Gobierno pide a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía llevar a Bogotá investigaciones de San Andrés
La secretaria de Transparencia pidió llevar los procesos a Bogotá y crear un grupo especial tras la visita del presidente a la isla.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía intervenir de inmediato San Andrés, Providencia y Santa Catalina y llevar a Bogotá las investigaciones por presunta corrupción en la contratación pública del archipiélago, por instrucción del presidente, Abelardo De La Espriella.
La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, anunció la solicitud este domingo en un video que publicó la Presidencia en X. "No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla. Hay que proteger esos procesos de las presiones y las influencias locales que han impedido que avancen", dijo.
"Los recursos de los isleños no son el botín de políticos ni de contratistas corruptos", escribió la Presidencia en el mensaje que acompañó el video. En el mismo trino agregó: "La distancia no puede seguir siendo refugio de la impunidad".
¡EN SAN ANDRÉS SE ACABÓ EL REINADO DE LA CORRUPCIÓN! Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, desde la Secretaría de Transparencia se solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¡Los recursos de los isleños no son el botín de políticos ni de contratistas corruptos! Se ha solicitado que las investigaciones sean coordinadas desde Bogotá, que se ejerzan los mecanismos de control preferente y excepcional y que se conforme un grupo especial para investigar posibles redes de corrupción y evitar interferencias locales. ¡La distancia no puede seguir siendo refugio de la impunidad! El Gobierno del Tigre tiene un compromiso inquebrantable: enfrentar la corrupción, venga de donde venga, y proteger cada peso de los colombianos. ¡San Andrés merece progreso, no corrupción!
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 18, 2026
¿Qué les pidió el Gobierno a los organismos de control?
La Secretaría de Transparencia pidió que una comisión conjunta de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía maneje desde Bogotá los procesos que hoy están abiertos en la isla y los investigue como un solo caso.
También pidió que la Procuraduría ejerza su poder preferente, la facultad de quitarle un proceso disciplinario a la oficina que lo lleva y asumirlo ella, y que la Contraloría General aplique su control excepcional, que le permite revisar directamente las cuentas de una gobernación o alcaldía en lugar de la contraloría departamental. "Son herramientas que la ley les da precisamente para situaciones como esta, cuando el control local no es suficiente", afirmó Lombana.
El tercer pedido es un grupo especial de investigación por fuera del archipiélago "que reúna todos estos hechos dispersos, los analice en conjunto, les dé la rapidez que la comunidad está reclamando y que el país exige". Lombana también pidió a los ciudadanos denunciar ante las autoridades los hechos de corrupción que conozcan.
¿Cómo opera la presunta corrupción en la contratación, según la Secretaría de Transparencia?
Lombana describió el patrón que, según la Secretaría, se repite en San Andrés: "Procesos hechos a la medida, un solo oferente, obras que se adjudican una y otra vez a los mismos nombres". Después, dijo, esos contratistas financian campañas políticas "que son garantizadas con la contratación pública" y terminan influyendo en los organismos de control.
"No se trata de un solo caso, son varios hechos dispersos en distintas entidades y en distintos momentos", afirmó la funcionaria. Según su relato, los isleños le contaron al presidente "de obras que no se terminan, de servicios que no llegan como deberían" y de que los organismos de control locales "no han actuado para frenar a los corruptos".
Abelardo De La Espriella reclamó a la gobernadora de San Andrés en la base naval. Foto: Captura de pantalla.
El video incluye las palabras de De La Espriella en su encuentro con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, en la base naval de la isla: "Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir". La gobernadora rechazó que hubiera obstaculizado la intervención del hospital y dijo que pidió el acompañamiento de la ministra de Salud para cumplir la medida.
La visita de De La Espriella que antecedió la solicitud
El presidente estuvo en el archipiélago el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Allí encabezó un consejo de seguridad y anunció más presencia de la Fuerza Pública contra el narcotráfico, la extorsión y los préstamos 'gota a gota'.
Durante la visita, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino el Hospital Departamental Clarence Lynd Newball, el principal centro médico de la isla. El presidente también ordenó revisar todos los contratos que firmó la Gobernación.
El Gobierno anunció más de $115.000 millones para el archipiélago, de los cuales $35.000 millones irán a vivienda y $20.341 millones a agua, saneamiento básico y la planta de residuos de San Andrés. "Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar", dijo De La Espriella en el video.
Los procesos por corrupción que ya existen en San Andrés
Fiscalía acusó al exgobernador de San Andrés por la obra de Haynes Cay. Foto: Captura de pantalla.
La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exgobernador Everth Julio Hawkins Sjögren (2020-2023) por el contrato de $ 11.125 millones para remodelar el islote Haynes Cay. Lo señala de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, con un presunto detrimento superior a $ 4.300 millones.
Según la Fiscalía, el contrato se entregó de forma directa a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), que subcontrató las obras y la interventoría. Los trabajos empezaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina ni permiso de la Dirección General Marítima (Dimar).
En 2018, la Fiscalía capturó al entonces gobernador suspendido Ronald Housni Jaller, a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie y a otros nueve funcionarios, señalados de cobrar coimas del 10 % por adjudicar contratos de obras. Las irregularidades en esa contratación sumaron $120.000 millones.
