Gobierno advierte consecuencias si la Corte Constitucional tumba la emergencia económica
Petro también advirtió que, si la Corte Constitucional tumba el decreto, se pondría en riesgo la estabilidad financiera del país.
El presidente Gustavo Petro reiteró que las finanzas del país enfrentarían serias dificultades si la Corte Constitucional declara inexequibles las cargas tributarias establecidas en el decreto de emergencia económica. Según el Ministerio de Hacienda, una decisión de ese tipo profundizaría el desbalance entre ingresos y gastos del Estado, comprometiendo la estabilidad fiscal.
Durante el más reciente consejo de ministros, transmitido a través de redes sociales, el Gobierno nacional defendió nuevamente la declaratoria de emergencia. En medio del rechazo expresado por un grupo de gobernadores, el mandatario insistió en que los impuestos contemplados en el decreto son fundamentales para sostener el Presupuesto General de la Nación para 2026.
Petro también advirtió que, si la Corte Constitucional tumba el decreto, se pondría en riesgo la estabilidad financiera del país, al limitar la capacidad del Estado para contener el aumento del costo de la deuda pública.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que una eventual declaratoria de inexequibilidad tendría efectos inmediatos. En ese escenario, los decretos expedidos al amparo de la emergencia económica podrían perder vigencia total o parcialmente, dejando sin sustento legal medidas tributarias, subsidios y alivios creados para atender la coyuntura. Programas diseñados con carácter urgente podrían suspenderse de un momento a otro, afectando tanto a los beneficiarios como a las entidades encargadas de su ejecución.
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Además, la caída del decreto podría generar un ambiente de incertidumbre jurídica. Empresas, inversionistas y entidades públicas quedarían sin claridad sobre la permanencia de las reglas actuales, mientras que decisiones adoptadas con base en esas normas podrían quedar en entredicho.
En materia fiscal, el impacto sería significativo. La eliminación de nuevos impuestos o la reversión de la reasignación de recursos abriría posibles huecos en las finanzas públicas, que el Gobierno tendría que cubrir por otras vías, generalmente más lentas y complejas, como los trámites en el Congreso.
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En el plano político, una decisión adversa de la Corte debilitaría el discurso de urgencia del Ejecutivo y reforzaría las críticas sobre un eventual uso excesivo de facultades extraordinarias. De acuerdo con analistas consultados por Minuto60, el fallo no solo tendría implicaciones jurídicas, sino que enviaría un mensaje político con efectos sobre la gobernabilidad y la agenda legislativa.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, también salió en defensa del decreto. El jefe de la cartera económica aseguró que, de no mantenerse la emergencia, “podrían ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, estaríamos en una situación crítica de obligaciones del Estado en esa materia”. Ávila hizo especial énfasis en el sector salud, donde explicó la necesidad de equiparar el régimen contributivo y el subsidiado, así como en la financiación de la seguridad ciudadana y el orden público.
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Desde su expedición, el decreto de emergencia económica ha sido cuestionado por diversos sectores. En la última semana, un bloque de gobernadores se negó a aplicar el IVA del 19 % a los licores, desafiando al Ejecutivo y abriendo un escenario de incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados y las posibles consecuencias legales para quienes desacaten la medida.
La controversia trascendió el debate político y llegó al ámbito judicial. El magistrado Carlos Camargo asumió el estudio del decreto y ordenó la práctica de una serie de pruebas técnicas, entre ellas la solicitud de conceptos a exministros de Hacienda, como parte del análisis que adelantará la Corte Constitucional.
