¿Inflación por empleo? El espejismo que amenaza nuestra economía

La agenda preelectoral está siendo dominada por la economía: las decisiones de la Junta Directiva (JD) del Banco de la República (Banrep); una crisis fiscal que el gobierno parece ignorar e incluso promover con sus políticas; el millonario traslado de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) al Estado por el decreto 0415 de 2026; el prolongado silencio de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional; y el (inconvenientemente) anticipado debate sobre el salario mínimo para 2026.

Mi propósito en esta columna es analizar un asunto recurrente en el discurso oficial: la idea de darle al Banrep funciones adicionales a la de controlar la inflación.

Y aunque estos temas parecen palidecer frente al deterioro de la seguridad urbana y los problemas de orden público, fruto de una Paz Total mal diseñada y peor implementada, mi propósito en esta columna es analizar un asunto recurrente en el discurso oficial: la idea de darle al Banrep funciones adicionales a la de controlar la inflación. La historia económica ya nos dio una lección sobre los pobres resultados de este experimento.

Varios colegas han defendido con rigor la independencia de nuestro banco central desde distintas perspectivas (Leonardo Urrea, Gonzalo Hernández, Marc Hofstetter, Salomón Kalmanovitz, Armando Montenegro, Jorge Restrepo, entre otros). Mi aporte a este debate es una defensa de la institucionalidad basada en nuestra propia historia económica.

Recientemente, el Centro de Pensamiento y Vida (CPV), cercano al actual proyecto político del gobierno, sugirió que el Banrep debería asumir objetivos más allá de mantener los precios estables. Incluso argumentan que es preferible impulsar un desempleo bajo, aunque el costo sea tolerar una “inflación moderada”. Lo que omiten decir es que Colombia ya vivió ese experimento.

Cuando el Banrep se fundó en 1923, se le otorgó el monopolio de la emisión y la tarea de actuar como prestamista de última instancia. Su JD tenía una clara mayoría del sector privado (comercio y agricultura) frente a tres representantes del gobierno, que tenían voz, pero no voto.

Sin embargo, en 1951 sufrió su primera gran transformación. Al caer el patrón oro, al Banrep se le asignaron funciones para otorgar “crédito de fomento” tanto al gobierno como al sector privado. Para 1963, la balanza de poder cambió drásticamente: se creó la Junta Monetaria. El sector privado salió por completo y las decisiones pasaron a manos de los ministros del gobierno (Hacienda, Fomento, Agricultura) y Planeación Nacional; es decir, quienes controlaban y promovían el gasto. El gerente del Banrep quedó relegado a tener voz, pero sin voto.

Para 1973 se intentó frenar este modelo y devolverle al banco su rol exclusivo sobre la política monetaria. Este proceso de corrección culminó con el gran consenso de la Constitución de 1991, que consagró la independencia de la que goza la institución hasta hoy.

¿Cuáles fueron los resultados macroeconómicos de aquel experimento intervencionista? Entre 1955 y 1991, los colombianos nos acostumbramos a vivir con inflaciones de dos dígitos (un nivel sostenido especialmente entre 1973 y 1996). A esto, economistas como Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer lo bautizaron como “inflación moderada”, precisamente el modelo que hoy defiende el CPV. Hablamos de aumentos de precios de entre 15 % y 30 % anual por tiempos prolongados. Esta inercia obligaba a que los precios cambiaran constantemente, encareciendo el crédito, golpeando el ahorro y afectando el funcionamiento financiero del país.

Ni siquiera en las peores crisis habíamos vuelto a sufrir una inflación de dos dígitos, hasta el reciente periodo entre julio de 2022 y noviembre de 2023.

Romper esa inercia fue tan difícil que la sola independencia otorgada en 1991 no logró bajar la inflación de inmediato. Solo hasta 1999 (el año de nuestra gran recesión) y con la adopción del esquema de "inflación objetivo" en el 2000, el Banrep logró por fin mantener la inflación baja y estable. Desde entonces, ni siquiera en las peores crisis habíamos vuelto a sufrir una inflación de dos dígitos, hasta el reciente periodo entre julio de 2022 y noviembre de 2023.

Quienes defienden volver al pasado suelen argumentar que, durante aquellas décadas de inflación de dos dígitos, Colombia creció más rápido que bajo la independencia del Banrep. Pero omiten el contexto: era una época de atraso en nuestro sistema financiero y de una economía aislada del mundo. Ese modelo tenía los días contados, y su capacidad de generar crecimiento ya se había agotado para cuando el país decidió abrirse al comercio internacional.

Ante este panorama, voces como la del exministro Bonilla sugieren que la meta de inflación del 3 % “ya no es creíble” y debería subirse. Al contrario: cambiar la meta en plena coyuntura de expectativas de inflación elevadas y alejadas de la meta actual se interpretaría como tirar la toalla. Rendirse ante la meta no genera más credibilidad; al contrario, la destruye por completo.

Cambiar la meta en plena coyuntura de expectativas de inflación elevadas y alejadas de la meta actual se interpretaría como tirar la toalla.

Más allá de las discusiones técnicas, la propuesta del actual gobierno es una receta que ya fracasó en nuestro país. Cuando se obligó al Banrep a perseguir múltiples objetivos, nos quedamos con una inflación alta y crónica, pero sin los resultados de desarrollo prometidos. Tragedias económicas como las de Argentina y Venezuela confirman el peligro de alterar la misión del banco central. En la orilla opuesta está Perú, que nos enseña una lección invaluable: su tremenda inestabilidad política palidece frente a la solidez de su economía, garantizada por un manejo macroeconómico estrictamente técnico e independiente.

El gobierno debe entender que el desorden en las cuentas públicas (la dominancia fiscal) es lo que realmente pone en jaque nuestra estabilidad. Si el Banrep se desvía de su misión, el remedio será mucho peor que la enfermedad. Ojalá los miembros del CPV atiendan el reciente llamado al diálogo de economistas como Marcela Meléndez, y utilicen las lecciones de la historia económica de Colombia antes de proponer salidas que nos empujen de vuelta al pasado.