso y el próximo gobierno insistan en resolver, por separado, lo que solo tiene sentido resolver juntos. La longevidad no es un problema del futuro. Es, ya, un asunto estratégico del presente. Y Colombia todavía no lo ha entendido.