"El Estado no puede renunciar a su obligación sobre el derecho a la vivienda digna": Camacol
El gremio se pronunció sobre el proyecto de decreto para controlar los precios de la vivienda en Colombia.
Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), reaccionó al proyecto de decreto del gobierno para controlar los precios de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) cuyos topes se definen en salario mínimos legales.
Herrera le advirtió al gobierno que “el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional de generar políticas para que todos los colombianos tengan derecho a una vivienda digna”.
Las cuentas de la vivienda
Y es que, según las advertencias del gremio, el proyecto de decreto que intenta controlar los efectos del incremento del salario mínimo en un 23,7 % para 2026 tendría un efecto negativo sobre la oferta de vivienda en el país, lo que podría incentivar nuevamente el surgimiento de la construcción informal.
Los barrios informales generan pobreza e incluso infancias con bajo logro educativo. Controlar precios es distorsionar información sobre precios y riesgos
La frase del dirigente gremial estuvo acompañada durante una rueda de prensa de cálculos sobre la industria de la construcción residencial en Colombia. Por ejemplo, la mano de obra directa representa entre 25 % y 30 % del costo directo y a eso se suma la compra de insumos a 45 subsectores económicos que son intensivos en mano de obra directa con baja calificación, es decir, con pagos de salario mínimo.
El 90% de las empresas del sector son mipymes y eso va a generar inviabilidad financiera en varias de ellas
En ese sentido, Herrera agregó que “lo más grave del decreto es que los proyectos ya iniciados mantienen las condiciones anteriores y los precios no se pueden indexar”, además el régimen de transición del proyecto de decreto no es claro.
Sobre los incrementos de los topes a los precios de la vivienda VIS, Herrera explicó que con el nuevo salario mínimo, el precio máximo es de $ 236 millones a partir de 2026, pero para 2028 con aumentos anuales de 10 % en el salario mínimo, debería llegar a los $ 282 millones lo que añade presiones a las familias colombianas.
Esto, pese a que, en promedio, más de la mitad de las viviendas de estas características se venden con precios inferiores al tope y para este año ya varias constructoras han anunciado actualizaciones de valores por debajo del tope del 23 %.
