Radiografía a los aspirantes a la Contraloría: Bienes, contratos y trayectorias
Minuto60 presenta un informe sobre los candidatos a la Contraloría. Reporte de trayectorias, bienes, formación y posibles conflictos de interés.
El Congreso está en una etapa decisiva para la elección del nuevo contralor general de la República, quien sucederá en el cargo a Carlos Hernán Rodríguez Becerra para el periodo 2026-2030.
El proceso, regido por la Ley 1904 de 2018, ha avanzado con la publicación de los resultados de la prueba de conocimiento realizada por la Universidad de Cartagena, la cual tiene carácter eliminatorio con un puntaje mínimo de 70 puntos. De un total de 244 inscritos, el listado se ha depurado tras la valoración de hojas de vida, experiencia docente y producción académica.
La elección final está programada para el 12 de agosto de 2026 en sesión conjunta de Senado y Cámara, requiriendo mayoría absoluta de votos. Minuto60 investigó a fondo y presenta un informe detallado de la vida profesional, académica y patrimonial de los 10 aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones. La información fue consultada en diversas fuentes de datos públicos oficiales.
Carlos Mario Zuluaga obtuvo 98 puntos sobre 100. Archivo particular.
Carlos Mario Zuluaga
Luego de la evaluación técnica, la lista de los 10 mejor calificados es encabezada por Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien obtuvo un puntaje de 98 sobre 100 en los exámenes aplicados por la Universidad de Cartagena.
Zuluaga Pardo, abogado de la Corporación Universitaria de Colombia, acumula una trayectoria de 20 años en el sector público. Su formación académica incluye una maestría en Alta Dirección Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, una licenciatura en Enseñanzas de las Tecnologías de la Universidad del Atlántico, una especialización en Docencia Universitaria de la Universidad del Norte y otra en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de la Universidad Externado de Colombia.
En el ámbito profesional, se desempeñó como vicecontralor general y asumió como contralor general encargado hasta su renuncia en febrero de 2026 para formalizar esta candidatura. Dentro de la misma entidad también ocupó los cargos de contralor delegado para la Participación Ciudadana y director de Estudios Sectoriales de Minas y Energía.
Declaración de renta y propiedades
En materia financiera, su declaración de renta correspondiente al año gravable 2023, el último registro disponible públicamente, registraba un patrimonio bruto de $ 2.284'094.000 y deudas totales por $ 1.247'367.000, lo que arrojó un patrimonio líquido de $ 1.036'727.000 para ese año.
Durante ese periodo, sus ingresos brutos ascendieron a $ 532'896.000, discriminados en rentas de trabajo por $ 530'642.000, rentas no laborales por $ 2'254.000 y rentas de capital. Sus obligaciones financieras vigentes a la fecha de ese reporte incluían tres préstamos bancarios por un total de $ 1.015'880.808, deudas en tarjetas de crédito por $ 24'985.745 y préstamos comerciales por $ 206'500.000.
El rastreo de sus activos inmobiliarios revela una concentración de propiedades en la región Caribe y Bogotá. Los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro vinculan su cédula de ciudadanía a once matrículas inmobiliarias vigentes al 24 de abril de 2026, que incluyen un apartamento en la carrera 16 de Bogotá, dos garajes y un apartamento en Barranquilla, además de siete registros adicionales en la oficina de instrumentos públicos de Sabanalarga.
En cuanto al registro de posibles conflictos de interés, el aspirante declaró ser miembro de la junta directiva y socio de la empresa Petra Alcala SAS, además de ostentar la calidad de socio en la sociedad W Entertainment y Cia.
Respecto a sus vínculos familiares, Zuluaga reportó bajo juramento la vinculación de parientes en diversas entidades del Estado: su hermano, Aldemir Enrique Zuluaga Pardo, se desempeña como asesor en la Alcaldía de Barranquilla; su hermano, John Jairo Zuluaga Pardo, es contratista de la empresa Edubar SA; su cuñada, Andrea Carolina Zabaleta Valdés, labora como profesional en la Registraduría Nacional del Estado Civil; y su primo, Rafael Antonio Castillo Pardo, ejerce como asesor jurídico en la Cámara de Representantes y asesor en la delegada de Movilidad Humana del departamento del Atlántico.
Julián Mauricio Ruiz Rodríguez obtuvo 95 puntos sobre 100. Archivo particular.
Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
Entre los aspirantes que encabezan el escalafón técnico también se encuentra Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, de 43 años, y quien obtuvo el segundo puntaje más alto en el examen eliminatorio con 95 puntos sobre 100.
Ruiz Rodríguez es abogado y cuenta con una formación especializada en el sector público. Sus títulos de posgrado incluyen una especialización en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Público y una maestría en Dirección de la Gestión Pública, todas debidamente culminadas.
Su carrera profesional en la administración pública se consolidó durante la última década, destacando su paso por la Fiscalía General de la Nación entre el 7 de febrero de 2011 y el 16 de septiembre de 2018, donde llegó a desempeñarse como gerente del Fondo.
Posteriormente, se vinculó a la Contraloría General de la República, entidad en la que ocupó los cargos de director jurídico y vicecontralor general en propiedad, además de ejercer como director general interino entre el 18 de marzo de 2021 y el 11 de mayo de 2022. Su cargo más reciente antes de postularse al ente nacional fue el de contralor Distrital de Bogotá, función que desempeñó desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Situación financiera e ingresos
La información patrimonial de Ruiz Rodríguez presenta variaciones significativas según el último periodo reportado. En su declaración de renta presentada ante la DIAN para el año gravable 2024, el candidato registró un patrimonio bruto de $ 2.693'937.000 y deudas por $ 1.264'480.000, resultando en un patrimonio líquido de $ 1.429'457.000.
Durante ese ejercicio fiscal, sus ingresos brutos totales ascendieron a $ 606'236.000, provenientes mayoritariamente de rentas de trabajo ($ 605'702.000) derivadas de su gestión como contralor de la capital.
No obstante, en su Publicación Proactiva radicada el 16 de enero de 2026 ante Función Pública, el aspirante reportó ingresos totales para el año gravable 2025 por $ 159'709.000. Este monto se desglosó en gastos de representación por $ 95'344.000, cesantías e intereses por $ 39'365.000 e ingresos por arriendos de $ 25'000.000.
Contratos de consultoría en 2026
Tras dejar el cargo de contralor de Bogotá en diciembre de 2025, Ruiz Rodríguez suscribió en el primer trimestre de 2026 tres contratos de prestación de servicios con entidades del Estado, los cuales suman un valor global de $ 437'346.394:
CAR Cundinamarca: iniciado el 15 de enero de 2026 por un valor de $ 178'250.000, con el objeto de asesorar a la Dirección General ante visitas de órganos de control y seguimiento al Congreso.
Ministerio del Deporte: iniciado el 26 de enero de 2026 por $ 119'000.000, para apoyo jurídico a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE): iniciado el 2 de febrero de 2026 por $ 140'096.394, enfocado en la formulación de estrategias de defensa y representación judicial de la Nación.
Patrimonio inmobiliario
Los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), actualizados al 24 de abril de 2026, vinculan el documento de identidad de Ruiz Rodríguez con cinco matrículas inmobiliarias vigentes.
En Bogotá, registra un apartamento en Los Rosales y otro en Los Lagartos. Asimismo, el rastro documental identifica propiedades en el departamento del Meta. Ruiz Rodríguez posee un lote en el Condominio Campestre Villa Paraíso y un apartamento adicional en el barrio El Prado de Villavicencio.
Conflictos de interés y vínculos familiares
Dentro del registro legal de posibles conflictos de interés, el candidato reportó que su cónyuge, Érika Johanna Bohórquez Ballesteros, ocupa un cargo directivo estratégico como gerente territorial en la vicepresidencia de Transformación Territorial de Ecopetrol. El aspirante manifestó bajo juramento no poseer participaciones en juntas directivas privadas ni ser socio de corporaciones o asociaciones a la fecha de su publicación.
Karol González Mora obtuvo 94 puntos sobre 100. Archivo particular.
Karol González Mora
Karol González Mora se posiciona en el tercer lugar del escalafón técnico dentro del proceso de selección para el nuevo contralor general de la República (2026-2030), tras obtener una calificación de 94 puntos sobre 100 en la prueba de conocimiento.
González Mora cuenta con antecedentes directos en este proceso, pues integró la lista de diez elegibles en 2022. Además, en la votación del 12 de junio de 2024, durante la elección atípica en la que resultó ganador Carlos Hernán Rodríguez, la candidata obtuvo un voto a su favor en la plenaria.
Perfil profesional y experiencia
La trayectoria de González Mora abarca funciones tanto en el sector público como en el privado, incluyendo vinculaciones previas con la Contraloría General de la República. Su perfil profesional destaca especialmente por su labor en la rama judicial, donde se ha desempeñado como magistrada auxiliar.
De manera complementaria a su actividad en el sector oficial, la aspirante lidera una fundación de carácter social. Este trabajo independiente está enfocado en promover el acceso a la justicia y fortalecer la participación ciudadana, elementos que han sido valorados dentro de su idoneidad para el cargo de control fiscal.
Su clasificación entre los cinco finalistas responde a una evaluación integral que contempla su desempeño en exámenes técnicos, su experiencia profesional y su producción académica.
Información patrimonial y registros
En lo referente a su situación patrimonial, los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), actualizados al 5 de mayo de 2026, vinculan su documento de identidad con una propiedad vigente.
Dicho inmueble corresponde al Lote Privado número 7, ubicado en el Condominio Campestre Altos de la Laguna P.H. Con este puntaje técnico y su trayectoria en la magistratura, González Mora se mantiene como una de las opciones con mayor competitividad para la etapa de entrevistas y a la conformación de la lista definitiva de diez elegibles que será presentada ante el pleno del Congreso.
Elisina del Rosario Ortega Consuegra
Ortega Consuegra se posicionó en el cuarto lugar del ranking técnico al obtener un puntaje de 93 sobre 100. Nacida en Baranoa, Atlántico, Elisina del Rodario Ortega Consuegra es abogada de profesión. Su formación de posgrado se concentra en el área jurídica y la gestión pública, con dos especializaciones: una en Contratación Estatal y otra en Derecho Administrativo. Esta base académica ha sustentado una trayectoria profesional enfocada casi exclusivamente en el sector público y el control fiscal.
Trayectoria profesional
El perfil de la candidata destaca por una vinculación de larga data con la Contraloría General de la República, entidad a la que ingresó por primera vez en la década de los noventa. Su historial laboral se divide en las siguientes etapas:
Contraloría General de la República (etapa inicial): se vinculó a la institución el 31 de enero de 1996, permaneciendo en ella hasta el 19 de junio de 2001.
Personería de Bogotá: tras su primera etapa en la Contraloría, laboró en la Personería Distrital entre el 20 de junio de 2001 y el 15 de enero de 2004.
Contraloría General de la República (segunda etapa): regresó al ente de control nacional el 16 de enero de 2004, desempeñando funciones hasta el 12 de febrero de 2007.
Gobernación del Atlántico: ejerció como jefe de la Oficina de Control Interno en la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico desde el 13 de febrero de 2007 hasta el 19 de octubre de 2008.
Contraloría General de la República (vigencia actual): se reintegró a la entidad el 20 de octubre de 2008. Desde entonces, ha mantenido una vinculación ininterrumpida de casi 18 años, desempeñándose actualmente en la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
Situación en el proceso de selección
Elisina Ortega Consuegra forma parte de la lista oficial de aspirantes admitidos que cumplieron con la totalidad de los requisitos constitucionales y legales exigidos por la Comisión de Acreditación Documental del Congreso.
Su puntaje de 93 aciertos en la prueba técnica la sitúa como la mujer con la segunda mejor calificación del proceso, solo superada por Karol González Mora (94 puntos) y por encima de otros candidatos con amplia visibilidad, como Andrés Castro Franco y Ana Elena Monsalvo.
A diferencia de otros candidatos que integran el grupo de los cinco finalistas, en la documentación técnica analizada no figuran registros de contratos de prestación de servicios vigentes con otras entidades del Estado para el año 2026, dado su carácter de funcionaria de carrera activa dentro de la propia Contraloría General.
Andrés Castro Franco obtuvo 90 puntos sobre 100. Archivo particular.
Andrés Castro Franco
Entre los cinco aspirantes mejor calificados destaca Andrés Castro Franco, quien obtuvo un puntaje de 90 sobre 100, ubicándose en el quinto lugar del escalafón técnico inicial. Castro Franco, nacido en Pereira, Risaralda, posee una formación multidisciplinaria en derecho y ciencia política. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana.
Su formación de posgrado incluye una maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada y una especialización en Instituciones Jurídico Procesales de la Universidad Nacional.
En el ámbito profesional, consolidó una carrera de casi tres décadas vinculada a la docencia y a los organismos de control. Ejerció como docente de hora cátedra en la Universidad EAN durante 23 años, entre agosto de 1996 y diciembre de 2019.
En el sector público, su trayectoria comenzó en el legislativo como asesor de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en la Cámara de Representantes entre agosto de 2006 y marzo de 2008. Posteriormente, fue personero delegado en la Personería de Bogotá en marzo de 2008 y asesor del despacho del ministro de Justicia entre junio de 2012 y octubre de 2013.
Su experiencia en el control fiscal incluye el cargo de contralor auxiliar de Bogotá entre junio de 2016 y diciembre de 2018, así como el de gerente Seccional II de Bogotá en la Auditoría General de la República desde marzo de 2019 hasta noviembre de 2020. Fue elegido contralor de Bogotá en noviembre de 2020, cargo que desempeñó antes de asumir la Personería Distrital de Bogotá, donde figura como titular en sus declaraciones más recientes de 2025.
Situación financiera e ingresos
De acuerdo con su declaración de renta presentada ante la DIAN para el año gravable 2022 (la última a la que este medio pudo acceder), Castro Franco reportó un patrimonio bruto de $ 2.140'247.000 y deudas por $ 459'123.000, resultando en un patrimonio líquido de $ 1.681'124.000.
En su Publicación Proactiva de Declaración de Bienes y Rentas, radicada el 30 de julio de 2025, el aspirante reportó ingresos totales para el año gravable 2024 por $ 497'521.250. Este monto se desglosó en salarios y demás ingresos laborales por $ 327'671.200, gastos de representación por $ 77'070.050, ingresos por arriendos de $ 40'000.000, cesantías por $ 2'780.000 y otros ingresos por $ 50'000.000.
El registro de bienes inmuebles de Castro Franco revela una alta concentración de activos en la ciudad de Bogotá. En su declaración juramentada de bienes y rentas de 2025 relacionó seis oficinas ubicadas en sectores estratégicos del centro y norte de Bogotá; tres de ellas en el barrio La Catedral (localidad de La Candelaria), dos en el barrio Santa Inés (localidad de Santa Fe) y una más en el sector de Chapinero Central.
Registro de conflictos de interés
En cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, Castro Franco declaró el 30 de julio de 2025 poseer participación en sociedades privadas. Manifestó ser socio de la asociación FG Presencia Jurídica Ltda., donde además figura como miembro de la junta directiva.
En la misma declaración, el aspirante afirmó bajo juramento no tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad con intereses susceptibles de generar conflictos de interés frente a su labor actual, ni poseer fideicomisos o inversiones en bonos y fondos de inversión.
Luis Enrique Abadía obtuvo 89 puntos de 100. Archivo particular.
Luis Enrique Abadía
Uno de los casos que presenta variaciones documentales es el de Luis Enrique Abadía García, oriundo de Juradó, Chocó, quien actualmente se desempeña como jefe de unidad en la Contraloría y ha ocupado la dirección interina de la entidad en diversas ocasiones entre 2023 y 2025. Los documentos oficiales analizados revelan que el candidato reportó cifras distintas sobre sus ingresos de un mismo periodo en dos declaraciones públicas diferentes.
De acuerdo con su declaración de renta presentada ante la DIAN para el año gravable 2021, y firmado el 3 de junio de 2022, Abadía García registró un patrimonio bruto de $ 492'158.000 y deudas por $ 97'144.000, lo que arrojó un patrimonio líquido de $ 395'014.000.
En dicho reporte tributario, el aspirante detalló ingresos brutos por tres conceptos distintos dentro de su cédula general: rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Al sumar estos rubros, sus ingresos brutos totales para ese año ascendieron a aproximadamente $ 244'855.000.
No obstante, cinco meses después de haber radicado ese documento ante la autoridad tributaria, el candidato suscribió su Publicación Proactiva de Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés el 3 de noviembre de 2022, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019.
En este segundo documento, referido exactamente al mismo periodo (2021), Abadía García reportó ingresos totales por $ 92'057.000, discriminados únicamente en salarios y demás ingresos laborales por $ 86'845.000 y gastos de representación por $ 5'212.000. En este registro proactivo de Función Pública no figuran los más de 162 millones de pesos por rentas de capital que el mismo candidato había certificado bajo juramento ante la DIAN meses atrás.
En lo que respecta a sus bienes inmuebles y activos adicionales, el rastro documental vincula al aspirante con múltiples propiedades. Según el reporte de la Superintendencia de Notariado y Registro actualizado al 5 de mayo de 2026, su documento de identidad está asociado a seis matrículas inmobiliarias.
Entre estos bienes se encuentran un apartamento, un depósito y un garaje en un edificio del noroccidente de la capital, así como otras dos unidades inmobiliarias residenciales en la ciudad. Adicionalmente, en su declaración de conflictos de interés, el candidato manifestó poseer muebles localizados en la ciudad de Medellín.
Jorge Eliécer Laverde Vargas obtuvo 88 puntos sobre 100. Archivo particular.
Jorge Eliécer Laverde Vargas
De acuerdo con los resultados oficiales, Jorge Eliécer Laverde Vargas ocupa la séptima posición del escalafón técnico inicial, luego de obtener una calificación de 88 aciertos sobre 100 posibles. Con este puntaje, Laverde Vargas supera el mínimo eliminatorio de 70 puntos.
Nacido en Villeta, Cundinamarca, Laverde Vargas presenta uno de los perfiles académicos más sólidos de la convocatoria. Es abogado de profesión y ostenta el título de Doctor en Derecho. Su formación de posgrado incluye dos maestrías: una en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y otra MBA (Maestría en Administración de Negocios).
Adicionalmente, el aspirante acredita seis especializaciones en distintas áreas de la administración y el derecho:
Derecho Constitucional
Gestión y Planificación Territorial
Alto Gobierno
Administración de la Salud
Gerencia de Finanzas
Gerencia Empresarial
Trayectoria en el sector público y legislativo
La experiencia laboral de Laverde Vargas ha estado estrechamente ligada al funcionamiento del Congreso de la República y a los organismos de control. Actualmente se desempeña como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde el 9 de septiembre de 2015. En esta función ejerce responsabilidades directivas dentro de la célula legislativa encargada de asuntos relacionados con servicios públicos, comunicaciones, transporte y educación.
Antes de su ingreso al Senado, el candidato trabajó en la Procuraduría General de la Nación, donde ejerció como procurador judicial I en la Regional Risaralda, cargo para el que fue nombrado el 3 de septiembre de 2012. Asimismo, cuenta con una trayectoria de ocho años vinculada a la Asamblea Departamental de Caldas, entidad en la que laboró en dos periodos consecutivos: el primero entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, y el segundo entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Patrimonio y registros inmobiliarios
Los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), actualizados al 5 de mayo de 2026, vinculan el documento de identidad de Laverde Vargas con activos inmobiliarios en el departamento de Caldas.
De manera específica, el rastro documental identifica propiedades en Manizales. Dos inmuebles y un local comercial en el barrio Palermo, un apartamento en el sector de El Cable, un inmueble en la Urbanización El Sol, del barrio Lleras, y un predio adicional sin dirección registrada en el sistema. En Bogotá le aparece un apartamento en el barrio Emaús, ubicado en la localidad de Chapinero.
Ana Elena Monsalvo Herrera obtuvo 85 puntos sobre 100. Archivo particular.
Ana Elena Monsalvo Herrera
Ana Helena Monsalvo Herrera posee una formación enfocada en administración pública y logística comercial. Es graduada en Administración de Comercio Internacional y cuenta con una especialización en Logística Comercial Nacional e Internacional. Su preparación académica de posgrado incluye una maestría en Gobierno y Políticas Públicas debidamente titulada. Actualmente registra en su hoja de vida estudios no concluidos de doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública.
Trayectoria en el sector público y organismos de control
Su experiencia profesional durante la última década evidencia una transición desde cargos técnicos en el departamento del Cesar hacia posiciones directivas en entidades nacionales. Entre sus roles más destacados se encuentran:
Contraloría General de la República: Se desempeñó como Contralora Delegada entre el 6 de octubre de 2022 y el 3 de julio de 2025.
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales): Ejerció como Jefe de Control Interno desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 6 de mayo de 2022.
Colpensiones: Estuvo vinculada como asesora de Presidencia entre marzo de 2019 y enero de 2020, y previamente como contratista desde noviembre de 2018.
Gobernación del Cesar: Ocupó el cargo de Jefe de Oficina Asesora entre el 12 de febrero de 2013 y el 4 de enero de 2016.
Otras vinculaciones: Suscribió contratos de asesoría con el Ministerio del Trabajo (2018), RTVC (2017-2018) y la Federación Nacional de Departamentos en distintos periodos entre 2016 y 2018.
Situación financiera e ingresos
De acuerdo con su declaración de renta presentada ante la DIAN para el año gravable 2024, Monsalvo Herrera reportó un patrimonio bruto de $1.633.859.000 y deudas por $1.073.567.000, lo que arrojó un patrimonio líquido de $560.292.000.
Durante ese ejercicio fiscal, sus ingresos brutos totales ascendieron a $486.450.000, provenientes principalmente de rentas de trabajo ($481.282.000) por su desempeño como contralora delegada, además de rentas no laborales y rentas de capital.
En su Publicación Proactiva radicada el 28 de enero de 2026 ante Función Pública, la aspirante declaró ingresos para el año gravable 2025 por un total de $ 464'736.000. Este monto se discriminó en salarios y prestaciones por $ 377'257.000, cesantías por $ 33'505.000, gastos de representación por $ 25'550.000 y otros ingresos por $ 28'424.000.
Contratos vigentes en 2026
Al momento de formalizar su aspiración, la candidata registra dos contratos de prestación de servicios activos con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), los cuales suman $ 121'950.000:
Contrato 1: Iniciado el 11 de febrero de 2026 y con terminación prevista para el 11 de agosto de 2026, por valor de $ 95'800.000, para apoyo en actividades financieras y mercado de capitales.
Contrato 2: Iniciado el 12 de febrero de 2026 y con terminación el 12 de julio de 2026, por valor de $ 26'150.000, enfocado en seguimiento a la liquidez y políticas de inversión.
Adicionalmente, en su registro de Función Pública figura una vinculación vigente como contratista en la Cámara de Representantes. Por otra parte, los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), con corte al 5 de mayo de 2026, vinculan a Monsalvo Herrera con activos inmobiliarios en tres jurisdicciones distintas:
Bogotá: Un apartamento con dos garajes en el sector de Santa Bárbara Central (localidad de Usaquén).
Chía, Cundinamarca: Un apartamento con sus respectivos parqueaderos en el Conjunto Valle de Luna Club Residencial.
Cartagena, Bolívar: Un apartamento en el Condominio Altana, ubicado en el exclusivo sector de La Boquilla.
En su declaración juramentada del 28 de enero de 2026, Ana Elena Monsalvo Herrera manifestó no tener cónyuge o compañero permanente. Asimismo, reportó bajo juramento que no posee parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad con intereses susceptibles de generar conflictos frente al cargo, ni ostenta participaciones en juntas directivas, sociedades, corporaciones o asociaciones privadas a la fecha de la publicación. Tampoco registró inversiones en bonos o fondos de inversión ni la existencia de fideicomisos a su nombre.
David Alonso Roa Salguero obtuvo 83 puntos sobre 100. Archivo particular.
David Alonso Roa Salguero
El aspirante, nacido en Sabanalarga, Atlántico, integra la lista de candidatos admitidos que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria pública. Roa Salguero presenta un perfil académico con fuerte énfasis en el derecho sancionatorio y constitucional. Es abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar (1997–2002). Su formación de posgrado incluye:
Doctorado (en curso): Adelanta estudios en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de Derecho en la Universidad de Salamanca (España), iniciados en noviembre de 2025.
Maestrías: Es magíster en Derecho Disciplinario y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Externado de Colombia (2015–2017).
Especializaciones: Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Libre Seccional Barranquilla (2004–2005) y especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado (2006–2007).
Otros estudios: Cursó un posgrado en Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Valladolid (2021) y estudios de ética pública y anticorrupción en la Universidad Nacional del Litoral (2014).
Trayectoria en el sector público y privado
La experiencia profesional de Roa Salguero combina el ejercicio del control disciplinario, la docencia y la consultoría privada. Actualmente, se desempeña como Group CEO del Instituto de Estudios en Derecho Sancionatorio, cargo asumido en abril de 2025, y como docente en la Universidad Libre de Bogotá desde enero de 2017.
Dentro de su trayectoria en organismos de control y entidades estatales destacan:
Procuraduría General de la Nación: Ejerció durante casi seis años en tres posiciones: procurador en Caquetá (junio de 2010 – febrero de 2012), procurador en Medellín (marzo de 2012 – febrero de 2015) y asesor jurídico del despacho del viceprocurador (marzo de 2015 – febrero de 2016).
Asesorías externas: Ha suscrito contratos de asesoría con la Aeronáutica Civil (abril de 2017 – noviembre de 2019), la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá (septiembre de 2018 – diciembre de 2019), la Gobernación del Atlántico (marzo de 2020 – agosto de 2020) y la Alcaldía Mayor de Bogotá (marzo de 2020 – diciembre de 2021).
Otras designaciones: Fue presidente del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas entre mayo de 2009 y marzo de 2025, y conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura entre noviembre de 2019 y marzo de 2025.
A la fecha de su declaración más reciente, presentada en enero de 2026, figura con un contrato vigente como contratista en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Situación financiera e ingresos
De acuerdo con su declaración bajo el régimen simple de tributación radicada ante la DIAN el 16 de abril de 2025, Roa Salguero reportó para el año gravable 2024 ingresos brutos anuales por $ 193'025.000.
En su Publicación Proactiva presentada ante Función Pública el 27 de enero de 2026, declaró ingresos por honorarios durante el año 2025 por un total de $ 174'736.773.
Los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), con corte al 5 de mayo de 2026, vinculan al aspirante con seis matrículas inmobiliarias vigentes en tres departamentos:
Bogotá: Un apartamento con su respectivo depósito en el sector de Ciudad Jardín Norte (localidad de Suba).
Santa Marta, Magdalena: Un apartamento ubicado en el exclusivo sector de Bello Horizonte.
Puerto Colombia, Atlántico: Un lote en la Urbanización Poblado Campestre Riomar, en el sector de Caujaral.
Medellín, Antioquia: Un apartamento situado en el barrio Belén (sector de Los Alpes).
En su declaración juramentada del 27 de enero de 2026, el candidato manifestó ser socio y representante legal de la firma DR Abogados SAS, donde además integra la junta directiva. Asimismo, figura como directivo de la Fundación Instituto de Estudios en Derecho Sancionatorio.
Érika Elizabeth Sabogal Castro obtuvo 83 puntos sobre 100. Archivo particular.
Érika Elizabeth Sabogal Castro
Dentro de los resultados de la prueba de conocimiento aplicada por la Universidad de Cartagena, Érika Elizabeth Sabogal Castro ocupa la décima posición del escalafón técnico tras obtener una calificación de 83 puntos sobre 100. Sabogal Castro, nacida en Fómeque, Cundinamarca, acredita un perfil profesional centrado en el derecho y la administración pública. Es abogada graduada y su formación de posgrado incluye:
Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas
Maestría en Derecho del Estado
Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa
Trayectoria en el sector público
Su experiencia profesional en la última década evidencia una vinculación continua con la administración departamental de Cundinamarca y con cargos en entidades del orden nacional:
Instituto de Acción Comunal de Cundinamarca (Idaco): Ejerce como gerente general desde el 4 de junio de 2024 hasta la fecha.
Gobernación de Cundinamarca: Se desempeñó como secretaria de despacho en tres periodos distintos: del 7 de enero de 2020 al 12 de diciembre de 2023; del 5 de junio de 2017 al 23 de julio de 2018; y del 4 de octubre de 2016 al 4 de junio de 2017.
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún): Fue gerente entre el 6 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
Imprenta Nacional de Colombia: Ocupó el cargo de jefe de área desde el 2 de julio de 2013 hasta el 3 de octubre de 2016.
Ministerio del Interior y de Justicia: Laboró como profesional universitario entre el 21 de enero de 2013 y el 12 de junio de 2013.
Alcaldía de Quetame: Suscribió un contrato de prestación de servicios entre el 28 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Situación financiera e ingresos
De acuerdo con su declaración de renta presentada ante la DIAN para el año gravable 2023, Sabogal Castro reportó un patrimonio bruto de $ 822'164.000 y obligaciones financieras por $ 817'935.000, resultando en un patrimonio líquido de $ 4'229.000. Durante ese ejercicio fiscal, sus ingresos brutos totales fueron de $ 270'967.000, discriminados en rentas de trabajo por $ 264'790.000, honorarios por $ 5'300.000 y rentas de capital.
En su Publicación Proactiva de Declaración de Bienes y Rentas, radicada el 31 de mayo de 2025, la aspirante reportó ingresos totales para el año gravable 2024 por $ 286'761.872. Este monto se dividió en salarios y demás ingresos laborales por $ 242'057.472 y honorarios por $ 44'704.400.
Los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), con corte al 5 de mayo de 2026, vinculan a la candidata con cinco matrículas inmobiliarias en Bogotá. Entre estas se encuentran un apartamento con su respectivo depósito y dos garajes en el sector de La Calleja (localidad de Usaquén).
En cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, la aspirante declaró el 31 de mayo de 2025 que participa en calidad de presidente - delegado en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en representación del IDACO (Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca).
