Caso 'falsos positivos': “Funcionario del CTI nos daba clases para desaparecer pruebas”
Militares en retiro en una audiencia ante la JEP aseguraron que altos mandos no solo sabían de los ‘falsos positivos’ sino que además imponían cuota.
“Lo que siempre les he dicho a las víctimas, no pregunten quién dio la orden, pregunten quiénes sabían”, dijo el coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal un grupo de familiares de los falsos positivos y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Valledupar. Sin embargo, su relato no fue el único que sorprendió en la audiencia de reconocimiento de la verdad.
“Estas no eran unas manzanas podridas, esto no era una rueda suelta, todos sabíamos lo que estaba pasando”, añadió el oficial en retiro frente a los crímenes cometidos por militares en la región Caribe, pero lo que más llamó la atención fue la forma como aseguró que la cúpula de la Fuerzas Militares sí tenían conocimiento de estos hechos.
“Y reitero públicamente que estas prácticas eran conocidas por los mandos de ese momento de los años 2007 y 2008. Mi General Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando gente inocente. Mi general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército conocía y sabía que estábamos asesinando personas inocentes para mostrarlos como resultado operacional. Mi general Oscar Enrique González Peña, comandante del Comando Conjunto del Caribe Número Uno conocía, sabía que estábamos asesinando personas y mostrándolos como resultado operacional”, señaló el militar.
Familiares de víctimas de 'falsos positivos' escucharon los testimonios de militares que hicieron parte de esta macabra práctica en el Caribe colombiano. Jurisdicción Especial para la Paz
También mencionó que otros oficiales conocieron de estos hechos. “Mi general Luis Roberto Pico Hernández, comandante de la Séptima División del Ejército sabía lo que estábamos haciendo, que estábamos asesinando personas inocentes y los estábamos mostrando como resultado operacional. Mi coronel Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la brigada 11 desde noviembre del 2007 hasta que yo salí trasladado en el 2008 sabía que estábamos asesinando personas y cuando llegó a la unidad colocó cuotas de muertos”, sostuvo el oficial.
Aseguró que “la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre tenía tres muertos mensuales” como cuota y que el entonces coronel William Hernán Peña Forero, quien fue comandante en el año 2007 de la Brigada 11 “conocía y sabía que estábamos asesinando personas inocentes y en varias oportunidades me pidió resultados asesinatos para quedar en primer lugar en el escalafón dentro de las brigadas del Ejército”, puntualizando que no solo conocía, sino que también ordenó.
¿Nuevos actores en los falsos positivos?
En la audiencia de reconocimiento de verdad, también se conoció que no solamente hubo complicidad de militares, de ciudadanos que cumplían el rol de reclutadores, o de actores externos, pues uno de ellos aseguró que también participaron agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), jueces militares e investigadores del CTI, y que entre los últimos había uno que les daba cátedra.
La declaración la hizo mientras argumentaba que, para comprar las armas y los elementos para la escena del crimen, como camuflados y botas, se utilizaba dinero de los gastos reservados del Ejército. Además, que de allí también se utilizaron recursos para pagar a los reclutadores y falsos informantes, pero que para justificar el destino de los dineros era necesario contar con los demás actores mencionados anteriormente.
“(…) éramos cinco personas que teníamos que legalizar esa gran cantidad de dinero y entonces ellos entraron en el encubrimiento, entraron a participar de los resultados operacionales, que era la forma como se manejaba la escena del crimen, porque los soldados no manejaban la escena del crimen y el señor del CTI pues comenzó a dictarnos clase y enseñarles a los soldados para para que no existiera esa facilidad de descubrimiento”, señaló el mayor (r) Julio César Parga Rivas.
En este reconocimiento de verdad también los militares en retiro que hacen parte de estas investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, le pidieron perdón a las víctimas. “Muchas de mis funciones direccionamiento de la información, planeación y coordinación del terreno, ejecución material en los asesinatos, encubrimiento de los crímenes (…) Mis actos no fueron producto de un arrebato o de una decisión impulsiva, fueron resultado de una elección consciente y deliberada en la que antepuse mis intereses del ascenso en la carrera militar a la obtención de felicitaciones y reconocimientos y a la evasión de presiones de mis superiores”, indicó Antonio Rozo Valbuena, capitán (r) del Gaula Ejército.
“Yo trafiqué con seres humanos como si fueran piezas de ajedrez, despojándolos de su condición humana y de su derecho de vivir. Admito que cuando correspondía a mi batería a dar este tipo de resultados, yo tenía mi planeamiento a mi nivel para presentar este tipo de resultados, elegía un pelotón y este a su nivel debía presentar el resultado operacional”, manifestó Nelson Mauricio Molano Calderon, mayor (r) del Ejército.
“Estas personas eran personas de bien, no pertenecían a ningún grupo guerrillero y ni paramilitar, no eran secuestradores ni extorsionistas. Estas personas eran hombres, eran trabajadores honrados, padres amorosos, hijos ejemplares y esposos comprometidos”, reiteró Antonio Rozo Valbuena, capitán (r) del Gaula Ejército.
