Roberto Prieto no aceptó cargos por el millón de dólares de Odebrecht en la campaña Santos 2014
Una jueza de Bogotá avaló la imputación por fraude procesal y enriquecimiento ilícito. El exgerente arriesga hasta 15 años de cárcel.
José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, no aceptó este miércoles los cargos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el millón de dólares de Odebrecht, luego de que la jueza tercera de control de garantías de Bogotá dejó en firme la imputación.
Con la decisión, Prieto queda vinculado a un proceso penal en el que la Fiscalía le atribuye haber ocultado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un aporte de US$ 1 millón (unos $ 3.200 millones) que la constructora brasileña pagó en servicios para la reelección de Santos en 2014. Si es condenado, se expone a entre seis y 15 años de prisión, según la fiscal del caso.
La jueza rechazó la petición de la defensa de no avalar los cargos, formulados el 5 de noviembre, y declaró legalmente formulada la imputación. Concluyó que la Fiscalía identificó los delitos y entregó la información necesaria para que el procesado entendiera su alcance. "No se trata de tener un juicio adelantado sobre los hechos", aclaró sobre la valoración de las pruebas.
La Procuraduría inhabilitó 12 años a Roberto Prieto por la donación de Odebrecht. Foto: Colprensa.
¿Qué dijo Roberto Prieto ante la jueza?
Prieto repitió varias veces que no entendió los hechos que le atribuye la Fiscalía. "Yo no he podido entender cuándo me reuní con los brasileños", dijo en la audiencia, y agregó que tampoco le quedó claro cuándo acordó los pagos ni cuándo supo de las encuestas.
La jueza le respondió que la fiscal expuso los cargos de forma clara y comprensible. Al final, el exgerente admitió que entendió la narración de la Fiscalía, pero se declaró inocente y sostuvo que no sabe dónde habría cometido los delitos.
Jesús Albeiro Yepes, abogado de Roberto Prieto, pidió no avalar la imputación. Foto: Colprensa.
Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, pidió que no se diera legalidad a la imputación porque, a su juicio, no precisó cómo se pactó el aporte ni si su cliente recibió el dinero. "La Fiscalía no desarrolló una imputación en circunstancias de tiempo, modo y lugar", sostuvo. La fiscal replicó que el centro del caso es que Prieto no le reportó al CNE el gasto ni la donación de Odebrecht, y ubicó en enero de 2014 las reuniones entre Prieto, Luis Alberto Peña y directivos de la constructora.
¿Por qué imputaron a Roberto Prieto?
La Fiscalía lo imputó porque el aporte de Odebrecht llegó como un contrato de encuestas y estudios de seguimiento a la candidatura con Paddington Venture, una firma panameña vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO, que no apareció en las cuentas de la campaña. Según la investigación, el dinero salió en dos giros, el 26 de marzo y el 28 de abril de 2014.
El 25 de junio de ese año, Prieto entregó al CNE las cuentas de la primera vuelta con gastos por $ 13.503 millones y ninguna donación registrada. Con el contrato de Paddington incluido, el gasto real habría llegado a $ 15.463 millones, y la Fiscalía sostiene que la omisión buscaba tapar que la campaña superó los topes fijados por la autoridad electoral.
El segundo delito sale de ahí. Con esas cuentas aprobadas, la Registraduría pagó la reposición de votos al Partido de la U el 26 de diciembre de 2014. Para la Fiscalía, el partido recibió de forma irregular más de $ 13.461 millones de plata pública a los que no tenía derecho. El caso llegó a imputación 12 años después de los hechos, tras un primer intento que se aplazó el 30 de julio.
¿Por qué Roberto Prieto ya pagó cárcel por Odebrecht?
Odebrecht pagó US$ 1 millón en encuestas para la campaña Santos 2014, según la Fiscalía. Foto: Colprensa.
Prieto fue condenado en 2019 a cinco años de prisión, tras un preacuerdo, por influir ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la adición del contrato del puente de Plato (Magdalena), en la Ruta del Sol III, a cambio de unos $ 650 millones. Era uno de los capítulos del escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia, y lo habían capturado en mayo de 2018.
Un juzgado de ejecución de penas de Bogotá ordenó su libertad desde el 17 de abril de 2022. En junio de 2023, la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, y le impuso una multa de $ 50,5 millones, por no reportar al CNE la misma donación en especie de Odebrecht. La queja disciplinaria la presentaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
