La Fiscalía va por Bonilla y Velasco, ¿por qué imputó cargos a los exministros del gobierno Petro?
La entidad formalizó la solicitud de imputación que quiere inculpar el exministro de Hacienda y al exministro del Interior por el caso de la Ungrd.
En medio del escándalo que generó en el país la filtración de los “archivos Calarcá”, parece que la mala hora del gobierno Petro está lejos de terminar y, en las últimas horas, se conoció que, a uno de sus exministros de Hacienda, concretamente Ricardo Bonilla, y a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, se les formalizó una solicitud de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión fue tomada por la fiscal general Luz Adriana Camargo y se hizo formal este 26 de noviembre, cuando se hizo la solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá. La imputación se debe a la supuesta participación de los exministros en el entramado de corrupción de la Ungrd, que desde 2023 ha implicado a exdirectivos, contratistas y congresistas como Olmedo López, Luis Eduardo López o Julio Elías Chagüi.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves.
Fiscalía General de la Nación
#COLOMBIA: RICARDO BONILLA, A RESPONDER POR ESCÁNDALO DE LA UNGRD
— Colombia Noticias (@CNotiWeb) November 25, 2025
La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, dijo que ya está lista la imputación contra Ricardo Bonilla, por el desfalco de la UNGRD por parte del gobierno Petro.
En el país han saltado las alarmas sobre… pic.twitter.com/1PXpzXgOhC
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Las acusaciones de la Fiscalía contra Ricardo Bonilla
De acuerdo con la Fiscalía, durante su periodo como ministro de Hacienda, de mayo de 2023 a diciembre de 2024, Ricardo Bonilla habría intervenido de forma indebida para favorecer la entrega de contratos y convenios relacionados con la Ungrd a congresistas, con el fin de asegurar apoyos políticos a proyectos claves del Gobierno.
Por esa razón, la entidad busca culparlo por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los contratos en cuestión, según la investigación, habrían sido planeados para municipios como Cotorra, en Córdoba; Carmen de Bolívar, en Bolívar; y Saravena, en Arauca, con recursos que sumaban cerca de 92.000 millones de pesos. Y, aunque los recursos no fueron desembolsados, la Fiscalía asegura que existió el objetivo de beneficiar a legisladores.
Ricardo Bonilla en alocución, con Laura Sarabia a sus espaldas. Crédito: Colprensa
Dentro de las piezas clave de la investigación está María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, que se acogió a un principio de oportunidad y afirmó que actuó como enlace entre el exministro de Hacienda, la Ungrd y congresistas para gestionar esos contratos. Además, el exdirector de la Ungrd Olmedo López también funcionó como declarador.
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¿Y por qué Luis Fernando Velasco?
La primera vez que la Fiscalía vinculó a Velasco como supuesto participe fue en marzo de 2025. Según la entidad, el exministro habría ordenado a Olmedo López, director de la Ungrd por ese entonces, "direccionar contratos" desde la Unidad a favor del congresista Julio Elías Chagüi por un valor cercano a $ 35.000 millones.
Esos contratos, según lo investigado, estaban destinados a proyectos de mitigación de emergencias, como obras de contención y maquinaria amarilla, también en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
Luis Fernando Velasco fue ministro del Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024. Crédito: Colprensa
Si la imputación prospera, el caso podría consolidarse como uno de los episodios de corrupción más preocupantes del gobierno actual, con implicaciones para miembros del gabinete y del Congreso. Por su parte, si los exministros resultan encontrados culpables, podrían pagar una condena mínima de 5 años y máxima de hasta 20 años, de acuerdo con el Código Penal.
