Investigan a exdirectores de la Aerocivil por contrato de $ 36.300 millones para 18 aeropuertos
Funcionarios debían revisar los equipos en la fábrica del proveedor, en el exterior, antes de su envío a Colombia, y presuntamente no viajaron.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los exdirectores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, y contra el exsecretario de Servicios a la Navegación Aérea Carlos Uriel Barragán Mina, por presuntas fallas en el contrato para comprar, instalar y poner en servicio los sistemas de comunicaciones de voz de 18 aeropuertos del país.
El contrato supera los $ 36.300 millones, según reveló Caracol Radio. Con esos sistemas, los controladores aéreos hablan con los pilotos y con las demás dependencias de control desde un mismo puesto de trabajo.
"Al parecer, se habrían presentado deficiencias y falta de gestión para autorizar los viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas presenciales en las instalaciones del fabricante extranjero antes de enviar e instalar los equipos en Colombia", señaló la Procuraduría en el comunicado que publicó este domingo.
Por presuntas deficiencias en la ejecución de un contrato de adquisición, instalación y puesta en servicio de Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS) en 18 aeropuertos, la @PGN_COL abrió investigación disciplinaria a tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). 👉https://t.co/SKNSVlsoQk
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 18, 2026
¿Qué pruebas no se hicieron a los equipos de comunicación de la Aerocivil?
Las pruebas pendientes eran las revisiones técnicas que funcionarios de la Aerocivil debían presenciar en la fábrica del proveedor antes del envío de los equipos al país. Según el Ministerio Público, esas verificaciones presuntamente no se hicieron, "circunstancia que podría comprometer tanto el control de calidad previo al envío de los equipos como la capacitación al personal de la Aerocivil, previstos contractualmente".
La apertura de la investigación no significa que los tres exfuncionarios sean responsables. En esta etapa, la Procuraduría recoge pruebas para decidir si les formula cargos o archiva el caso.
Quiénes son los exdirectivos investigados
Los tres ocuparon cargos de dirección en la Aerocivil entre 2023 y 2026:
José Henry Pinto Rodríguez, brigadier general retirado de la Fuerza Aérea, director general en 2025. Renunció en noviembre de ese año ante la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Luis Alfonso Martínez Chimenty, contador público, director general entre 2025 y 2026. Era director financiero de la entidad cuando el Ministerio de Transporte lo encargó de la dirección con el Decreto 1265 del 21 de noviembre de 2025.
Carlos Uriel Barragán Mina, secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
Procuraduría investiga a Luis Alfonso Martínez Chimenty, exdirector de la Aerocivil. Foto: Colprensa.
El 31 de julio de 2026, cuando Martínez Chimenty todavía dirigía la entidad, la ministra Rojas le dio plazo hasta el 3 de agosto para entregar un informe con las medidas para garantizar la operación segura de los aeropuertos.
Contraloría también revisa los contratos de la Aerocivil
La Contraloría General de la República envió en julio de 2026 a funcionarios de su Unidad de Reacción Inmediata, con funciones de Policía Judicial, a las oficinas de la Aerocivil en Bogotá. El objetivo, según la entidad, fue "recaudar en sitio documentos, evidencias, testimonios y material probatorio que permitan revisar, evaluar y, eventualmente, probar presuntas actuaciones irregulares en los procesos contractuales de esta entidad".
Ese mismo mes, la Procuraduría abrió una indagación previa por la vinculación de la funcionaria Gabriela Muñoz Olaya y de personas cercanas a ella en la Aerocivil, por un posible tráfico de influencias en nombramientos y contratos. Esa actuación incluye un contrato de gestión documental que pasó de cerca de $400 millones a unos $12.000 millones.
La Contraloría informó que lo recogido en la inspección se incorporaría a los procesos que adelanta por presuntos hechos de corrupción en la entidad.
