Procuraduría alerta que los auxilios no llegan a damnificados del terremoto en el Eje Cafetero
Alcaldes y gobernadores reportaron que el registro oficial dejó por fuera a hogares rurales y étnicos, y que faltan ingenieros y maquinaria.
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reabrir el registro de damnificados del terremoto del 10 de agosto y acelerar los auxilios económicos, que según alcaldes y gobernadores de Risaralda, Quindío y Caldas todavía no llegan a las familias.
Ese listado, el Registro Único de Damnificados, es la puerta de entrada a las ayudas del Estado y se cerró el 4 de septiembre. Los mandatarios dijeron que el cierre los obligó a cargar los datos antes de terminar las revisiones técnicas de las casas, y la Procuraduría advirtió que dejó por fuera a familias, "en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos".
El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en San José del Palmar (Chocó). El último balance de víctimas de la Ungrd, con corte al 9 de septiembre, reportó 331 muertos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.
Réplicas del terremoto agravaron daños en viviendas de Risaralda, Quindío y Caldas. Foto: Colprensa.
¿Qué fallas encontró la Procuraduría en las ayudas del terremoto?
Las plataformas de la Ungrd no permiten cambiar el estado de una vivienda después de la revisión técnica ni sumar los daños que dejaron las réplicas, según constató la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial en sus visitas a los tres departamentos. Las réplicas ya pasan de 1.300 sismos y agravaron el daño de muchas casas.
Las autoridades locales también reportaron que la distribución de los auxilios entre municipios "no ha sido homogénea" y que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para revisar viviendas, demoler las que quedaron en riesgo y retirar escombros.
Las seis peticiones de la Procuraduría a la Ungrd
Procuraduría exhortó a 14 departamentos a completar el registro de damnificados del sismo. Foto: Colprensa.
La Procuraduría le hizo un llamado al Gobierno, y en particular a la Ungrd, para que se garanticen los derechos de los damnificados en todos los municipios afectados. Estas son sus peticiones:
Abrir de manera extraordinaria y condicionada el registro de damnificados y la evaluación de daños de las viviendas.
Permitir que se actualice la clasificación de cada casa y que se registren los daños causados por las réplicas.
Agilizar la entrega de los auxilios económicos.
Expedir un reglamento para la entrega de las ayudas.
Coordinar el apoyo con ingenieros estructurales y maquinaria amarilla.
Garantizar una atención diferenciada para las comunidades étnicas.
¿Cuánto ha pagado la Ungrd a los damnificados?
La Ungrd empezó en septiembre el pago de $14.784 millones del primer mes de apoyo económico temporal para hogares de Risaralda y de Quimbaya (Quindío). De ese total, $13.599 millones fueron para los 14 municipios de Risaralda y $1.185 millones para Quimbaya.
Solo pueden cobrar ese dinero los jefes de hogar inscritos en el registro cuya casa fue calificada como destruida o no habitable, y tienen 15 días calendario para reclamarlo. Con corte al 2 de octubre, la Ungrd tenía inscritas 364.664 familias, que suman 778.285 personas, con 104.049 viviendas no habitables y 19.148 destruidas.
La Procuraduría ya había advertido atrasos en septiembre
El 10 de septiembre, la Procuraduría exhortó a las gobernaciones y alcaldías de 14 departamentos a completar y verificar el registro de damnificados y la evaluación de daños. Con corte al 3 de septiembre, solo 124 de los 501 municipios afectados en 16 departamentos habían cargado esa evaluación, un día antes de que se cerrara el registro.
A finales de septiembre, el Ministerio Público instaló mesas de trabajo en Armenia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya, en el Quindío, para revisar el registro, los decretos de calamidad y los planes de recuperación de cada municipio.
