La cadena de incumplimientos que llevó al gobierno a terminar la concesión del puerto de Santa Marta

El 22 de septiembre de 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Portuaria Las Américas firmaron el contrato de concesión para el puerto de Santa Marta. Diez años después, el 02 de octubre de 2025, la misma entidad declaró la caducidad de ese contrato y ordenó a la sociedad portuaria que le pague a la Nación USD$ 13,48 millones a modo de multa por los perjuicios causados. 

El actual director de la entidad, Óscar Torres, explicó que, además, la sociedad portuaria no podrá contratar con el Estado durante los siguientes cinco años. Sin embargo, aclaró, la medida no es una sanción al Distrito de Santa Marta sino al concesionario incumplido. 

“Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”, dijo el funcionario.

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La historia del contrato

Cuando la ANI firmó la concesión con Las Américas para construir el puerto de Santa Marta, tenía el proyecto de una infraestructura públicas que habilitara el cargue y descargue de buques con productos líquidos vegetales y derivados del petróleo, lo que ayudaría a las exportaciones del país e impulsaría la generación de empleo en la región. 

Según el contrato que está publicado en el portal de Colombia Compra Eficiente, el concesionario debía invertir USD$ 6,1 millones en la construcción de un puerto marítimo en forma de T, con 187 metros de longitud y una zona marítima de uso de 71.043 metros cuadrados. 

A cambio, la Sociedad Portuaria Las Américas tendría el uso exclusivo del puerto durante 19 años para recuperar la inversión y obtener ganancias sobre la actividad comercial del puerto. 

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Sin embargo, en 2018 empezaron las modificaciones al contrato. Ese año, la ANI y el concesionario firmaron un otrosí al que le siguió otro ajuste en el contrato apenas dos años más tarde, el 13 de octubre de 2020. El primero modificó el cálculo del valor entre pesos y dólares, así como la condición de tener una interventoría en el contrato para que este pudiera iniciar realmente. 

En el segundo otrosí, se cambió la zona de impacto del proyecto y varios aspectos técnicos del mismo. Por ejemplo, se amplió la capacidad de los buques para los que estaría diseñado el puerto y, en consecuencia, la plataforma de atraque se amplió de los 187 metros iniciales a 210 metros.

Sin embargo, no se modificó el monto de inversión para el proyecto que estaba programado para iniciar operaciones en 2022, con la comercialización de derivados líquidos de petróleo. 

Y en 2022 iniciaron los procesos sancionatorios contra la sociedad portuaria por sus continuos incumplimientos al contrato y sus modificaciones. El concesionario, que durante estos años ha argumentado en su defensa que los precios de los materiales subieron más de lo previsto y además sucedió una pandemia, recibió la imposición de una multa por USD$ 199.496 a la que le siguió en 2023 otra multa por USD$ 5.645 y ahora, con la caducidad del contrato, la multa sería de USD$13,48 millones. 

Por ahora, solo las resoluciones de incumplimiento del contrato están en firme pues, como en todo proceso, el concesionario apeló la declaración de caducidad del contrato y ahora Santa Marta tendrá que esperar a que esa acción se resuelva para saber qué pasará con el proyecto de su puerto.

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