“Una justicia arrodillada solamente se acostumbra en las dictaduras”: director CEJ
La Corporación Excelencia de Justicia acudió a la CIDH para pedir medidas de protección en favor de un magistrado al que el presidente cuestionó.
La discusión por el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones continúa, especialmente, tras la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que ordenaba transferir 5 billones de pesos. Y a esto se suma el conflicto entre el presidente Gustavo Petro y las altas Cortes, que impulsó una decisión de la Corporación Excelencia a la Justicia, CEJ: acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH.
Su director, Hernando Herrera, afirma que no se puede hablar de un choque entre las ramas el poder porque los ataques provienen de un solo lado. Para él, hay un claro hostigamiento por parte del mandatario colombiano contra los jueces que toman decisiones contrarias a sus ideas y pueden traer graves consecuencias.
De hecho, entre la comunicación que dirigieron al organismo internacional, solicitaron medidas de protección para el consejero de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, debido a un trino del presidente:
Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente.
Gustavo Petro, presidente de la República
El director considera que se debe dejar claro un precedente que recuerde el respeto por la rama judicial, el cual, es garantía de la democracia.
¿Por qué acudieron a esa instancia y por qué hablan riesgos en su seguridad?
Acudimos ante esa instancia porque el presidente de la República no solamente cuestionó de manera irrespetuosa un fallo judicial, sino que con ese tipo de pronunciamientos quebranta un principio axiológico constitucional y es el de la independencia judicial, el de la autonomía de la rama y de paso el de la separación de poderes públicos. Además, el presidente de la República de manera reiterada ha acusado a la rama con diferentes tipos de calificativos que obviamente resultan no solo prejuiciosos, sino calumniosos en lo que hace del quehacer judicial y que además tienden a criminalizar la función de los funcionarios judiciales en nuestro país.
En cuanto a lo segundo, ¿por qué hablamos de riesgos de seguridad? Porque en un país polarizado, mediante un mensaje y con tono incendiario como el del presidente de la República, afecta la seguridad física y la integridad moral e intelectual de un magistrado y de hecho de la corporación que él representa, del Consejo de Estado, frente a la cual en el pasado el presidente también ha utilizado términos deplorables que hay que rechazar, como de órgano fascista, golpista, en fin, todo tipo de circunstancias.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Cortesía.
¿Los choques entre las tres ramas del poder han sido constantes en este gobierno, se han intensificado?
A mí me parece que no se puede hablar de choques porque choque es cuando existe la intención de dos entes, de dos organizaciones, en querer generar un conflicto. Y aquí fundamentalmente lo que hay que hablar es de afrenta permanente del presidente de la República en contra de las otras ramas del poder público.
Se trata de una agresión sistemática permanente y reiterada del presidente contra todas las ramas, contra la justicia, contra el Banco de la República, contra la rama electoral, en su momento contra los organismos de control. Es un presidente que no respeta específicamente ese escenario de representar la armonía tal y como la Constitución reza y señala que el presidente de la República representa la unidad nacional.
Este presidente lo que ha hecho precisamente es quebrantar ese postulado, obrar de espaldas a la Constitución y estar en un papel de matachín, de activista que no le corresponde al jefe de Estado, que precisamente debe marchar en la coordinación plena de todas las ramas.
Este presidente lo que ha hecho es obrar de espaldas a la Constitución y estar en un papel de matachín, de activista que no le corresponde al jefe de Estado.
Hernando Herrera, director de la CEJ
También han pedido un monitoreo especial, ¿cómo debería ser o en qué consistiría?
El monitoreo especial se le solicita a la Oficina para la Relatoría de la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas y ello se consigna precisamente para revisar esta preocupante situación y combinar al gobierno y en particular al presidente de la República y algunos de sus ministros, claro está que también han incurrido en ese mismo desafuero de respetar la rama judicial en aras de siempre proteger su independencia y su autonomía. Una justicia arrodillada solamente se acostumbra en las dictaduras, por el contrario, una justicia independiente es lo que enmarca y caracteriza a una democracia.
Lo que nosotros buscamos es en esa línea de acción que se vaya en marcha de ese derrotero para que precisamente no se rompa ni el hilo constitucional ni los fundamentos y los pilares constitucionales que entrega nuestra buena Constitución.
¿Cuáles deberían ser las vías que el Ejecutivo use para realizar sus críticas? Porque siempre habrá diferencias…
Y las ha habido en el pasado y lo que corresponde es ventilar desde el punto de vista institucional que la Constitución y las leyes prevén y son múltiples los mecanismos de orden por ejemplo procesal, de orden constitucional que se prevén si es que no se comparte un fallo judicial.
De hecho, puede existir una crítica, pero la crítica debe ser respetuosa, no atribuyendo calificativos, es que este presidente ha utilizado términos no solamente descalificación, adjetivos que hieren esa independencia judicial, sino también ha atacado personalmente a los magistrados. Recordemos lo que hizo por ejemplo contra un magistrado, contra el doctor Gerson Chaverra en su momento, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, señalando que un negro no podía ser conservador.
En todo caso, no el irrespeto, la descalificación, el hostigamiento y el acoso como el presidente Petro ha convertido en herramienta y en misil, por qué no decirlo, permanente en contra de la ley judicial.
Puede existir una crítica, pero la crítica debe ser respetuosa, no atribuyendo calificativos.
Hernándo Herrera, director de la CEJ
La respuesta de la CIDH seguramente llegará cuando este gobierno ya no esté en el poder. ¿El llamado al organismo aplicaría para cualquier presidente?
Este llamado a atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería permanente, obligaría al estado colombiano de manera tal que no importaría quién sea el presidente, pero haría cuenta de por qué se genera ese llamado y esas medidas cautelares y eso atañe a un solo nombre, el del doctor Gustavo Petro.
