Contratación pública se disparó antes de la Ley de Garantías: revelan cifras en época electoral
Se evidenció un aumento significativo en el volumen y valor de la contratación pública en el mes previo a la entrada en vigor de esta Ley.
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La contratación pública territorial en Colombia vuelve a estar en el centro del debate tras conocerse un análisis reciente de la Auditoría General de la República en el que se advierte que, en los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se registró un aumento significativo tanto en el número de contratos como en el valor de los mismos.
El estudio, que revisó más de 5,5 millones de contratos firmados entre noviembre de 2021 y enero de 2026, coincide con periodos clave como elecciones legislativas, presidenciales y regionales. El objetivo fue entender cómo se comporta la contratación en estos momentos, cuando la ley impone restricciones para evitar el uso indebido de recursos públicos.
Los hallazgos muestran una tendencia clara y es que las entidades territoriales aceleran la firma de contratos antes de que entren en vigor las limitaciones legales. Esto ocurre especialmente en años electorales como 2022 y 2026, lo que abre interrogantes sobre la planeación y transparencia en el uso de recursos.
¿Qué revela el aumento de la contratación antes de la Ley de Garantías?
Uno de los datos más llamativos es el comportamiento de la contratación directa. En enero de 2022, justo antes de la restricción, se firmaron cerca de 350.000 contratos bajo esta modalidad, sin embargo, una vez entró en vigencia la Ley de Garantías, la cifra cayó drásticamente a poco más de 8.000.
Para 2026, el patrón se repite pues antes de la restricción se registraron más de 262.000 contratos directos, pero luego la cifra bajó a apenas 560. Este contraste evidencia cómo la contratación se concentra en los días previos a las limitaciones legales.
Aunque al comparar ambos años se observa una reducción del 25% en la contratación directa en 2026 frente a 2022, los investigadores advierten que esto podría deberse no solo a un menor uso de esta modalidad, sino también a retrasos en los reportes.
Otro punto clave es el incremento de los contratos interadministrativos, especialmente en las elecciones locales de 2023. Antes de la Ley de Garantías, se firmaron 6.870 contratos de este tipo, casi el triple de lo habitual en periodos sin elecciones.
En términos de dinero, la contratación también muestra variaciones importantes. En enero de 2022 alcanzó los 12 billones de pesos, mientras que en enero de 2026 llegó a los 7 billones. Aunque la cifra es menor, sigue siendo superior a la de años no electorales.
El informe también revela comportamientos atípicos en fechas específicas, por ejemplo, el 1 de enero de 2026 se firmaron más de 28.000 contratos, y el 2 de enero casi 20.000, cifras altas considerando que son días festivos, cuando muchas entidades operan con capacidad reducida.
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En cuanto a los sectores, la contratación se concentra principalmente en fortalecimiento institucional, seguido por salud y protección social, pero el análisis sugiere que buena parte de estos recursos no necesariamente se destinan al gasto social directo.
Las conclusiones del estudio muestran que la contratación directa sigue siendo la modalidad predominante, representando cerca del 62% del total y se evidencia una fuerte concentración del gasto en áreas administrativas, lo que contrasta con el espíritu de las normas que buscan priorizar la inversión social.
Finalmente, el informe advierte que, aunque algunos contratos firmados durante la Ley de Garantías podrían estar amparados por excepciones legales como los relacionados con salud o emergencias, es necesario revisar a fondo estos procesos para evitar posibles irregularidades.
