¿Ataques de Estados Unidos en el Caribe van en contra del derecho internacional?

El presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en que debe investigarse la nacionalidad de las personas que estaban en las lanchas que fueron atacadas por Estados Unidos en el mar Caribe. Este viernes lo reiteró debido a la publicación de The New York Times en la que se dice que al menos en una de las embarcaciones habría colombianos.

En su cuenta X el mandatario señaló que el proceso debería realizarlo una comisión internacional: “Una comisión internacional de investigación debe construirse para averiguar quiénes son las personas asesinadas por misiles en el Caribe y su nacionalidad”.

Una comisión internacional de investigación debe construirse para averiguar quienes son las personas asesinadas por misiles en el Caribe y su nacionalidad. pic.twitter.com/jsCbnqbQoJ

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

La información surgió de dos funcionarios que le confirmaron extraoficialmente al periódico la presencia de los colombianos. Y el presidente colombiano había afirmado que en la última lancha había connacionales.

"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior, espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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¿Cómo justifica estos ataques Estados Unidos?

Según Enrique Prieto, cuando el presidente Donald Trump se posesionó se declararon las organizaciones terroristas y se expidió una orden ejecutiva que permite el uso de la fuerza militar que “inclusive permite ingresar a otro país para combatir a los grupos terroristas”.        

Según explica, el derecho internacional señala que los países no pueden usar las fuerzas armadas contra otros Estados, pero el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas plantea una excepción con el derecho a la legítima defensa.

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“La excepción de la legítima defensa se ha ampliado que no es solamente cuando hay un ataque armado, sino cuando se anticipa que puede haber uno. No se necesita esperar, que me ataquen, sino que, si yo veo o puedo concluir, que va a haber un ataque inminente y puedo defender antes que me ataquen”, explicó.

Además, lo que ha pasado con estos ataques es que se están realizando en aguas internacionales. Según explica Prieto, el gobierno de Donald Trump a tomado dicha excepción para justificar las acciones militares en el Caribe.

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¿Pero va en contra del derecho internacional?

Según, el experto hay controversia porque precisamente según el derecho internacional debe ser protegido y, “se ha mencionado que realmente no es claro que se está dando una afectación posible de la seguridad nacional en un concepto de ataque armado. Estas son personas que no van armadas”.  

Por los videos que se han conocido, afirma, no es claro que se haya realizado tampoco un debido proceso.

“Lo que uno logra ver de los videos es que ni siquiera se detienen a advertirles, yo no he podido ver que se detengan. Son personas que no atacan y simplemente continúan con su lancha y uno podría pensar que el ejército de Estados Unidos podría usar, con toda la tecnología que tienen, acciones disuasivas para detenerlos. Entonces acá hay una pregunta en clave al derecho de la legítima defensa sino a los derechos humanos”

A lo anterior se suma que hay dudas sobre el presidente Donald Trump tiene la capacidad de ordenar ataques internacionales sin la aprobación previa del Congreso de ese país.

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Las preocupaciones

Prieto señala que ante la controversia su preocupación es la reacción de Colombia, porque podría resultar afectada si no se maneja la situación con cabeza fría.

“¿Qué me preocupa a mí? Que nosotros como Colombia terminemos de alguna u otra forma vinculados con esta situación y que eso termine con una repercusión no solo económica, sino también militar a nuestro Ejército. Yo creo que acá lo importante es que el gobierno de Colombia mantenga la cabeza fría. Desafortunadamente, uno diría que va a mantener un diálogo bilateral diplomático con EE. UU. pero sabemos que eso no es algo fácil por la posición política de los gobiernos”.