¿Puede Abelardo de la Espriella acabar con la JEP como lo prometió en campaña?
La promesa la repitió en campaña. Pero entre el discurso y los hechos hay un candado constitucional, uno internacional y una pregunta sobre la plata.
Una de las primeras peleas del nuevo gobierno ya tiene fecha: el 8 de agosto. Ese día, según lo prometió en campaña, Abelardo de la Espriella empezará a buscar el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los crímenes del conflicto armado.
De la Espriella ganó la segunda vuelta del 21 de junio por un margen mínimo: cerca de 255.000 votos sobre Iván Cepeda. Pero el resultado aún no es oficial. El presidente, Gustavo Petro, pidió esperar el conteo de los jueces y escribió en X que "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".
Cepeda, por su parte, anunció que impugnará 33.000 mesas, y la declaratoria oficial se daría entre el miércoles y el jueves.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.
"Una farsa": las palabras de De la Espriella
Sobre la JEP, su lenguaje fue siempre el mismo. La describió como un "directorio disfrazado de tribunal" que en 10 años no había producido nada.
Su crítica tiene dos filos. El primero es a quién, según él, beneficia: dijo que el tribunal sirve para "lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc", mientras persigue a los militares que llama héroes de la patria.
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Fachada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: Colprensa.
Sobre el proceso de paz fue más tajante. "No ha producido paz de nada, impunidad total", dijo en otra entrevista, en la que sostuvo que a la guerrilla la desmovilizaron "entre comillas".
El segundo filo es la plata. Sostuvo que la JEP les cuesta a los contribuyentes 1,2 billones de pesos al año, una cifra muy por encima de su presupuesto real: para 2026 quedó liquidado en 744.658 millones.
Y dejó claro que, para él, el debate ya no pasa por la justicia. "Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP", dijo; lo que le preocupa, agregó, es la cantidad de plata que cuesta.
Lo que la JEP ya falló
Esa frase "no ha producido nada" choca con el conteo de sentencias. Desde su creación, la JEP ha dictado cuatro fallos.
Las dos primeras salieron con dos días de diferencia, en septiembre de 2025, y se leyeron como una "justicia espejo": la misma vara para dos bandos contrarios. Una condenó al último secretariado de las Farc por secuestro; la otra, a 12 militares del Batallón La Popa por "falsos positivos", el asesinato de civiles presentados como bajas en combate.
Después llegaron dos coroneles del Ejército. Publio Hernán Mejía fue condenado a 20 años por no reconocer su responsabilidad, y Germán León Durán a cinco tras admitirla de forma tardía. Y el proceso sigue: hace pocos días, la JEP remitió a 29 militares más al Tribunal para la Paz por 204 "falsos positivos" en el Huila.
A quienes la acusan de perseguir a los militares, su presidente, Alejandro Ramelli, les respondió con una paradoja. "Es bastante paradójico que me digan que nos hemos ensañado con la Fuerza Pública, cuando las Farc dicen todo lo contrario, que la JEP se ha ensañado contra ellas", dijo en entrevista con Colprensa.
Su conclusión la dejó en una frase: "Seguramente nos hemos ensañado tanto con unos como con otros... hemos investigado a todos exactamente con el mismo rasero".
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Colprensa.
¿Borrar la JEP es fácil?
Llegar a la Presidencia no basta para tumbar la JEP, y Ramelli lo explicó sin rodeos. "La jurisdicción está en la Constitución, y eso ya fue revisado por la Corte Constitucional, que la declaró exequible hace bastante tiempo", afirmó.
Para él, esa puerta ya está cerrada: "Ya hay decisiones de la Corte Constitucional que establecen que esto no se puede modificar". El fundamento es el Acto Legislativo 01 de 2017, que metió a la JEP en el bloque de constitucionalidad: normas con rango constitucional aunque no estén en el texto de la Carta.
La magistrada Julieta Lemaitre lo bajó a la práctica. La única forma legal de desconocer esos compromisos, dijo en entrevista con Colprensa, sería volver a empezar de cero: "Si haces Asamblea Constituyente, tocaría cambiar todo".
El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Colprensa.
Hay un segundo freno, y está fuera del país. Ramelli recordó el acuerdo de 2021 con la Corte Penal Internacional (CPI): "Cerramos provisionalmente, de manera condicionada, el examen preliminar sobre Colombia, siempre y cuando la jurisdicción pueda seguir trabajando".
La consecuencia, en sus palabras, es directa: "Si esto no se cumple, la CPI intervendría directamente sobre Colombia, porque así lo estipula el acuerdo que se firmó". Por eso habla de un doble blindaje: constitucional e internacional.
Las cuentas: cuánto maneja la JEP y de dónde sale
El punto más vulnerable no es la ley, sino la plata. Para 2026, el presupuesto de la JEP quedó liquidado en 744.658 millones de pesos, y de ese total casi todo proviene del Presupuesto General de la Nación; es decir, del Gobierno.
La cooperación internacional aporta una fracción mínima y, además, no entra por fuera del Estado. Cuando un país dona recursos, estos se incorporan al mismo presupuesto nacional mediante decreto; la donación más reciente, de la cooperación española, fue de 500.000 euros: unos 2.311 millones de pesos, cerca del 0,3% del total.
Las otras fuentes externas son inestables. La administración Trump congeló más de 15.000 millones de pesos de cooperación para la JEP, y en febrero de 2025 el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que financiaba varios de sus proyectos, la golpeó.
Con esas cifras, la cuenta es sencilla: sin el giro del Gobierno, ningún fondo externo conocido sostiene una operación de más de 744.000 millones de pesos al año.
Lemaitre ya había puesto el límite. Tras un informe de la Contraloría General de la República sobre el desfinanciamiento del 83% en la reparación a las víctimas, fue tajante: "El Estado no puede simplemente desfinanciar una entidad de justicia porque le cayó mal".
La magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
No es una idea nueva
La promesa de acabar con la JEP es una bandera vieja del uribismo. El expresidente Álvaro Uribe ha pedido tumbarla por años, y la senadora Paloma Valencia presentó en octubre de 2025 un proyecto para reformarla.
Tras conocerse el resultado, Uribe celebró en X la victoria de De la Espriella y dijo confiar en "un gobierno de recuperación democrática". En cada elección la propuesta reaparece; hasta ahora, nunca se ha concretado.
Por ahora, el Consejo Nacional Electoral debe consolidar el escrutinio y declarar oficialmente al ganador entre el miércoles y el jueves. De la Espriella se posesionará el 7 de agosto, fijó el día siguiente para arrancar su ofensiva contra la JEP, y el tribunal (según las normas que lo crearon) tiene mandato hasta 2038.
