Contraloría alerta riesgo de racionamiento energético y alza de precios
El ente de control afirma que se deben adoptar decisiones estructurales urgentes para evitarlo.
La Contraloría General de la República advirtió sobre un inminente riesgo de desabastecimiento energético y aumento en los precios de los servicios públicos en el país debido a la ausencia de nuevos proyectos estratégicos, el no pago de millonarias deudas a los prestadores de energía y gas, y el preocupante agotamiento de las reservas de hidrocarburos que redujo la autosuficiencia a menos de ocho años.
Según el órgano de control, la situación obliga a adoptar decisiones estructurales urgentes para fortalecer la soberanía energética frente a un mercado global cada vez más volátil.
Asimismo, presentó los resultados del estudio sectorial 'Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030', donde evidenció una preocupante radiografía de los sectores de gas, electricidad y combustibles líquidos.
La entidad señaló que, en materia de gas natural, la producción disponible para la venta resultó significativamente menor que la fiscalizada debido a factores como los consumos propios y el gas que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas. Durante el año 2024, el país solo comercializó el 67 % del gas extraído, lo que obligó al Gobierno Nacional a recurrir por primera vez a la importación de gas natural licuado para poder cubrir la demanda interna nacional.
El informe concluyó que el país enfrenta una disminución sostenida de las reservas probadas, dejando un estrecho horizonte de autosuficiencia de apenas 5,9 años para el gas y 7,2 años para el petróleo. La falta de adjudicación de grandes proyectos de regasificación, especialmente en la zona del Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte incrementaron el riesgo de desatención de la demanda a partir de 2026, por lo que la entidad sugirió aplicar soluciones de urgencia como habilitar importaciones por Buenaventura y buscar nuevas opciones en La Guajira y Sucre.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ya alertó formalmente sobre esta crisis de oferta al Ministerio de Minas y Energía desde octubre de 2025. El ente de control reiteró que "persisten cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que impiden materializar las inversiones necesarias, comprometiendo la seguridad energética, la estabilidad tarifaria y la protección del patrimonio público".
Contradicciones en el suministro y fin de subsidios
Sobre el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la entidad destacó su valor estratégico en zonas rurales para sustituir el uso de la leña, pero advirtió que la limitada capacidad logística y de almacenamiento comprometió gravemente la continuidad del suministro en las regiones más apartadas.
Además, mostró que la planeación energética gubernamental fijó metas para conectar nuevos usuarios sin asegurar previamente el volumen de gas necesario para atenderlos, desatando riesgos inminentes de racionamiento e inequidad.
El panorama de los combustibles líquidos tampoco resultó favorable. El estudio demostró que la demanda interna de gasolina dependió en un 40 % de los mercados internacionales. Ante esta cifra, la Contraloría indicó que la eliminación de subsidios a los combustibles se consolidó como una necesidad ineludible dado que el país ya no produce todo lo que consume.
Explicó también que, aunque las importaciones de diésel (ACPM) continuaron en niveles bajos, la parálisis en la construcción de nuevas refinerías garantizó que estas necesidades de importación y sus respectivos subsidios crecerán irremediablemente con el tiempo.
Respecto al servicio de energía eléctrica, el análisis identificó fuertes desigualdades territoriales y brechas que dejaron a más de 1,3 millones de viviendas colombianas sin acceso al servicio, cuyo cierre demandó inversiones superiores a los 32 billones de pesos. Estas dificultades se agravaron por una gestión fragmentada de los recursos estatales, situación que planteó la obligación de consolidar toda la operación a través del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía).
Así las cosas, de cara a la transición, la Contraloría proyectó que las fuentes de energía renovable no convencional representarán una tercera parte de la generación nacional para el año 2030, escenario que dependerá de si los 1.200 megavatios restantes del proyecto Hidroituango no logran entrar en operación.
Para proteger al país de apagones, la entidad ordeno al Gobierno revisar y aumentar la meta nacional de almacenamiento de energía mediante baterías, estipulada actualmente en 1.500 megavatios, para sincronizarla de forma realista con la nueva capacidad de generación verde que entrará al sistema.
*Información de Colprensa
