Coronel (r) Juan Carlos Figueroa, excomandante de La Popa, condenado por la JEP por 38 asesinatos
Aceptó cargos en enero y ahora deberá entregar sus diarios operacionales y ayudar a encontrar a cinco desaparecidos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, a seis años y tres meses de cárcel en un centro de reclusión especial por 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.
El fallo le impone 11 obligaciones con las víctimas, entre ellas devolver el rango, las medallas y el escudo de armas que recibió al terminar su comandancia, y reconocer en público, en los territorios donde vivían los asesinados, que no pertenecían a grupos armados.
La ponencia fue del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Figueroa Suárez fue condenado por su responsabilidad como comandante en asesinatos de civiles, desapariciones forzadas y torturas, y en la muerte de dos personas que habían dejado las armas o estaban fuera de combate.
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Coronel (r) Juan Carlos Figueroa pidió perdón a víctimas de 'La Popa' en Valledupar. Foto: JEP.
¿Por qué el coronel (r) Figueroa no recibió 20 años de cárcel?
Figueroa Suárez evitó la pena de hasta 20 años porque aceptó los cargos cuando el juicio en su contra ya había empezado, y esa aceptación tardía lleva a la Sanción Alternativa, una pena de cinco a ocho años de cárcel con compromisos de reparación.
#Atención | El coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe. Va 🧵 https://t.co/RZoVu8PCeS
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 28, 2026
Aceptó la acusación de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el 27 de enero de 2026, en la audiencia preparatoria del juicio. Antes había rechazado los cargos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, que lo imputó en 2021 como máximo responsable dentro del subcaso Costa Caribe del Caso 03, el expediente de la JEP sobre los falsos positivos.
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Su antecesor en La Popa, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, siguió el camino contrario: no reconoció responsabilidad y la JEP lo condenó a 20 años. Otros 12 exintegrantes del batallón, que aceptaron los hechos desde el comienzo, recibieron la sanción propia de ocho años, que se cumple con trabajos para las víctimas y sin cárcel.
Figueroa Suárez comandó la unidad, con sede en Valledupar (Cesar), entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005. Antes de llegar a la JEP no había sido investigado por la justicia ordinaria por estos crímenes.
Lo que dijo el coronel (r) Figueroa ante las víctimas en Valledupar
En la audiencia del 27 y 28 de agosto, el exoficial pidió perdón por los asesinatos, las desapariciones, las torturas y la estigmatización de las familias, y reconoció ante la JEP que su comprensión de las responsabilidades de su cargo había sido incompleta.
“La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, dijo frente a los familiares.
Las obligaciones que le impuso la JEP al coronel (r) Figueroa
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Coronel (r) Juan Carlos Figueroa pidió perdón a víctimas de 'La Popa' en Valledupar. Foto: JEP.
Además de la devolución de las condecoraciones, la sentencia le ordena:
Entregar los diarios operacionales y los demás documentos que tenga sobre los hechos.
Participar en acciones para limpiar el nombre de las víctimas en Radio Guatapurí, Vanguardia y El Pilón.
Dar la información que tenga sobre funcionarios y otras personas que pudieron intervenir en los crímenes.
Asistir a encuentros de verdad con antiguos integrantes de La Popa y, cuando corresponda, con exparamilitares que operaron en la región.
Intervenir de manera directa en la búsqueda e identificación de los desaparecidos.
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En un plazo de 60 días, deberá entregar el nombre y los datos que permitan identificar al desmovilizado del Frente 59 de las Farc que habría dado información sobre los hechos en los que murió la niña wiwa Nohemí Pacheco Zábata. La niña, de 13 años, fue asesinada el 9 de febrero de 2005 y presentada como guerrillera.
La sentencia también incluye medidas de reparación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, que se definirán en una ruta acordada con sus autoridades y con acompañamiento de la JEP.
Las órdenes a la Unidad de Víctimas y a Medicina Legal
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá inscribir en el Registro Único de Víctimas a los familiares que aún no estén incluidos y activar su reparación material.
A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) le ordenó apoyar la búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna de cinco víctimas mencionadas en la sentencia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá seguir, junto con la Ubpd, la identificación de cuerpos sin nombre.
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El fallo ordena además revocar las condecoraciones que el Ejército le dio a Figueroa Suárez por resultados operacionales y realizar un acto público de perdón a nombre de las Fuerzas Militares.
Es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda Sanción Alternativa a un máximo responsable que reconoció tarde. La primera fue para el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, en el subcaso Casanare.
