Fiscalía acusó a la exministra María Isabel Urrutia por contrato del sistema de ingreso a estadios
La exministra del Deporte firmó el 30 de diciembre de 2022 un convenio directo con Aldesarrollo sin estudios de mercado, según la investigación.
La Fiscalía General de la Nación acusó a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, por un convenio de más de $ 4.950 millones que firmó con la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) para el sistema que controlaría la entrada de hinchas a los estadios de fútbol.
La acusación la formuló una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se conoció este viernes. Según la investigación, Urrutia escogió a Aldesarrollo "con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes", es decir, sin dejar que otras empresas compitieran por el contrato. El convenio lo firmó el 30 de diciembre de 2022.
Es el segundo proceso penal en el que la Fiscalía lleva a juicio a la medallista olímpica. El primero es por 104 contratos de prestación de servicios que firmó en sus últimos días como ministra.
María Isabel Urrutia firmó convenio con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022. Foto: Colprensa.
¿Para qué era el sistema de validación de los estadios?
El sistema debía cruzar el documento de identidad de cada hincha con su boleta y revisar sus antecedentes, para impedir la entrada de quienes tuvieran prohibido ir a un estadio. Lo ordenó el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022, expedido dos días antes de que terminara el gobierno de Iván Duque, que dejó en manos del Ministerio del Deporte su puesta en marcha.
La norma dividió el proyecto en tres fases: el diseño del sistema, su conexión con las empresas que venden la boletería y la instalación de lectores electrónicos en las entradas de los estadios.
Cuando le imputó los cargos, en noviembre de 2024, la Fiscalía señaló que el decreto habilitaba a la ministra para contratar el "diseño e implementación del sistema de validación nacional". Lo que se firmó fue otra cosa: "el análisis de la implementación del sistema de validación nacional". En esa audiencia, ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Urrutia no aceptó los cargos.
Las irregularidades que encontró la Fiscalía en el convenio
"Las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa", señaló la Fiscalía. En la imputación, el ente acusador añadió que la exministra buscó en dos ocasiones intermediarios para entregarles el contrato, siempre con esa condición.
Fiscalía acusó a María Isabel Urrutia por presunta falsedad en documento público. Foto: Colprensa.
La investigación encontró fallas desde antes de la firma. No hubo estudios de mercado ni un procedimiento para calcular el valor del convenio y el costo de cada actividad, y aun así el precio quedó cerca de los $ 5.000 millones.
Los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte le advirtieron a Urrutia de "los vicios e ilegalidades de varios trámites" antes de la firma. En 2024, la Fiscalía precisó que esas alertas fueron tres y que la ministra las desconoció.
¿Por qué la acusan de falsedad en documento público?
La Fiscalía sostiene que en los estudios previos y en el acto administrativo con el que se justificó la contratación directa "habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad". Según el ente acusador, se trata de documentos públicos que sirven como prueba dentro del trámite.
La Procuraduría también abrió un proceso disciplinario por este convenio. El 13 de noviembre de 2023 le formuló pliego de cargos a Urrutia por, presuntamente, omitir que Aldesarrollo "carecía del personal idóneo" para cumplir lo pactado. El órgano de control calificó la falta, de forma provisional, como gravísima y cometida con dolo.
El otro juicio contra María Isabel Urrutia
En junio de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema la declaró formalmente acusada por los 104 contratos. Según la Fiscalía, Urrutia los terminó y los volvió a firmar entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, después de que el entonces presidente, Gustavo Petro, le pidió la renuncia el 27 de febrero.
El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, era "darles continuidad laboral a personas cercanas o referidas" en el Ministerio del Deporte. Petro la declaró insubsistente días después por "actuaciones indelicadas".
Urrutia, nacida en Candelaria (Valle del Cauca), fue representante a la Cámara entre 2002 y 2010. En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 ganó en levantamiento de pesas la primera medalla de oro olímpica de Colombia.
