Periodista Digital

El caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de conocerse que el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución de un juez de primera instancia para, en su lugar, condenarlo a 28 años y tres meses de prisión.
Para el Tribunal de Antioquia, el empresario y ganadero es responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y delitos de lesa humanidad, por supuestamente haber conformado el grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles, el cual tuvo influencia en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia.
Presentada oportunamente la impugnación especial y sustentada también de manera oportuna, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal está en la obligación de tomar una decisión de fondo.
Marlon Díaz, abogado penalista
Los principales testigos del caso fueron Juan Carlos Meneses y Eunicio Pineda Luján, quienes declararon en contra de Uribe Vélez, señalándolo de haber confirmado y pertenecido supuestamente a la organización criminal,
Minuto60 consultó al abogado penalista Marlon Díaz, quien explicó que en el caso del mayor de los Uribe Vélez aún le queda el recurso de impugnación y posterior revisión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, esta será la última instancia donde se definirá si el ganadero es condenado o absuelto.
El abogado indicó que este es el primer escenario de una sentencia condenatoria, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, toda vez que en la primera instancia fue absuelto por parte de un Juzgado.
“Por esa razón, en virtud de la apelación que en su momento hicieran Fiscalía, Ministerio Público y representación de víctimas al llegar al Tribunal se decide revocar y proferir la primera sentencia condenatoria”, explicó el abogado.
Añadió que, contra esta decisión procede el recurso de impugnación especial o conocido también como doble conformidad, que a partir del año 2018 entró a regir para que se garantizara en Colombia el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria.
“El trámite y los tiempos son los mismos del recurso de casación, pero no está sujeto a las causales previstas para ello ni a la técnica exigida para la casación. Presentada oportunamente la impugnación especial y sustentada también de manera oportuna, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal está en la obligación de tomar una decisión de fondo”, señaló el abogado penalista.
Concluyó que, de acuerdo a lo infirmado por los representantes de la defensa del empresario y ganadero, este caso lo va a resolver de manera definitiva la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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