El legado invisible

Desde que se inició la campaña electoral a la presidencia, las columnas económicas se han concentrado en un dato: el próximo gobierno recibirá el segundo peor déficit fiscal en 121 años y una deuda bruta del Gobierno Nacional Central cercana al 61-64% del PIB. Es cierto y es grave. Pero fijar la mirada solo en el déficit es como diagnosticar una fiebre sin buscar la infección que la produce. Detrás del deterioro fiscal hay un problema estructural más profundo, y peor: Colombia lleva doce años reduciendo la participación de la inversión en el PIB.

Miremos la fotografía. La formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión en máquinas, obras, edificaciones, equipos, todo aquello que amplía la capacidad productiva de un país, tocó su nivel máximo histórico durante el primer gobierno Santos, cuando llegó a cerca del 23.4% del PIB, impulsada por el ciclo minero-energético y la agenda 4G. Desde entonces, la caída es sostenida y transversal: Santos II la entregó en 22% del PIB, Duque en 19.9% y el gobierno actual la deja, al menos en el 2025, en el 16.7% del PIB, el nivel más bajo  desde 2005. Presidentes todos de distintos partidos, diferentes ideologías, y un solo diagnóstico: hemos venido disminuyendo nuestras posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Ese hecho tiene una implicación política incómoda que conviene decir de una vez. La tentación de la columna de opinión es echarle la culpa al gobierno de turno, y hay razones de sobra para señalar el manejo económico de los últimos cuatro años: caída de la inversión minero-energética por incertidumbre regulatoria, suspensión de la regla fiscal, deterioro del clima de negocios. Pero la tendencia no arrancó en 2022. Arrancó, si somos rigurosos con las cifras, hacia 2014, cuando terminaba el auge minero-energético, se agotaba el impulso de infraestructura y no hubo relevo productivo. Petro profundizó una caída que ya venía. Duque no la revirtió, ni tenía cómo hacerlo con la pandemia de por medio. Es una deuda de estado, no de gobierno.

Es una deuda de estado, no de gobierno.

¿Por qué importa? Porque la inversión de hoy es el crecimiento de mañana. La contabilidad del crecimiento es implacable: sin capital físico nuevo, sin capital humano, sin productividad, no hay expansión sostenida del producto. El crecimiento promedio del cuatrienio confirma la simetría con la inversión. Los tres cuatrienios de mayor crecimiento (Uribe I con 5,7%, Santos I con 5.1%, Gaviria con 4,3%), coinciden con inversión alta o creciente. Los tres cuatrienios más flojos  (Pastrana con 0.7%, la proyección de Petro alrededor de 2%, y Santos II con 2,3%) coinciden con inversión débil o cayendo. No hay país en el mundo que haya crecido de manera sostenida invirtiendo el 16% del PIB. 

Aquí es donde el problema fiscal y el problema productivo se encuentran, y donde se explica por qué el próximo gobierno recibe un país tan difícil. El déficit por sí solo no es un desastre: si el gasto público estuviera financiando una inversión que amplíe la frontera productiva, el endeudamiento tendría sentido intertemporal. El problema es que estamos gastando más para producir menos. El gasto público creció, el déficit se disparó, la deuda subió al 64% del PIB, y aun así la formación bruta de capital fijo cayó. Nos endeudamos para consumir, no para invertir. Ese es el pecado macroeconómico verdadero.

De ahí sale la agenda que el gobierno saliente ignoró y que el entrante no ha detallado: el próximo gobierno no puede solo ajustar el déficit ni solo estimular la inversión. Tiene que hacer las dos cosas a la vez, con un margen fiscal que ya no existe, con una regla fiscal suspendida hasta 2027 vía cláusula de escape, con calificaciones soberanas en el escalón mínimo del grado de inversión especulativo y con un clima de inversión que necesita años, no meses, para reconstruirse. La aritmética manda: bajar el déficit sin sacrificar la inversión exige recortar consumo del Estado, es decir, subsidios mal focalizados, funcionamiento inflado e ineficiente, transferencias regresivas. Nada de esto otorga popularidad, pero todo es urgente. Y todo en un momento en el que la seguridad no brinda tantas garantías a la inversión.

(...) el próximo gobierno no puede solo ajustar el déficit ni solo estimular la inversión.

La inflación muestra una tendencia preocupante al alza (6.14% entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026), el desempleo se mantiene alrededor del 9% con informalidad todavía alta, y el sector servicios ha mostrado resiliencia. Pero ninguno de esos indicadores repone capital productivo. Un país no crece porque baje la inflación; una inflación baja es la condición necesaria, no suficiente, del crecimiento. La condición suficiente es la inversión, y ahí llevamos doce años caminando en reversa. Y si la inflación sigue subiendo, el Banco de la República tendrá que mantener tasas altas, con el efecto conocido sobre la inversión, a pesar del insistente reclamo del gobierno saliente, que confunde causalidad con deseo: bajar la tasa de intervención no baja la inflación, como lo enseña la experiencia turca.

El próximo presidente no recibirá un país en llamas. Recibirá algo peor: un país que ha perdido la costumbre de invertir en su futuro. Restaurarla no será obra de cuatro años. Reconocerlo, al menos, sería el comienzo.