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Nuevo capítulo en el escándalo del alcalde de Villa de Leyva: cae otra ficha del entramado

La Fiscalía imputó a un contratista que, según la investigación, sirvió de enlace del alcalde por una licencia. Habría cobrado sin trabajar.

La Fiscalía imputó a un contratista en el caso de corrupción de Villa de Leyva. - Crédito: Fotomontaje Minuto60.
Dido Polo Monterrosa
Dido Polo MonterrosaPeriodista
04 JUL 2026 - 20:01Actualizado: 04 JUL 2026 - 20:01

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El escándalo de corrupción que salpica al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro de Villa de Leyva, en Boyacá, sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la Nación imputó a un contratista señalado de haber servido como enlace del mandatario.

Se trata de Juan Camilo Sánchez Torres, quien se suma a la lista de procesados en este caso. Según el ente acusador, habría sido pieza clave en un presunto negociado alrededor de una licencia de construcción.

La Fiscalía le imputó a Sánchez Torres el delito de concusión, en calidad de interviniente. Esa figura aplica a quien participa en el delito sin ser servidor público.

El caso arrancó, según la investigación, cuando el alcalde Gamboa Chaparro le pidió a una empresa inversionista vincular a Sánchez Torres a su nómina. La idea era que participara en el trámite de modificación de una licencia para un proyecto inmobiliario.

¿Cómo habría operado el entramado?

El detalle que expuso la Fiscalía apunta a que el contrato no tenía sustento real. La empresa, dice el ente, ya contaba con asesoría técnica y jurídica, y Sánchez Torres no tenía el perfil para el cargo: era publicista, sin experiencia en ingeniería ni en licenciamiento.

Aun así, fue contratado. Y, según la investigación, cinco días después el alcalde escribió por WhatsApp a la representante legal de la inversora para pedirle un aumento salarial para su referido. El incremento se concretó en tres salarios mínimos.

Para la Fiscalía, el rol de Sánchez Torres era claro. "Sánchez Torres presuntamente le sirvió como enlace al alcalde y en realidad lo mantuvo enterado de todos los detalles del trámite de la ampliación de la licencia", señaló el fiscal en la imputación.

El dinero que habría recibido

El caso también tiene una cifra concreta. Según el ente acusador, el contratista recibió un pago considerable por un trabajo que, en la práctica, no habría existido.

"Entre junio de 2025 y abril de 2026, recibió por concepto de honorarios más de 48 millones de pesos, sin realizar actividades relevantes para la empresa", advirtió la Fiscalía. La empresaria, según la investigación, aceptó la contratación al considerarla una condición para evitar trabas en los trámites de su licencia.

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El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, fue capturado en mayo. Foto: Alcaldía de Villa de Leyva.

El nombre de Sánchez Torres aparece dentro de un proceso mayor. El alcalde Gamboa fue capturado el 7 de mayo por el CTI, cerca de la plaza principal de Villa de Leyva.

La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción. Según Noticias Caracol, la supuesta exigencia económica correspondería al 20% del valor de la licencia, una cifra que rondaría los 480 millones de pesos. El alcalde, sin embargo, ha negado los señalamientos. "No soy quien da licencia, yo no doy licencia", dijo a su llegada al búnker de la Fiscalía.

Los otros procesos que enfrenta

Este no es el único frente judicial del mandatario. Desde enero de 2026, Gamboa ya tenía otra imputación por presunta contratación irregular.

Ese caso se relaciona con un contrato de supervisión de maquinaria amarilla, adjudicado presuntamente sin cumplir los principios de planeación y selección objetiva. El contratista de ese proceso, según la Fiscalía, era hermano de una entonces secretaria del municipio. Gamboa defendió su gestión y aseguró que ese contrato "nunca se ejecutó ni generó un detrimento patrimonial".

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El centro histórico de Villa de Leyva, uno de los más visitados de Boyacá. Foto: Colprensa.

¿Qué sigue en el proceso?

La imputación es apenas el comienzo del proceso judicial. La investigación continúa en etapa judicial y será un juez quien defina las responsabilidades.

Si es hallado responsable, Sánchez Torres enfrentaría una pena que, según las fuentes, podría oscilar entre seis y 11 años y tres meses de prisión, además de sanciones económicas.

Por ahora, tanto el alcalde como el contratista mantienen la presunción de inocencia. Será en el desarrollo del proceso donde la justicia determine si las teorías de la Fiscalía se sostienen con pruebas.

El caso, mientras tanto, mantiene bajo la lupa a la administración de uno de los municipios más turísticos de Boyacá. La investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan nuevos vinculados.

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