Consecuencias de lado y lado: así se mueve la balanza económica en la disputa Colombia - Ecuador
Con un bajo impacto comercial para ambos países, los gobiernos de ambos países movieron su foco de sanciones hacia el sector energético.
Al mejor estilo de Donald Trump, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una medida arancelaria para Colombia a partir de febrero. La llamó tasa de seguridad y es un impuesto de 30 % a varios productos colombianos que entran a su país. En una semana el anuncio evolucionó a medidas que afectan la economía de ambos países por la vía del sector energético.
Lo que empezó como un reclamo por las acciones de la fuerza pública en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador escaló en un día a una guerra arancelaria entre los dos países vecinos y, a punto de cumplir una semana, los ministros de Energía de lado y lado han impuesto medidas que buscan demostrar la fortaleza de cada nación y afectar las finanzas públicas de la otra para obligarle a negociar.
Choque eléctrico
El primer paso lo dio Colombia al ordenar la suspensión de ventas de energía a Ecuador, que les ayudó en un momento de sequía y apagones en el segundo semestre de 2024 gracias a un viejo acuerdo de cooperación.
Colombia vendía la energía eléctrica que le sobraba de su sistema con un valor incluso superior al del mercado local, y a cambio Ecuador aseguraba la continuidad de un servicio que depende principalmente de generación hidráulica, como la misma Colombia.
Según un reporte del Ministerio de Minas y Energía colombiano, las pérdidas para la economía ecuatoriana estarían en los USD$$ 2 millones diarios. La viceministra de Energía, Karen Schutt, explicó mediante un comunicado que “la suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los dos millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”.
En contraste, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés María Manzano, asegura que el sistema eléctrico de su país cuenta en este momento con la energía suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda energética nacional.
Incluso, la ministra ha destacado el desarrollo en los últimos años de proyectos de energía renovable no convencionales, como granjas solares, que refuerzan la capacidad del sistema eléctrico y evita que las acciones de Colombia afecten a su población.
📍[COMUNICADO OFICIAL]
— Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) January 22, 2026
A la ciudadanía⤵️ pic.twitter.com/XKACf9GZMF
Derrame de crudo
Y en los últimos días, como respuesta al movimiento colombiano, el Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano subió de USD$ 3 por barril de petróleo a USD$ 30 barril de crudo la tarifa por transportar el hidrocarburo colombiano que se produce en el sur del país mediante el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Gregorio Gandini, CEO de Gandini Analysis, explica en Minuto60 que “Colombia exportó hacia Ecuador entre enero y noviembre de 2025 alrededor de USD$ 1.600 millones en bienes manufacturados y de consumo. Si bien Ecuador no tiene un peso dominante en nuestras exportaciones, es un aliado comercial estratégico en la región en especial en términos de la venta de energía y el uso del SOTE que mueve petróleo colombiano hacia terminales de exportación”.
Esa ruta de transporte permite a tres empresas, entre ellas Ecopetrol, a llevar el crudo que extraen del Putumayo al puerto Esmeraldas, también en territorio ecuatoriano, para venderlo a los clientes en Asia Pacífico, por ejemplo China.
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La empresa que más crudo transporta por esa vía es Ecopetrol y por lo tanto es la que más afectada se vería, lo que tiene un impacto negativo sobre las cuentas nacionales.
Al aumentar la tarifa de transporte del crudo, la estatal petrolera tiene dos opciones para vender esa producción: ofrecerla a un menor precio o asumir entre sus costos buena parte del incremento tarifario y que el cliente asuma otro poco para no perder competitividad. En cualquier caso, eso significa que tendrá menos ingresos operativos o mayores gastos operativos, lo que lleva a una balanza y a unas utilidades más bajas.
En esas condiciones, el Estado se ve afectado por un menor recaudo tributario ya que a menores ingresos, menor el pago de los impuestos. Además, recibe menos dividendos de la empresa sobre la cual posee el 90 % de la participación. Las regiones también se ven afectadas por un menor recaudo de regalías por explotación de hidrocarburos.
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