Luz Adriana Camargo dice que la paz total de Petro no fue exitosa y admite fallas en el caso Ungrd

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo que la paz total del Gobierno de Gustavo Petro "tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa, y no lo fue. Definitivamente no lo fue", y reconoció que fallas de la Fiscalía General de la Nación con las órdenes de captura facilitaron que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), saliera del país.

Camargo lo dijo en entrevista con Noticias Caracol. Allí sostuvo que su despacho recibe ataques "de ambos lados del país": del petrismo, por la acusación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la apertura de instrucción en su contra por las masacres de El Aro y La Granja. "Nuestra Fiscalía es una Fiscalía sin agenda", afirmó.

"En la Fiscalía es muy difícil hacer amigos. Nosotros no venimos acá a hacer amigos. Es una labor donde hay que perseguir, un lado y otro, allí donde haya delitos, sin agenda política", agregó.

¿Por qué no funcionó la paz total, según la fiscal?

La primera falla, según Camargo, fue la planeación. El modelo de diálogos regionales obligaba a tener muchas mesas abiertas al mismo tiempo, y esa capacidad "yo la vi ausente". También cuestionó que se negociara con mandos medios: "En términos generales, usted puede plantear acuerdos con quien ejerce mando. No con mandos medios". A eso sumó lo que llamó "falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz".

Luz Adriana Camargo negó presiones a Lucy Laborde en el caso de Nicolás Petro. Foto: Colprensa.

La fiscal explicó que la Ley 2272 de 2022, con la que el Gobierno de Petro reguló sus negociaciones, le impidió capturar a los voceros de los grupos que se sentaron en las mesas. Esa ley prorrogó la 418 de 1997, la norma con la que cada gobierno fija su política de orden público. Con ese marco dijo que tampoco habrá investigación por la frase "juguemos a los congelados", que el excomisionado de paz Danilo Rueda le dijo a un vocero del Clan del Golfo: "Eso es escandaloso, pero eso hacía parte del marco de los diálogos".

La suspensión nunca tocó las órdenes con fines de extradición, precisó. "Ninguna persona con orden de captura con fines de extradición tuvo suspendida la orden de captura con fines de extradición. Ninguna", dijo, y recordó que la captura de alias Araña, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, fue una de las razones de "la molestia que tuvo el gobierno nacional conmigo".

La ofensiva en Santa Marta y La Guajira

Camargo aseguró que los operativos en Santa Marta (Magdalena) y La Guajira son "una ofensiva judicial" contra dos grupos: los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. Según ella, corresponden a órdenes de captura pendientes que la Fiscalía está haciendo efectivas.

En lo que va de 2026, la Fiscalía ejecutó 1.375 órdenes de captura contra el crimen organizado y 4.900 más desde la delegada de seguridad territorial. "Nosotros queríamos investigar para capturar y no capturar para investigar", dijo la fiscal.

Reconoció que la reactivación de las órdenes suspendidas permitió llegar a jefes como alias el Cholo, José Luis Pérez Villanueva, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que murió el 21 de septiembre en un operativo en zona rural de Santa Marta. Tras su muerte, las ACSN impusieron un paro armado en Magdalena y La Guajira.

¿Qué pasó con los archivos del computador de alias Calarcá?

Alias Calarcá fue imputado con archivos de su computador que estaban sin analizar. Foto: Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La Fiscalía tenía la información del computador de alias Calarcá, Alexander Díaz Mendoza, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), pero no sabía lo que contenía. "Estaba en la extracción forense y no se había llegado al análisis de esa información", dijo Camargo.

La fiscal explicó que los investigadores del caso trabajaban con una fiscal de crimen organizado dedicada al atentado contra el helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y a crímenes del frente 36 en el Bajo Cauca antioqueño. "Gracias a esa información de Noticias Caracol, tuvimos oportunidad de recuperar la información", afirmó. Con esos archivos, la Fiscalía le imputó a Calarcá los delitos cometidos durante las mesas de diálogo. Como no fue a la audiencia, un juez lo declaró persona ausente.

A los cabecillas del frente 33 también los imputó por lo ocurrido en el Catatumbo entre enero y octubre de 2025: asesinatos, desplazamiento forzado y ataques contra firmantes de paz y líderes sociales. Ese proceso ya va para juicio. La Fiscalía reactivó el 1 de septiembre las órdenes de captura contra 46 integrantes del EMBF, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las ACSN, cuatro días después de que el presidente, Abelardo De La Espriella, cerrara esas mesas.

¿Qué frena la extradición de Papá Pitufo?

Una solicitud de asilo que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, presentó en Portugal y que los tribunales portugueses no han resuelto frena su llegada a Colombia. "La extradición está concedida y está concedida desde hace rato", dijo Camargo. España la aprobó en 2024 y Portugal, adonde él se fue después, en 2025.

El trámite está en "un punto muerto" desde mayo de 2025, según la fiscal. Marín, señalado como el zar del contrabando, tiene circular roja de Interpol en 196 países.

Camargo calificó de "absolutamente falso" que Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), le haya contado a ella lo que habló con Marín en España. Beltrán dijo que viajó a Madrid en abril de 2024 por orden de Petro y que después le informó al presidente y a la fiscal. "Nadie que no sea de la Fiscalía y que no dirija una investigación puede ir a ofrecer beneficios", dijo Camargo, y confirmó que la Fiscalía lo investiga por presunto abuso de autoridad.

Lucy Laborde y el caso de Nicolás Petro

Camargo negó haber intervenido en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente. La exfiscal del caso, Lucy Laborde, la denunció en agosto ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas presiones para retirar el delito de lavado de activos. "No la hubo. En realidad, ella obró con tanta libertad que hizo esta audiencia preparatoria al ritmo y con la cantidad de evidencias (...) que ella considera que eran las adecuadas", respondió la fiscal.

Luz Adriana Camargo negó que intervenlo en e proceso contra Nicolás Petro Burgos. Foto: Redes sociales de Nicolás Petro.

Según Camargo, Laborde salió de la Fiscalía porque no se presentó al concurso de méritos y su cargo lo ganó otra persona. Dijo que se reunió con ella una sola vez, para hablar de un preacuerdo y un principio de oportunidad que pedía la defensa de Petro Burgos: "Es una cosa absolutamente normal y rutinaria (...) A ella no le pareció que fuera procedente hacer un preacuerdo y no se hizo". Ofreció abrir su correo de despacho: "Yo estoy dispuesta a mostrar absolutamente todo".

La Fiscalía recibió ese caso en juicio y lleva dos años y medio en la audiencia preparatoria, la etapa en la que se definen las pruebas. Hoy espera que el Tribunal de Barranquilla resuelva las apelaciones de la Fiscalía y la defensa sobre qué pruebas se practicarán. Petro Burgos enfrenta además una segunda acusación por contratos de la Gobernación del Atlántico.

Los prófugos del caso Ungrd y el magnicidio de Miguel Uribe

"A mí me sorprendió un poco porque él salió antes", dijo Camargo sobre Carlos Ramón González. "Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio. (...) Los casos están listos cuando están listos". González está asilado en Nicaragua, e Interpol no reactivó la circular roja en su contra.

La fiscal confirmó que César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, "también se voló". Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, están acusados ante la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso.

Sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dijo que la Fiscalía tiene indicios de que la orden salió de las disidencias, pero que "sigue siendo una información muy genérica que hay que aterrizar". Por el crimen hay nueve condenados.

Ecopetrol, Estados Unidos y el Gobierno De La Espriella

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, ya está acusado por presunto tráfico de influencias. "En realidad, el apartamento es la anécdota, porque el tema es el contrato en Hocol", dijo Camargo sobre el caso en que Roa habría pedido favorecer con un contrato de la filial al hombre que le facilitó la compra de un apartamento en Bogotá.

La segunda investigación es por la presunta violación de los topes de la campaña presidencial de 2022, de la que Roa fue gerente. La tercera es por los 40 millones de dólares que Ecopetrol pagó por las plantas de energía Termomorichal al terminar el contrato de esas plantas. "Es un caso que es muy complejo para la Fiscalía, pero estamos trabajando fuertemente", dijo.

Sobre Estados Unidos, Camargo dijo que la Fiscalía trabaja con al menos siete grupos operativos integrados con investigadores de ese país desde hace unos 25 años. Del Gobierno de De La Espriella contó que ya tuvo al menos ocho reuniones de trabajo con sus funcionarios y que la relación "es un buen relacionamiento".